Es el segundo recurso que acepta la Comisión de Receso en contra del resolutivo del Instituto Nacional Electoral y nuevamente le ordena que siga preparando el ejercicio. “Que sea la gente la que decida, que sea el pueblo, que ya se terminen las denuncias y este tipo de acusaciones y que ya se organice la consulta”, pide López Obrador
Ciudad de México, 28 de diciembre de 2021. Las ministras integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitieron esta vez la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la revocación de mandato.
El pasado miércoles, el máximo tribunal admitió la controversia presentada por la Cámara de Diputados y concedió la suspensión del acuerdo de aplazamiento.
De acuerdo con una nota de Milenio, la Comisión concedió la medida cautelar que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) continuar preparando el posible ejercicio de consulta.
A través de la lista de notificaciones, la ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat informaron de la admisión del recurso y notificaron al INE como parte demandada y a las Cámaras de Senadores y Diputados, así como a la Fiscalía General de la República como terceros interesados.
“Vistos el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (María Estela Ríos), quien promueve controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral. Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, señalaron.
En la Corte existen otras dos controversias constitucionales relacionadas con la revocación de mandato, una promovida por INE en contra de la Cámara de Diputados en la que reclama el recorte presupuestal de casi cinco mil millones de pesos que realizaron los legisladores a su presupuesto en 2021 y que le impide realizar la consulta.
La otra controversia fue promovida por la Cámara de Diputados en contra del INE por haber decidido, en una sesión del Consejo General, aplazar la realización de la consulta hasta en tanto la Corte no resuelva si deben otorgársele más recursos.
Las ministras concedieron a la Consejería Jurídica la medida cautelar, sin embargo, oficialmente no se conocen todavía los alcances de esta debido a que no ha sido publicada la resolución.
“En cuanto a la solicitud de suspensión realizada por la promovente, fórmese el cuaderno incidental respectivo con copia certificada del escrito de demanda y sus anexos. Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo; y hágase la certificación de los días en que transcurren los plazos otorgados en el presente proveído”, se señala en la lista de acuerdos.
Fuentes judiciales del Alto Tribunal señalaron a Milenio que las ministras Ríos Farjat y Esquivel Mossa, consideraron que, de no otorgarse la suspensión, se corría el riesgo de afectar el ejercicio democrático de derechos y de validar la inaplicación de una ley cuya vigencia y constitucionalidad no ha sido analizada. Ambas ministras fueron propuestas para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
Las fuentes consultadas señalaron que la suspensión tiene los mismos efectos a las concedidas en las controversias constitucionales 209/2021, 224/2021 y 226/2021, ésta última que acaba de ser otorgada al presidente.
“La suspensión provisional devuelve el estado de las cosas a la situación en la que se encontraban antes de que el INE emitiera el acuerdo. Es decir, el INE deberá continuar preparando un posible ejercicio de revocación de mandato en lo que se acredita el respaldo ciudadano al ejercicio y/o se resuelven los recursos que se han interpuesto ante la Suprema Corte”, explicaron las fuentes.
El 17 de diciembre de este año, el Consejo General del INE determinó por mayoría (seis votos a favor y cinco en contra), como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la revocación de mandato del Presidente de la República, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al instituto para el ejercicio 2022.
El 22 de diciembre, la Comisión de Receso admitió para su estudio la controversia constitucional 224/2021 interpuesta por la Cámara de Diputados contra el Acuerdo del INE que pospone la realización del proceso de revocación de mandato y concedió como medida cautelar y provisional la suspensión del acuerdo, misma que se confirmará o se revocará cuando se resuelva el fondo del asunto.
Un día después, la comisión admitió a trámite la controversia constitucional 226/2021 promovida por el Poder Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Acuerdo del INE.
“Se concedió la suspensión solicitada en los mismos términos por los que se otorgó la medida en la controversia constitucional 224/2021”, apuntaron.
“No penalizar nada”, dice AMLO sobre la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados contra consejeros
En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su postura sobre la denuncia penal que interpuso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de los consejeros del INE que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato.
Consideró que esta polémica debe ser resuelta por el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se manifestó en contra de penalizar la actitud de los consejeros del INE porque esto puede ser utilizado como excusa para seguir demorando el proceso y no cumplir con su responsabilidad.
“Yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, no penalizar nada, yo creo que (los consejeros) cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse.
“Entonces ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás pues no lo considero conveniente.
“Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros, y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad.
Concluyó pidiendo “que sea la gente la que decida, que sea el pueblo, que ya se terminen las denuncias y este tipo de acusaciones y que ya se organice” la consulta.
El tabasqueño presumió que ya son 10 millones de firmas para apoyar la solicitud de revocación de mandato del Ejecutivo Federal.
“Se sobrepasó lo que exige la ley, ahora le toca al INE revisar que sean firmas auténticas y desecharlas, pero muchísimas, esto significa que la gente quiere participar, pero no solo en esta consulta, la gente quiere participar siempre”.
Gutiérrez Luna justifica la legalidad de la denuncia
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, defendió ayer la denuncia penal que interpuso contra los seis consejeros del INE que votaron en favor de suspender la consulta para la revocación de mandato y afirmó que sólo cumple con una “obligación legal”.
En un comunicado, subrayó que las denuncias penales se circunscriben al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual impone la obligación de denunciar la presunta comisión de delitos de los que se tenga conocimiento.
Gutiérrez Luna indicó que el cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como un acto de persecución o de intimidación.
El morenista respondió al pronunciamiento emitido el domingo por los 11 integrantes del Consejo General del INE, quienes condenaron la “persecución” penal que emprendió el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro al haber denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los consejeros que votaron a favor de aplazar el revocatorio.
El consejero del INE, Jaime Rivera, afirmó que los 11 integrantes del Consejo General del organismo autónomo “cerraron filas” y coincidieron en la necesidad de defender su autonomía.
Panistas celebran el “estate quieto” del Ejecutivo al presidente de la Cámara
Legisladores y académicos aseguraron que la denuncia presentada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra los seis consejeros electorales que votaron por suspender la consulta sobre revocación de mandato carece de sustento jurídico.
La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Kenia López, consideró una irresponsabilidad y una “subordinación brutal” al Presidente de la República la denuncia presentada por Gutiérrez Luna.
López lamentó que la necesidad del morenista de quedar bien con el Jefe del Ejecutivo federal lo lleve a cometer ese tipo de excesos.
“Qué lamentable que esta ansiedad de quedar bien con el Presidente de la República hace que el presidente de la Cámara de Diputados cometa estos excesos. Nadie lo conoce, el tema es que es una persona que quiere tener unos minutos de fama, incluso violentando la Constitución, faltándole al respeto a sus compañeros diputados, faltándole al respeto a la investidura que debe tener de manera institucional el presidente de la Cámara de Diputados”, expresó.
La senadora celebró que en la conferencia mañanera de este lunes, López Obrador asegurara que no es por la vía penal como se resolverán temas como la suspensión de la consulta.
“Qué vergüenza que hoy el Presidente de la República le dio un estate quieto, porque lo que dijo es que no es a través de la vía penal como se van a resolver estos temas”, expuso.
La legisladora dijo esperar que después del “manotazo” de esta mañana, Gutiérrez Luna deje atrás su necesidad de hacerse notar.
En tanto, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, planteó que Gutiérrez Luna cometió un “grave error” al presentar la denuncia penal.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó que en democracia las diferencias de opinión no se persiguen por la vía penal y reiteró su respaldo a las y los consejeros electorales.
En tanto, el constitucionalista Diego Valadés advirtió que la denuncia penal carece de sustento jurídico, ético y político y consideró que Gutiérrez Luna le debe una disculpa a la ciudadanía.
Texto: Agencia Reforma y Redacción
