Ciudad de México, 13 de abril de 2024. Un juez federal dio este viernes un plazo de 24 horas a la Guardia Nacional para trasladar a Jesús Murillo Karam de la Torre Médica del Penal de Tepepan a su casa de las Lomas de Chapultepec, donde continuará con sus procesos del Caso Ayotzinapa bajo prisión domiciliaria y sujeto a siete medidas de control.
La noche de este viernes sólo se esperaba ya el traslado del ex procurador a su residencia.
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) condenó el cambio de prisión por prisión domiciliaria par el ex procurador, y dijo que se envía un mensaje de impunidad a las víctimas y a la sociedad.
La Covaj dijo eeste viernes en un comunicado que con dicha determinación se atenta una vez más contra el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, toda vez que el exfuncionario ha sido señalado como uno de los principales responsables de obstruir la justicia en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como de construir la mal llamada “verdad histórica” sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, aprobó siete de las 15 restricciones que la FGR pidió imponer al ex procurador, aunque excluyó el brazalete electrónico.
A las 15:35 horas, Murillo salió en una ambulancia del centro de justicia al Penal de Tepepan, donde aguardaba a que los agentes de la Guardia Nacional lo trasladen a su domicilio, después de un año y siete meses de estar privado de su libertad en el Reclusorio Norte y distintos hospitales.
Entre las disposiciones impuestas está la vigilancia perimetral y en los accesos a su domicilio, el establecimiento de un registro para visitantes y la prohibición de comunicarse con víctimas o testigos, principalmente con Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien se dice víctima de las torturas que atribuyen a Murillo.
También le impusieron al hidalguense la entrega de su visa y pasaporte, además de que el juez avisará a la Cancillería que este salvoconducto está bajo resguardo judicial, para que no se tramite uno nuevo.
El juez instruyó además al Instituto Nacional de Migración emitir una alerta para impedir todo intento de salida del país.
Hernández Leyva dijo que autorizó estas medidas de control porque las restricciones de la prisión domiciliaria deben ser equivalentes a las de un centro de reclusión.
De las medidas propuestas por la FGR, el juez rechazó imponerle al imputado el brazalete electrónico, la obligación de reportarse cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares, tener un horario específico para visitas y prohibirles a éstas el ingreso de teléfonos y dispositivos electrónicos a su domicilio.
Descartó restringirle la comunicación por medios autorizados por la FGR; tampoco aprobó que enviara periódicamente su ubicación en tiempo real a la autoridad.
La decisión del juez fue dictada en cumplimiento al amparo que el Primer Tribunal Colegiado Penal otorgó a Murillo el pasado 4 de abril, en el que le concedió la prisión domiciliaria.
Texto: Agencia Reforma
