Iguala, Guerrero, a 28 de mayo de 2025.- A 12 años de la desaparición forzada y posterior ejecución de miembros de la organización social Unidad Popular, entre ellos su dirigente Arturo Hernández Cardona, la Red Solidaria Década contra la Impunidad informó que el caso está procesalmente listo para enviar el Informe de Fondo tanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) como al Estado mexicano.
En conferencia de prensa virtual compartida en la plataforma del Centro Nacional de Comunicación Social A. C. (Cencos), los defensores de la familia Hernández Mena y de los testigos sobrevivientes, entre ellos Héctor Arroyo Delgado que estuvo presente en la rueda de prensa, denunciaron incumplimiento del Estado mexicano en las medidas cautelares de la sentencia 185/2013, además del hostigamiento y persecución que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) han realizado contra Arroyo Delgado, quien denunció el temor de que lo quieren matar.
Este 30 de mayo se cumplen 12 años de la desaparición forzada y posterior ejecución “extrajudicial” del luchador social Arturo Hernández Cardona, quien fue localizado tres días después, el 3 de junio, en inmediaciones de la comunidad de Valerio Trujano, del municipio de Tepecoacuilco en la carretera federal México-Acapulco, tramo a Chilpancingo, junto a sus compañeros Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román, todos miembros de la Unidad Popular.
La abogada de la Red Solidaria, Le Tze Rodríguez dio lectura al comunicado oficial, en el que recordó la protesta realizada aquel 30 de mayo de 2013 por miembros de la UP en la caseta de peaje da igual para exigir fertilizante y obra pública al entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez.
Indicó que los tres activistas sobrevivientes que fueron testigos de estos hechos no han podido regresar a vivir a sus casas en Iguala “son perseguidos por personas desconocidas”, además de que no cuentan con medidas cautelares al igual que las hijas y la viuda de Hernández Cardona.
Denunció que el Estado mexicano se ha encargado de negarles las medidas cautelares a pesar de que siguen vigentes las medidas 185/2013 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales benefician a Soledad Hernández Mena, una de las tres hijas de Arturo Hernández.
Solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum otorgar de manera inmediata las medidas cautelares a los testigos sobrevivientes de la ejecución de Arturo Hernández y a su familia.
Informó que el caso ya está procesalmente listo para la CIDH en el informe de fondo, por lo que solo esperan que este informe sea enviado a la Corte Interamericana.
Por su parte, el también abogado de la Red Solidaria Ernesto Rodríguez, responsable del caso Hernández Cardona ante la CIDH, dijo que a 12 años de este hecho, el caso “avanza bien ante la CIDH por lo que creemos que muy pronto tengan noticias de que haya una resolución por parte de la Comisión Interamericana”.
Indicó que debido a los delitos de desaparición y ejecución forzada, además de tortura no prescriben y que son condenados a nivel internacional, “esperamos que la Comisión Interamericana no nos tarde en comunicar esta noticia”.
La secretaria Ejecutiva de la Red Solidaria, María Magdalena López Paulino reiteró que el caso está “procesalmente listo” para enviar el informe tanto al Estado mexicano como a la representación de la Red Solidaria; “desde aquí hacemos un llamado a la Comisión Interamericana para que ese informe ya ni siquiera lo envíe al Estado mexicano, sino que lo envíe directamente a la Corte Interamericana”.
Pide la hija de Cardona a la CIDH que envié el caso a la Corte
En su intervención, Solead Hernández pidió a la CIDH que envíe el caso de fondo a la Corte Interamericana, petición que dijo, ya es meritoria por parte de la Red Solidaria, y quienes fueron víctimas de esta averiguación previa que inició como un caso Iguala y después fue el caso Ayotzinapa.
Recordó los 92 años de sentencia que se dieron a Abarca Velázquez por el caso de su padre, y los otros 20 años de prisión por el homicidio calificado de su ex síndico, Justino Carvajal Salgado, “José Luis Abarca abusó arbitrariamente de su poder, y tenía una dificultad palpable para tener una visión política, no solo social, porque el abuso que cometió fue más allá de los hechos que ocurrieron hace 12 años”.
Mencionó que en este tiempo poco ha hablado del exgobernador Ángel Aguirre Rivero y del ex procurador de Justicia en el estado, Iñaki Blanco Cabrera, a los que agradeció “su existencia” porque fueron los que en un expediente pudieron concretar la existencia de un grupo delictivo, de quienes eran los que lo dirigían y sobre todo, meter a prisión al ex alcalde José Luis Abarca, a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y al ex secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez.
Calificó de “paradigmático” el traslado de Abarca Velázquez del penal de máxima seguridad de El Altiplano al penal federal 18 de Ramos Arizpe, en Coahuila, en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hernández Mena opinó que la situación en Iguala de hace 12 años no ha cambiado, y mencionó los casos denunciados por medios de comunicación y portales digitales de Facebook en los que informan de amenazas y persecución a periodistas por parte del alcalde Erik Catalán Rendón y su gobierno, “quien además, trae en su gabinete casi, casi el mismo que tenía José Luis Abarca Velázquez”.
Denuncia amenazas, hostigamiento y persecución uno de los sobrevivientes
El ex dirigente de la organización social Lucio Cabañas Barrientos, adherida a la Unidad Popular, Héctor Arroyo Delgado, denunció hostigamiento y persecución de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía Especial del Caso Ayotzinapa, a quienes señaló de haber irrumpido a su casa en Iguala.
Tras denunciar que las condiciones de vida en Guerrero no han cambiado desde los años 60 y 70, el luchador social desplazado recordó que en ese tiempo fueron “levantados” por el gobierno municipal mediante agentes de la Policía Municipal con miembros de la delincuencia organizada y “todo el aparato de gobierno”.
Contó que de milagro está vivo “yo creo que no me tocaba”, y dijo que desde hace 12 años no ha podido conseguir trabajo, no porque no lo haya buscado, sino porque no puede estar en un solo lugar porque debe cambiar constantemente de lugar por razones de seguridad de él y su familia, “tengo que sufrir en condiciones muy malas”.
Denunció que el año pasado presuntos agentes de la FGR irrumpieron en su casa de Iguala, porque supuestamente lo buscaron para que se presentara a declarar como testigo del caso Ayotzinapa, pero aclaró que cuando ocurrieron los hechos ya no vivía en Iguala.
Dijo que con ese argumento la Fiscalía del Caso Ayotzinapa giró una orden al coordinador de los ministeriales (sin especificar si del estado o la federación), quienes lo estuvieron buscando en Iguala, “se metieron a mi casa, rompieron las chapas (de las puertas) y simularon un robo, pero no fue un robo porque no se llevaron más que lo que estaba al alcance y revolvieron la ropa que tenía ahí, o sea que simularon un robo, y pienso que me iban a matar porque en ese tiempo habían sentenciado a José Luis Abarca (a 92 años de cárcel)”.
Consideró que en la apelación de la sentencia de 92 años de prisión lo querían sacar o reducir su sentencia, “pero como no fue así pues estaban enojados y yo pienso que mandaron a que me mataran porque no hay otra situación”, dijo, y contó que sus vecinos los vieron y tuvieron que huir porque recibieron amenazas.
Pidió al estado mexicano y a la presidenta Claudia Sheinbaum que cesen el hostigamiento y las amenazas “ya que nos dejen en paz, nosotros no le hemos hecho a nadie más que luchar por la gente humilde; que le diga al Fiscal de la República que ya se aplaque”.
A pregunta si ha habido acercamiento con el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar este caso, la representante de la Red Solidaria María Magdalena López Paulino, afirmó que no lo ha habido y por el contrario, ha incumplido con las medidas de seguridad.
“No, no ha habido ningún acercamiento con el actual gobierno, incluso están incumpliendo con las medidas cautelares, entonces no hay ningún acercamiento tampoco vemos que el estado mexicano tenga esa sensibilidad con las víctimas”.
Texto: Alejandro Guerrero / Foto: Fotograma de la conferencia
