Durante tres años “las instituciones jugaron con nosotros”, declaran tras la difusión de las grabaciones de la Semar en el basurero de Cocula. Dio instrucción de investigar a los jefes de la Marina, dice AMLO. Asegura que todos los implicados en el operativo que se muestra en el video ya declararon ante la FGR. Agentes de inteligencia militar y civil seguían a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, se indica en el tercer informe del GIEI
Ciudad de México, 30 de marzo de 2022. Tras la publicación del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, padres de los 43 desaparecidos aseguraron que están “enojados, cansados y encabronados” por la falta de claridad en el actual gobierno, que también los ha engañado.
“Durante tres años nos vieron las caras, las instituciones jugaron con nosotros” declaró Mario, padre de uno de los desaparecidos, que recordó que incluso funcionarios públicos hicieron que los padres se tomaran una fotografía con el secretario de Defensa Nacional y atestiguaron la firma de un decreto presidencial para el otorgamiento de información.
Mario aseguró que la información que dio a conocer el GIEI este lunes, tuvo que ser entregada en su momento. Señaló que la presente administración prometió llegar a la verdad del caso, pero considera que el presidente tiene la voluntad de hacerlo pero que “sus instituciones no le hacen caso”.
Durante el mensaje de las familias de Ayotzinapa sobre el tercer informe del GIEI, llevado a cabo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en la Ciudad de México los padres señalaron que, para ellos, lo justo es conocer el paradero de sus hijos y que la única forma de que se les repare el daño es mediante la verdad, justicia y la localización de sus hijos.
Emiliano, otro de los padres, señaló que al ver el video que se incluye en el informe, se “llenaba de coraje” debido a que vio que con maldad el gobierno federal manipuló la información. “Mirar ese video me llenaba de coraje, la sangre se calentaba; mirar con qué tanta maldad el Gobierno federal manipula un lugar para después presentarlo, cómo es posible”, dijo.
Y añadió que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no es tan nuevo. “Creo que a lo mejor debería dejar un poco las mañaneras y abocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo, sí da coraje”, comentó.
Exhortó a la presente administración que el ex presidente Enrique Peña Nieto sea llamado a declarar y que también sea investigado sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Indicó que la lucha de los padres es hasta conocer la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014.
Cristina, madre de uno de los desaparecidos, pidió de manera directa al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se retomen las reuniones con su persona que se hacían todos los meses. Señaló que no saben si el mandatario se encuentra “enojado” pues desde septiembre del 2021 no se han reunido con él.
El abogado y representante de los padres de familia de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, criticó que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha tardado un año en la traducción de documentos claves para la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón.
En noviembre de 2021, Rosales declaró a El Sur, que 2022 era un año clave para conocer lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, y en el mensaje de los padres indicó que esperan que en lo restante de este sexenio, se pueda esclarecer. Añadió que están claros que es un tema que no puede pasar de este sexenio pues se complicarían muchas cosas.
El abogado aceptó y confirmó que existe voluntad por parte del Ejecutivo federal, pero que a su parecer existe una falla estructural en las instituciones obligadas a brindar información y por eso no se tienen avances sustanciales.
Ante la pregunta expresa de las actividades del ex gobernador Ángel Aguirre en la asociación de ex gobernadores y su actuar público, Vidulfo Rosales sugirió que las autoridades estatales y funcionarios que están relacionados en el caso, tengan “prudencia política” pues dijo que se “pasean por todos lados” como si no hubiera nada.
Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, puso en duda el actuar de las fuerzas armadas en el país y sobre a quien le responden realmente. Señaló que esto es preocupante debido a una importante muestra de militarización dentro del país.
Puntualizó que entre la información que no fue otorgada a los padres de familia, se encuentran los originales de transcripciones de llamadas telefónicas entre involucrados con la desaparición de los estudiantes. Añadió que han visto obstáculos de las Fuerzas Armadas como de la FGR.
Dio instrucción de investigar a los jefes de la Marina por el basurero de Cocula, dice AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mandos de la Secretaría de Marina ya declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras la revelación de un video que muestra que marinos habrían manipulado basurero de Cocula.
“Ese video de la Marina me lo mostraron y se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya declararon ante la Fiscalía”, indicó en conferencia mañanera.
“Todos los que participaron, sobre todo el responsable del operativo, no puedo decir más, sólo que está abierta la investigación y que tenemos el compromiso con los padres y madres de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes”.
El mandatario aseguró que la investigación sigue abierta y que el Ejército también ha colaborado.
“Está abierta la investigación y es un compromiso que tenemos el dar a conocer lo que sucedió, esta comisión de expertos presentó su informe, antes lo hicieron conmigo, me mostraron toda la información que tenían y se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más”, apuntó.
“Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición, esa es la instrucción y se está cumpliendo (…) se está entregando toda la información, se han abierto los archivos y no se oculta absolutamente nada”.
De acuerdo con un nuevo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un video hasta ahora desconocido muestra una actuación que no está registrada en la investigación del caso Ayotzinapa, en la que elementos de la Marina manipularon el basurero de Cocula antes de las primeras diligencias oficiales y el mismo día en que comenzó a tejerse la “verdad histórica”.
El documento, presentado en la Secretaría de Gobernación, contiene el análisis de las imágenes captadas el 27 de octubre de 2014 por un dron de la Marina, ANX 3501, que de acuerdo con fuentes consultadas sólo entra en operación con la autorización del secretario de Marina, del jefe de inteligencia naval o del presidente de la República.
Rafael Ojeda fue mando naval en Guerrero de 2013 a 2015
El actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, fue el comandante de la Octava Región Naval de 2013 a 2015, que abarca Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que presuntamente estaría enterado de la manipulación de los elementos navales al basurero de Cocula, antes de las primeras diligencias oficiales en el lugar donde supuestamente fueron incinerados los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
En una entrevista en Milenio Televisión, el integrante del GIEI, Francisco Cox, explicó que según la información oficial entregada al grupo de expertos que investigan el caso Ayotzinapa, la grabación de las actividades en el basurero de Cocula fue hecha por el aparato de inteligencia de la Marina, y no depende del mando territorial de la Semar; sólo puede ser ordenada por el jefe de inteligencia, el secretario de Marina o el presidente de la República.
La presencia de navales en ese sitio se reportó el 27 de octubre de 2014, el mismo día en que se comenzó a tejer la “verdad histórica”, reveló el nuevo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Ojeda Durán fue comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco -que agrupa a la Décimo Segunda Zona Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca y la Décimo Cuarta Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, en el Estado de Chiapas- desde junio de 2013, casi al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el reglamento de deberes de la Marina, los comandantes de Región, Zona y Sector Naval deben responder ante el Alto Mando en la planeación, conducción y coordinación estratégica de las operaciones navales que se desarrollen en su jurisdicción.
Antes, de enero a mayo de 2013, Ojeda fue director general de Recursos Humanos en la Oficialía Mayor de la Marina, entonces encabezada por Vidal Francisco Soberón Sanz.
Agentes de inteligencia militar y civil seguían a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala: GIEI
El 26 y 27 de septiembre de 2014, autoridades militares y civiles tenían en marcha dos operaciones de inteligencia, una para monitorear los movimientos del crimen organizado en Iguala, y otra para las actividades de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que preparaban la movilización del 2 de octubre en la Ciudad de México, señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en una de las conclusiones de su tercer informe de labores.
Sin embargo, advirtió que los seguimientos de los informes a los que tuvo acceso, cesaron justo en el momento de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal, a pesar de que los militares tenían comunicaciones telefónicas intervenidas en tiempo real, que pudieron guiar la búsqueda de los detenidos desaparecidos el mismo 26 de septiembre.
Subrayan que autoridades militares y de inteligencia conocían el accionar de Guerreros Unidos, de la siembra de amapola y la fabricación de heroína, así como su trasiego en autobuses de pasajeros hacia Estados Unidos, por ello, instauraron de 2013 a 2018 el Centro Regional de Inteligencia Centro Iguala, para “atender la problemática de inseguridad generada por la presencia de grupos delictivos”.
También se establecieron procedimientos de coordinación de los tres niveles de gobierno, y en septiembre de 2014 el Operativo Guerrero Seguro tenía mil 522 hombres, que daban seguimiento de las actividades del crimen organizado en tiempo real. Ahí estaban incluidos efectivos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, que operaron el Centro de Comunicación, Control y Comando (C-4) la noche de los ataques y la desaparición de 43 normalistas.
Por otro lado, confirmó que los informes reservados de la Secretaría de la Defensa Nacional, dan cuenta de diez años anteriores a la movilización de 2014, de seguimiento continuo de las movilizaciones de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Asimismo, el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), que observaba a los estudiantes, describe sus reivindicaciones de plazas o transparencia en el uso de recursos; movilizaciones y toma de buses para las marchas; conflictos con las autoridades policiales y algunos hechos de violencia específicos como asesinatos, detenciones o desalojos; incluyendo igualmente reportes de discusiones en asambleas y relación con otras organizaciones.
También la Policía Federal y Estatal tiene reportes de boteo y toma camiones de los estudiantes, en tiempo real, especialmente de septiembre de 2014.
En este monitoreo a los normalistas rurales, el GIEI destacó un oficio fechado el 22 de septiembre de 2014, donde la Comandancia de la 35 Zona Militar a “la superioridad” informa que los normalistas iban a retener aproximadamente 15 camiones para trasladarse a la Ciudad de México, al aniversario de los hechos Tlatelolco, y ordenó “a todos los batallones del estado”, seguir las actividades de los normalistas.
En escritos donde pidió al 50, 27, 34, 41 y 93 batallones de Infantería mantenerse al pendiente de las actividades e informar oportunamente de la salida de la escuela de contingentes de estudiantes o de otras organizaciones, mencionan “al menos tres agentes de inteligencia de Sedena activos en la Normal Rural y en Tixtla, la localidad donde ésta se encuentra, señalados abiertamente en los documentos como “fachada”.
El grupo llamó la atención al detalle de los informes de la noche de los ataques en tiempo real, previo a los momentos más críticos de los hechos, la detención de los desaparecidos
“Supieron de las circunstancias de su llegada (de los estudiantes) a las afueras de la ciudad a tomar buses, y de cómo un grupo ingresó a Iguala para devolverse con el bus y quedó encerrado en el mismo. Supieron y reportaron en documentos que el resto de los jóvenes que había quedado fuera esperando, llegaron a la central camionera y se llevaron tres buses.
Conocieron su intento de salida de la ciudad. Y todos sabían, a través de OBIS que reportaban directamente desde el lugar de los hechos y del C-4, que un número grande de jóvenes había sido detenido de forma violenta en medio de disparos o agresiones físicas en los dos escenarios del Palacio de Justicia y de la calle Juan N. Álvarez, por varias policías municipales con un enorme despliegue de vehículos de distintas corporaciones y policías vestidos de negro en el caso del Palacio de Justicia”.
Incluso, en el contenido de interceptación de comunicaciones a la delincuencia organizada, subraya que las autoridades militares tuvieron información de los hechos de violencia que estaban ocurriendo en Iguala, antes y durante los sucesos, que podría haber guiado la búsqueda de los estudiantes detenidos desaparecidos el mismo 26 de septiembre.
Denunciaron que esta información, nunca fue brindada a las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación y se negó su existencia hasta recientemente.
El Ejército tampoco informó ni ha compartido plenamente con el GIEI, los procesos disciplinarios adelantados, en contra de sus integrantes, ni sus investigaciones por los sucesos del 26 y 27 de septiembre,
Por ejemplo, descubrieron que se sancionó con arresto a dos de sus integrantes del 27 batallón por omitir información de su presencia esa noche en Barandillas de la Policía Municipal, en busca de una motocicleta de un elemento de tropa, “habida cuenta de la importancia de dicho lugar como posible destino temporal de jóvenes desaparecidos”.
Aunque la Sedena negó haber hecho una investigación adelantada, el GIEI encontró documentos de la Policía Militar Ministerial, entrevistados en una investigación relacionada con los hechos.
Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela, Agencia Reforma y Lourdes Chávez / Foto: Cuartoscuro
