Argumentan que no hay vínculos civiles o matrimoniales entre el agresor y la víctima, y muchos de esos casos derivan en feminicidios, denuncia Marina Reyna Aguilar, de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Chilpancingo, Guerrero, 15 de febrero de 2020. Integrantes de organizaciones feministas denunciaron que los ministerios públicos de agencias especializadas en Violencia Familiar de Chilpancingo se niegan a abrir carpetas de investigación en casos de agresiones contra mujeres, argumentando que no hay vínculos civiles o lazos matrimoniales entre el agresor y la víctima, y así evitan que queden registrados y sus estadísticas se incrementen.
En conferencia de prensa, las activistas señalaron también que en lo que va del año han ocurrido 16 feminicidios, tres de ellos en Acapulco, dos en Chilpancingo y dos en Huitzuco. Le siguen Alpoyeca, Atlixtac, Cochoapa, Cocula, Cuajinicuilapa, Taxco y La Unión.
La presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, pidió al gobierno del estado que se deje de simular la atención a las mujeres víctimas de violencia y que tomen medidas urgentes porque los funcionarios en las agencias del Ministerio Público están evadiendo su responsabilidad de procurar justicia por violencia de género, y que precisamente muchos de estos casos son los que terminan en feminicidios.
Y recordó que Guerrero tienen declarada la alerta por Violencia de Género desde hace dos años para nueve municipios , por lo que el estado y la federación tendrían que realizar acciones urgentes que protejan y garanticen los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, dijo que las acciones y medidas que se tendrían que realizar ya están determinadas y se sabe que hacer, pero no se aplican.
“Es necesario ya que actúen, no podemos seguir teniendo pasividad de las autoridades” porque dijo que eso en el país representa “diez vidas diarias” de mujeres que son asesinadas principalmente a manos de sus parejas.
Marina Reyna dijo que la violencia contra las mujeres no se detiene “está aumentando, se está recrudeciendo, se está expandiendo en el estado”, y contrario a lo que oficialmente se informa, dijo que no se están realizando acciones de prevención y solo se atienden algunos casos de violencia pero “no se está previniendo ni se está haciendo nada con los agresores”, afirmó que todas las supuestas acciones, capacitaciones y trabajos son simulación de las autoridades y no se evaluan los resultados de estos.
Por su parte María Luisa Vargas Marín dijo que la violencia institucional se ha recrudecido ya que “las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar se niegan a iniciar las carpetas de investigación para las mujeres que han sido violentadas por sus parejas o sus ex parejas, argumentando que para esto requieren tener un vínculo matrimonial cuando en ninguna ley ni código establece eso”.
En ese sentido denunció que esas agencias no están cumpliendo con el papel para el que fueron creadas, “se están negando a iniciar carpetas de investigación”, lo que consideró que es una revictimización de las mujeres.
Vargas Marín afirmó que esas irregularidades las conoce el fiscal general Jorge Zuriel de los Santos Barrilla incluso al secretario general de gobierno Florencio Salazar Adame “pareciera que hay una instrucción desde la fiscalía para que esto esté sucediendo, esto fomenta la impunidad, la violencia feminicida”.
En ese sentido Marina Reyna Aguilar dijo que hay muchos obstáculos para que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, desde la resistencia para iniciar las carpetas de investigación, además de que cuando las víctimas acuden a ratificar su denuncia las tratan de persuadir para que no lo hagan, pero después también hay resistencias para que los casos sean judicializados.
Y que a pesar de que han presentado quejas contra los Ministerios Públicos por obstaculizar sus denuncias, afirmaron que no han sido sancionados y solo los cambian de agencia dentro o fuera de la ciudad.
Otra de las activistas, Olimpia Jaimes López lamentó “la andanada federal” para hacer retroceder los logros legales de las mujeres contra la violencia de género, en referencia a la propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de equiparar el feminicidio con el homicidio doloso aunque después se retractó.
“Sin embargo, queda en la idea porque esa es también una pedagogía de la violencia contra las mujeres, es decir cuando el fiscal General de la República está diciendo que el feminicidio es muy difícil de comprobar, todos los demás fiscales en los estados dicen `ya ven como tenía razón, no a amerita un tipo penal especifico para eso´, la violencia contra las mujeres tiene características especiales”.
Las activistas también reclamaron que no han encontrado eco en las diputadas locales para atender diferentes temas, y que tampoco hay iniciativa por su parte “están más preocupadas por el proceso electoral”.
Texto: Rosalba Ramírez / Foto: Jessica Torres Barrera
