Revelaciones en la sesión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Ciudad de México, 29 de febrero de 2020. Ex funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) narraron la reticencia y las prácticas que Rosario Robles y sus funcionarios cercanos implementaron para ocultar información relacionada con la Estafa Maestra.
Durante la sesión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para desahogar testimoniales del juicio político en contra de la ex funcionaria federal, aseguraron que ella sabía de los desvíos de recursos públicos y del modus operandi implementados por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) para llevar a cabo éstos.
Lo anterior, indicaron, porque ella misma solicitó reuniones con los auditores. No obstante, se negó a acudir a las instalaciones del organismo para entregar la información requerida, las dependencias a su cargo siempre entregaron la misma información para tratar de solventar las irregularidades documentadas e incluso se negaron a recibir los oficios enviados por el órgano fiscalizador.
Muna Dora Buchahin, ex Directora de Auditoría Forense de la ASF, relató que las primeras auditorías por la llamada Estafa Maestra comenzaron en 2013 y se extendieron al menos hasta 2016.
Desde el principio, indicó quien fue despedida luego de documentar dicho esquema, hubo resistencia y ocultamiento de información por parte de las dependencias entonces a cargo de Robles.
“En efecto, era muy difícil que entregaran toda la información, porque desde el principio había mucha resistencia y había ocultamiento”, informó.
La ex auditora detalló que otro común denominador de los funcionarios relacionados con la Estafa Maestra fue la creación de documentos para simular la entrega-recepción de los servicios y bienes contratados a través de convenios entre Sedesol o Sedatu y universidades públicas, así como impedirles la entrada a bodegas de proveedores y de la dependencia para verificar el resguardo de las adquisiciones y negarse a colaborar en la localización de los proveedores vinculados a los convenios.
“El modus operandi consistía en la simulación de servicios para pagarlos, se pagaban y se integraban todos los papeles documentables que podrían soportar esos egresos, pero en la realidad no existía eso, lo documentamos con testimonios de los beneficiarios, con testimonios de los propios funcionarios y fue recurrente año con año”, afirmó.
Dijo que esto lo determinaron a través de entrevistas a Rectores, funcionarios involucrados en los contratos y beneficiarios, así como con inspecciones y verificaciones físicas.
“Un documento puede ser fabricado con esa intención (simular servicios), pero abajo debe haber soporte documental, justificativo y toda la aclaración que permita documentar que el servicio llegó, porque si no se hace hay una simulación de servicios y las personas que participaron en ello confesaron, dieron su testimonial y eso es indubitable”, afirmó.
El ex Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, indicó que la dependencia a su cargo hizo del conocimiento de Robles todos los hallazgos de las revisiones, e incluso le explicó a través de un mapa el modus operandi que configuró la Estafa Maestra.
“Personalmente, le mostré el modus operandi a través de unos mapas del dinero que llega de la Secretaría de Hacienda a la Sedatu, cómo lo distribuyeron a universidades y otros muchos, cómo se perdió el dinero. Ella lo sabía”, reiteró.
A pregunta expresa de los abogados de la ex funcionaria federal, Portal recordó que Robles envió una camioneta con 65 cajas de documentos. Rechazó que la ASF se negara a recibir éstas, y argumentó que le solicitaron resguardar las cajas para su revisión posterior.
El ex Auditor dijo que los documentos contenidos en dichas cajas eran basura, como toda la documentación que habían entregado para solventar las observaciones de la ASF.
“En reunión con la señora (Robles) y el Oficial Mayor (Emilio Zebadúa) que le manejaba todo, el Oficial Mayor me informó que ya estaba afuera la comprobación en un camión con 65 cajas, era basura, fotocopias que no tenían relación con los pagos”, indicó.
El desahogo de testimonio continúa con el de Enrique González Tiburcio, ex Subsecretario de Ordenamiento Territorial, quien se negó a dar su testimonio bajo protesta de decir la verdad, debido a que se encuentra bajo un proceso penal ligado a la Estafa Maestra.
Rosario Robles acudirá a la Cámara de Diputados si se avala su juicio político
Si la Sección Instructora de la Cámara de Diputados avala la procedencia del juicio político en contra de Rosario Robles, la ex funcionaria federal deberá presentarse en San Lázaro el próximo 19 de marzo.
Bajo esa hipótesis, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos obliga a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a presentarse junto con sus abogados a la sesión solemne en la que la Cámara baja se erigirá como órgano de acusación en su caso.
Robles deberá presentarse previa autorización del juez, la cual será solicitada por la Mesa Directiva, toda vez que se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla.
Tendrá que acudir custodiada por personal penitenciario, que no podrá portar armas al interior del recinto legislativo.
La ex funcionaria federal incluso podrá tomar la palabra para defenderse de las acusaciones en su contra y estar presente cuando hable la parte acusadora, es decir, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, y el diputado del PAN, Luis Alberto Villarreal.
La hija de Rosario Robles denuncia escarnio de diputados contra la ex funcionaria
La hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, acusó que el proceso iniciado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para someter a juicio político a la ex funcionaria tiene como objetivo el escarnio contra su madre.
“Sin duda (el objetivo es el escarnio), a mi mamá se le juzga por quien es, no por los hechos que se le imputan; está señalada por omisión, delito que no es considerado como grave, que no ha sido probado y una situación que tenía que estar enfrentando en libertad”, denunció.
En entrevista en San Lázaro, en donde la Sección Instructora llevará a cabo este viernes el desahogo de testimonios, Moguel dijo que un juicio político tiene dos fines: la inhabilitación o la separación del cargo, los cuales ya eran una realidad cuando la dicha instancia inicio el proceso en contra de la ex Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
“Es un juicio político evidentemente sin materia, todos sabemos que un juicio político sólo te puede llevar a dos fines: la inhabilitación o la separación del cargo del funcionario, cuando este proceso empieza, pues Rosario, mi mamá, ya estaba separada y, de igual manera, estaba inhabilitada del cargo. Entre muchos otros aspectos no se nos ha permitido tener conocimiento de mucha información”, reprochó.
Alberto Javier Sánchez Rojas, abogado de Robles, indicó que el proceso llevado a cabo por la Cámara de Diputados es violatorio de los derechos humanos y coloca a la defensa en posición de desventaja.
El abogado llamó a la Sección Instructora a respetar los derechos humanos de Robles, a que el procedimiento para determinar el juicio político en su contra se lleve a cabo bajo el principio del debido proceso y a que se le faciliten a la defensa la posibilidad de hacer su trabajo de manera adecuada.
Ex Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu promueve amparo contra Sección Instructora
Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu, promovió un amparo que impugna el citatorio girado por la Cámara de Diputados para que comparezca como testigo en el juicio político contra su ex jefa, Rosario Robles Berlanga.
Zebadúa es una de las 23 personas citadas el pasado 25 de febrero por la Sección Instructora de la Cámara, que tramita el juicio político contra la ex titular de Sedesol y de la Sedatu, presa desde agosto pasado por supuesto desvío de 5 mil 73 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
Agustín Tello, juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, pidió a Zebadúa aclaraciones a su demanda antes de admitirla a trámite.
Sin embargo, el juez concedió una suspensión para evitar el posible arresto administrativo del ex funcionario, que es una de las medidas de apremio que podría imponerle la Sección Instructora para forzar su comparecencia.
Por regla general, las resoluciones del Congreso durante un juicio político no pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial mediante amparo, pero dicha improcedencia no está tan clara tratándose de actos intraprocesales como un citatorio.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Twitter
