Maltrato en las instituciones que debían proteger a mujeres indígenas
Lourdes Chávez
Pese a los esfuerzos de las mujeres para acceder a la justicia y a los programas integrales contra la violencia de género, feministas y organizaciones de derechos humanos han denunciado resultados adversos, donde algunas víctimas sólo con el respaldo de activistas y movimientos sociales, tratan por sus propios medios de romper el círculo de muerte.
Sin embargo, la mayor parte de las mujeres agraviadas regresan a sus hogares con su agresor, porque no recibieron garantías de respeto a su derecho a una vida libre de violencia, señaló la defensora de mujeres indígenas, Hermelinda Tiburcio Cayetano, en una entrevista publicada este sábado en estas páginas.
Con 20 años de trabajo comunitario en la zona mixteca de Guerrero, Hermelinda Tiburcio denunció que no conoce un caso exitoso de atención a las víctimas, en particular de los últimos diez años de la publicación la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
Para mostrar el fracaso de las instituciones dedicadas a contrarrestar la violencia hacia las mujeres, que en lugar de brindar ayuda, violentan sus derechos, presentó tres casos documentados por la organización K´inal Antzetik, la organización que preside. Este es el primero de ellos.
Texto: Lourdes Chávez
Foto: Jesús Eduardo Guerrero (En la imagen, Juliana Corona)
Chilpancingo, Guerrero. – Con 19 años de edad y una bebé en brazos, Juliana Coronado Baltazar salió de su comunidad, el pueblo amuzgo de Zacualpan, del municipio de Ometepec, buscando ayuda institucional. En octubre de 2016, madre e hija entraron al Refugio para Mujeres en Situaciones de Violencia Extrema, en Acapulco, donde recibió amenazas y humillaciones.
El Refugio de Acapulco depende de la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado.
“Me dijeron ‘ahí vas a estar bien, no te va a faltar comida, al salir vas a tener un trabajo, seguro social para llevar a la niña a una estancia infantil, vas a tener apoyo para madres solteras’, pero el refugio fue como un anexo”, dijo en referencia a los centros de rehabilitación contra las adicciones donde se somete la dignidad de los internos.
Estuvo diez meses en aislamiento, siete en el refugio y tres trabajando como intendente en departamentos de la zona residencial del puerto, por 150 pesos al día, con lo que pagaba renta de habitación, alimentos y todas necesidades de la bebé, ahora de un año de edad.
El 14 de noviembre, presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) por violencia institucional contra autoridades que debieron velar por su integridad física y emocional. Aclaró que no sólo es ella, están también dos mujeres maltratadas que fueron expulsadas del centro con sus hijos, durante el periodo que estuvo en aislamiento.
De los talleres y las terapias de ayuda que se espera en el tratamiento integral para mujeres que han sufrido violencia, aclaró que la psicóloga que le asignaron no tenía tiempo para hablar con las víctimas, se reunieron en algunas ocasiones, pero la mayor parte del tiempo se dedicaba a realizar actividades de la directora del refugio, Carmen Torreblanca Palacios.
Recordó que al salir de la comunidad, tenía la intención de exigir que el padre de su hija la reconociera, le diera su apellido y una pensión alimenticia, pues se desentendió pronto de sus responsabilidades, y por recomendación de su asesora legal, Maribel de la Cruz, renunció al procedimiento legal.
Explicó que llevaba a la niña a trabajar con ella, en una ocasión la dejó dormida en una habitación, para ir al piso contiguo a continuar la limpieza, cuando a la distancia la vio caminar hacia una ventana abierta.
Abriendo mucho sus ojos negros, dijo como reviviendo aquellos momentos desesperación, “¡no le hablé, nomás corrí por ella!”.
Luego, para evitar más riesgos, comenzó a amarrarla a los muebles, y vinieron las recriminaciones por su conducta de las personas alrededor suyo “me decían, ‘también eso es violencia’, (pero) ¿qué más podía hacer?”.
La menor no tenía acta de nacimiento, y su representante legal le planteó renunciar a la querella por el apellido y la pensión alimenticia. La registró como madre soltera para acceder a una estancia de Sedesol. Firmó un escrito donde renunció a la denuncia argumentando el bienestar de la niña, y se quedó con la idea entonces de que ya no había nada qué hacer.
Reconoció que era muy difícil cuidar sola a la bebé, y llamó a su hermana, la única de quien conservaba un número de celular.
No lo hizo antes porque pensó que su tía, que la animó a salir de su pueblo para buscar ayuda, le quería dar un escarmiento. Sin embargo, su familiar y conocidos ya habían pedido información de su paradero en la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, la instancia de la Secretaría de la Mujer que sirvió de enlace con el refugio.
La joven madre supo tiempo después que la procuradora de la Mujer entonces, Indalecia Pacheco León, no atendió las solicitudes de información de su familia, que el 17 de octubre de 2017 entregaron en la Semujer para pedir una entrevista personal con la refugiada.
Antes, sólo les dijeron que toda la información del refugio era confidencial, que no podían ir a las instalaciones, pero aseguraron que la mujer y su hija estaba bien atendidas, no obstante que para esa fecha Juliana había salido del refugio debido al maltrato de la directora, y hacía labores de limpieza en casas particulares.
Originaria de una comunidad rural, donde prevalece la cultura patriarcal, Juliana admitió que ocultó a su familia su embarazo durante siete meses, “como con la ropa no se nota”, dijo en la entrevista, levantando un poco la tela de encaje de su huipil adornado con listones paralelos, vestimenta tradicional del pueblo amuzgo, que sigue usando en la capital, donde encontró otro refugio con activistas sociales. Bajo la blusa, se distingue la enagua amplia con pliegues continuos, sostenida al hombro con tirantes que adornan con delicado diseño prehispánico.
Al nacimiento de la niña, el llanto de la bebé y los gastos de manutención irritaron más a su padre, de por sí molesto con el embarazo fuera del matrimonio. “Mi papá me decía cosas, no me tronaba los dedos, ni golpeaba la mesas, no me bajaba la autoestima”, dijo comparando el trato en su hogar, con el que recibió en el refugio.
Denunció que a gritos, Torreblanca Palacio le reprochaba constantemente su situación de madre soltera, “me lo recordaba haciéndome sentir mal, me dijo muchísimas cosas. Cuando me llamó que subiera a la dirección, ‘porque andan en chismes’ decía, por eso tus padres no te quieren, ustedes nunca van a cambiar”.
De la situación en el refugio, que debería funcionar como centro de atención integral, reveló que todo comenzó el 29 de abril, con el cambio de la directora (que les dio trato denigrante), que llevó a un familiar suyo como chofer, porque el anterior se retiró poco después de que se dio el remplazo en la dirección.
Aclaró que antes había poca comida, pero tras el relevo, el nuevo chofer acosó a las refugiadas, abusando de la vulnerabilidad en que se encuentran. Margarita Cortés Barajas, originaria de Chiapas, con tres hijos, fue expulsada del refugio y obligada a firmar el acta de salida “por voluntad propia” porque la encontraron hablando por celular con este empleado.
La acusaron de transgredir el reglamento porque los teléfonos celulares están prohibidos para las internas, y por tener relaciones con los trabajadores.
Entonces, cuatro de las diez mujeres en el refugio, entre ellas Juliana, intentaron abogar por su compañera con la directora, “su situación era muy triste: no tenía familia, dinero ni lugar donde alojarse con sus niños, el mayor de 9 años”.
En la dirección, en lugar de argumentos recibieron insultos, “(la directora) golpeó la mesa, nos insultó, me dio mucho miedo, íbamos por apoyo”. A los tres días, otra mujer fue despedida del lugar.
El resto, fueron obligadas a firmar un nuevo reglamento, con la amenaza de que serían expulsadas si no estaban de acuerdo. Entre otros puntos, decía que debían permanecer en las villas (dormitorios), y no podían reunirse a conversar en grupo, “se irían si seguían en chismes”.
Detalló que la casa es grande, con jardines, una alberca (aunque sin agua), y en los dormitorios tenían aire acondicionado. Por eso la directora llevaba a sus familiares a comer ahí hasta vaciar la bodega, sin mediar las reglas de secrecía que se imponen a funcionarios y víctimas.
Tal vez para mantener a las mujeres sojuzgadas y justificar la pobreza de la comida, de forma déspota decía, “gracias a mí comen, que la comida la compraba de su bolsa” porque supuestamente tampoco había presupuesto para comida.
Reconoció que muchas veces los trabajadores llevaron comida de sus casa para compartir con las residentes. De tres alimentos al día, el desayuno y merienda eran, por lo general, te con galletas, y una ración pequeña de comida al medio día, como calabazas. Hubo días en que no hubo nada que llevarse a la boca, y Lorena Nepomuceno, embarazada, lloraba de hambre. Así que por las noches, salían a cortar mangos al jardín, para mitigar su hambre.
Cuando se acababa el agua de garrafón, constantemente, hervían agua de la llave para su consumo, sobre todo para la preparación de la leche de las mamilas de los infantes. Aseguró que las mujeres y los niños perdían sus citas de consulta en los centros de salud, porque el vehículo del albergue no era para el traslado de las internas, sólo para el uso particular de la funcionaria.
Incluso, denunció que Torreblanca Palacio se llevó a su casa una lavadora que acababa de llegar al refugio para el servicio de las residentes, además de un cañón proyector y una televisión. Sobre esto, alardeaba ante empleados y refugiadas, que nadie podía removerla, por su amistad con Merce, la esposa del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Por su cuenta, solicitó a las trabajadoras sociales que expusieran en las oficinas de Chilpancingo la situación del albergue. Entendió que sí lo hicieron, porque un día llegó la procuradora de la Mujer, Indalecia Pacheco, a hablar con la directora, y ofreció a las refugiadas resolver este problema.
No funcionó. Aseguró que Torreblanca Palacios continuó tratándolas igual. En una visita de la asistente de la secretaria de la Mujer, Rosa Inés García de la O, Patricia Cabañas con una asistente, les dio personalmente su queja, y ellas ofrecieron hablar con su superior, pero no tuvieron respuesta.
Recordó que la trabajadora social le decía que podía conseguirle un empleo con seguridad social, por sus estudios de bachillerato, para llevar a la niña a una estancia infantil, pero la situación era más tensa y el 10 de junio de 2017, solicitó su salida del refugio de manera voluntaria junto con Ana Saldaña Aurelio, que llevaba consigo cinco hijos. Aceptó el empleo en intendencia.
Añadió que la trabajadora social, Deyanira Chávez, les consiguió un cuarto en renta para las dos mujeres y sus hijos, y que Juliana estuviera en condiciones de continuar la demanda civil contra el padre de su hija, un conductor del transporte público en su comunidad.
“Me fue difícil, en cuanto la niña se vio grave, ya no pude darle seguimiento a la demanda y me vi en la necesidad de retirarla, porque la abogada me dijo que no tenía recurso, que ella tomaba de su bolsa para no perder mi audiencia. De ella recibí apoyo moral y económico cuando mi hija estuvo internada.
Su compañera de cuarto regresó a su pueblo en la montaña alta de Guerrero, y ella sin más apoyo, buscó a su familia el 20 de octubre de 2017.
Por medio de la organización Kinal Antzetik, que lidera Hermelinda Tiburcio Cayetano, Juliana solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ayuda para presentar una queja por violencia institucional contra los funcionarios públicos que obstaculizaron y violentaron sus derechos, en el refugio para mujeres en situaciones de violencia extrema, y asesoría para reanudar la denuncia en el MP para que el padre de la hija de Juliana reconozca la paternidad, y aporte la pensión que corresponde a la niña.
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