En conversatorio, señalan además que no hay un refugio para quienes son violentadas, por lo que la mayoría se resguarda con sus familiares
Chilpancingo, Guerrero, 13 de agosto de 2020. En el segundo Conversatorio regional en línea Por una vida libre de violencia para las mujeres y niñas de la Montaña, activistas feministas evidenciaron que falta capacitación de funcionarios municipales para atender las violencias de género que aumentan cada año en la región, y se agudizan por las condiciones de obliga la pandemia por Covid-19.
Denunciaron también que en 17 de 19 municipios de la Montaña se instalaron sistemas municipales para atender prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, pero no se establecimiento mecanismos de continuidad o seguimiento de sus acciones.
Cuestionaron particularmente la omisión de ayuntamiento de Copanatoyac, uno de los municipios sin sistema municipal de violencias, ni instancia de la Mujer, porque ahí ocurrió el feminicidio de la maestra Maricela Arce Campos, que autoridades judiciales trataron de clasificar como suicidio, en 2016, pero la intervención de defensoras de derechos humanos obligó la corrección del delito, aunque el agresor sigue libre.
El segundo municipio sin sistema municipal de violencias es Acatepec.
Pese a las deficiencias de los servicios de atención y acceso a la justicia que se detallaron en varias exposiciones, se informó que el Centro Ciudad de las Mujeres, donde las trabajadores no perciben salarios desde el año pasado, se canalizó a una persona a un Refugio Estatal de Mujeres víctimas de violencia extrema, fuera de la región.
Advirtieron que en la Montaña no hay un refugio para mujeres violentadas, y en casos de violencia, la mayoría se resguarda con sus familiares.
De una en una, representantes de organizaciones civiles, de derechos derechos humanos y académicas, reseñaron incumplimientos de los autoridades de las leyes que establecen la obligación de garantizar los derechos de las mujeres.
La feminista Rosa María Gómez, una de las protomoras de esta iniciativa, informó que los datos reunidos en este y otros conservatorios regionales, serán tema para que la cátedra UNESCO de la UNAM que elabora el informe sombra de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés), para la evaluación del país.
Explicó también que con este ejercicio regional, que comenzó en Acapulco la semana pasada, las organizaciones de la sociedad civil permite hacer un balance sobre la atención de la alerta de violencia feminicida en nueve municipios, que incluye Tlapa en la región Montaña, y que deberían asumir todos los ayuntamientos del estado.
Por Mujeres de Tlapa, Erika Jazmín Garrido Lara presentó los registros de observatorios ciudadanos de muertes dolosas con presunción de feminicidio por municipio región Montaña.
Indicó que Tlapa, sexto lugar de violencia feminicida, no es el único de la región con asesinatos de mujeres. En 2018, 15 municipios que no están alertados, tuvieron de uno a cuatro casos registrados.
De la asociación Redefine Guerrero, Soledad Ureiro Bruno, investigó el funcionamiento de los Sistemas Municipales para Atender, Prevenir y Sancionar la violencia contra las Mujeres en la región. Encontró que sólo en Tlapa hay algunas acciones, como la capacitación a funcionarios sobre el mecanismo, por una asociación civil.
Sin embargo, manifestó su preocupación porque en ningún caso hay información pertinente para el seguimiento de las acciones del sistema o de la ruta de cumplimiento de las leyes que garantizar los derecho de las mujeres.
Sólo supo que de 19 ayuntamientos en la Montaña, dos no instalaron sus sistemas porque no tienen instancias de la mujer. Del resto tampoco saben si funcionan bien, ni la Secretaría de la Mujer dispone de información la mano.
La activista Blanca Azucena Naranjos Candia, se dio a la tarea de indagar el seguimiento al mecanismo de AVG en Tlapa, y se entrevistó vía telefónica con el alcalde Dionisio Merced Pichardo.
Resultado de ello, indicó que el presidente señaló entre las acciones de la AVG, la instalación de alumbrado público, patrullajes y monitores por radio.
Aunque se tienen un instituto de la Mujer, no hay presupuesto fijo para la oficina ni para la AVG. Justificó que no cuentan con información estadística de las violencias en el municipio, porque allí llegan mujeres de toda región a buscar apoyo o a presentar denuncias.
Además, mencionó las palabras de presidente sobre los asesinatos de mujeres, que no todas las muertes son feminicidios, “a los mejor es homicidio porque es pareja de un narcotraficante”, evidencian su falta de capacitación en la materia.
Asimismo, Denis Cancino Castro confirmó que los titulares no acuden a las capacitaciones de temas de género en los ayuntamientos, “por eso las actuaciones misóginas, tampoco hay adecuada canalización de las víctimas, que conduce a la revictimización de las mujeres”.
Lamentó que en las sindicaturas de los ayuntamientos de la Montaña, siguen llamando a la conciliación de una víctima con su agresor, en lugar de garantizar los derechos de las mujeres.
Denunció que la síndica municipal de Tlapa incluso hace oración en estas conciliaciones con las parejas “para pedir a Dios que nos repitan las conductas (agresivas)”.
Recordó que la legislación local señala la creación de refugios para mujeres en la región mayoritariamente indígena, y no existen por falta de voluntad política.
Para confirmar el desinterés de las autoridades municipales, señaló que si los alcaldes entendieran y se preocuparan por los temas de las mujeres, harían pronunciamientos en los asuntos de la agenda estatal que involucra a las mujeres, como la legislación de la violencia política o la segunda declaratoria de alerta de violencia de genero por agravio comparado, que se declaró este año incumplimiento de la Norma 046, en el tema de aborto por violación.
La académica Jaquelín Balbuena Ramírez, planteó reformas a la legislatura para que se otorguen más participación de las asociaciones civiles en la información y colaboración con las acciones del municipio, y que los gobiernos busquen estrategias de comunicación no sólo con las organizaciones sociales, sino con las mujeres en general, sobre todo en las comunidades rurales en esta nueva normalidad.
“Ya no podemos podemos permitir que las autoridades sobre todo los hombres sigan diciendo a las organizaciones ‘hagan porque yo no tengo dinero’”
Yuridia Melchor de Mujeres de Tlapa y ex diputada, aclaró que hay leyes estatales sólidas que no sirven en la práctica, cuando persiste el desinterés de los gobernantes.
De Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Erika Candia, se refirió al Centro Ciudad Mujeres, constituido en el sexenio pasado en Tlapa, a partir de las sentencias de la Corte Interamericana en favor de las guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo, que ahora está en la incertidumbre jurídica por que las Secretarias de Desarrollo urbano y de Bienestar no decidido quién lo va a absorber. Sigue operando con trabajadores que dejaron de recibir su salario desde el año pasado.
Aclaró el funcionamiento y operatividad del centro es responsabilidad del Estado, mientras no lo reconozca dentro del aparato gubernamental también violenta derechos de las mujeres, y convenios y tratados internacionales tal como lo dice la CEDAW.
Del Centro Ciudad de Mujeres, la doctora Eréndira González, aseguró que aún con la pandemia, continúa laborado el modulo de atencion a mujeres víctimas de violencia, y la semana pasada llevamos a albergar al Refugio para Mujeres Víctimas de violencia Extrema a una usuaria, a través del Centro de Justicia.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo
