Se quejan de que no recibieron ninguna respuesta de parte de Astudillo. Les dijo que la FGE, el TSJ, los abogados y la defensa están haciendo su trabajo y que tienen que esperar. Anuncian que continuarán las movilizaciones hasta su excarcelación.
Chilpancingo / Iguala, Guerrero, 9 de enero de 2019. Familiares de las víctimas del enfrentamiento ocurrido el 7 de enero en La Concepción, municipio de Acapulco, que simpatizan con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), se reunieron la tarde noche de ayer con el gobernador Héctor Astudillo Flores a quien le exigieron justicia, y la libertad de los presos políticos, entre ellos los miembros del Cecop y su dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz, pero no recibieron respuesta.
Los familiares fueron acompañados por integrantes del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado del organismo, Vidulfo Rosales Sierra, así como el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Al mediodía, unos 20 miembros del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, tomaron durante dos horas la caseta de peaje de Paso Morelos, de la Autopista del Sol en el municipio de Huitzuco, donde dieron vía libre y pidieron cooperación a los automovilistas.
A su vez, por la noche, el Centro Tlachinollan, denunció mediante un boletín que a un año de las detenciones del dirigente del Cecop Suástegui Muñoz y 16 de sus compañeros, las autoridades del Estado se empecinan en mantenerlos presos y exigió que las autoridades garanticen un debido proceso legal y que dejen de criminalizar al movimiento del Cecop.
Los familiares de las cinco víctimas del Cecop y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), durante el enfrentamiento la mañana del 7 de enero del año pasado en la Concepción, se reunieron de las 5 a las de la tarde a las 7 de la noche en Casa Guerrero con el gobernador.
Estuvieron también, el delegado único del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto López Celis; el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y Neftalí Hernández Granados, representante del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
En conferencia de prensa afuera de Casa Guerrero al salir de la reunión, el ex preso y promotor de la Policía Comunitaria de la CRAC en Ayutla, Arturo Campos Herrera, informó que le pidieron al gobernador la libertad de los presos políticos, que en total suman 24, entre ellos los del Cecop y su dirigente Marco Antonio Suástegui. Además, del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo y el desplazado de la Laguna, preso en Coyuca de Catalán, Gildardo Díaz Pérez.
Asimismo, exigieron justicia en el caso de los cinco asesinados el 7 de enero del 2018 durante el enfrentamiento. Ese día murieron también seis del grupo adversario al CECOP y a la CRAC.
Sin embargo, los familiares de las víctimas, denunciaron que no recibieron ninguna respuesta del gobernador.
La viuda de uno de los muertos hace un año, declaró que Astudillo Flores solamente les dijo que la FGE, el TSJ, los abogados y la defensa están haciendo su trabajo y que tienen que esperar.
“No hubo ningún acuerdo, no hubo ninguna respuesta concreta por parte de él, y al no haber tenido respuesta, nosotros vamos a seguir con nuestro movimiento por la exigencia de la libertad de los presos políticos y por justicia para nuestras víctimas”, advirtió.
Campos Herrera advirtió que no recibieron la respuesta que esperaban del gobernador y que van a informar y consultar a sus bases “para determinar lo que sigue porque al no haber recibido una postura clara del gobernador no podemos llegar a sentarnos, nuestra lucha va a seguir”.
Declaró que no están pidiendo nada irregular, “porque ya los abogados presentaron las pruebas suficientes que demuestran que nuestros compañeros son inocentes y que los delitos de los que los están acusando fueron fabricados”.
La esposa de un detenido también se quejó: “no vimos ninguna voluntad política por parte del gobernador, venimos a pedir la libertad de nuestros detenidos porque son inocentes y ahora nos toca seguir con nuestras manifestaciones exigiendo la libertad y justicia por los asesinados”.
En la conferencia de prensa se explicó que los familiares de las víctimas y detenidos, así como el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos les corresponde seguir por la ruta política para exigir justicia y la libertad de los presos en tanto que los abogados de Tlachinollan seguirán la ruta jurídica para liberar a los presos.
“Confiamos en Tlachinollan que así va a hacer, que van a demostrar que son inocentes y que pronto van a salir libres, con elementos jurídicos y pruebas de que son inocentes”, expresó el familiar de un detenido.
Dijo que están seguros y convencidos de que los muertos y los detenidos lo son por defender sus tierras y por dar seguridad a su pueblo, “esos son los delitos que cometieron”, expresó.
La mayoría de ellos evitaron dar sus nombres debido a que denunciaron que sigue el hostigamiento en la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Arturo Campos denunció que el lunes entraron nuevamente policías estatales y paramilitares que instalaron retenes en los que les pidieron sus datos y les tomaron fotos a quienes fueron para participar en las actividades por el primer aniversario de la masacre.
El ex preso exigió al gobernador que ordene la salida de los policías y los paramilitares de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Toman caseta en Paso Morelos
Al mediodía, unos 20 miembros del Movimiento por la Libertad de los presos políticos del estado de Guerrero tomaron durante dos horas la caseta de peaje de Paso Morelos, de la Autopista del Sol en el municipio de Huitzuco, donde dieron vía libre y pidieron cooperación a los automovilistas.
Reportes de fuentes de la policía federal indicaron que los activistas cubiertos del rostro llegaron a bordo de dos vehículos particulares a las 12:40 de la tarde y tomaron el control de las cabinas de cobro y levantaron las plumas de metal para dar paso a los automovilistas, a quienes les piden una cooperación económica.
En una manta que colocaron se leía: “Presos políticos de la CRAC-PC y CECOP, libertad ya”.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Rederal para iniciar un diálogo con los manifestantes y sólo se mantuvieron observantes a distancia.
Se dio a conocer que a las 2:30 de la tarde los manifestantes concluyeron con su movimiento y se retiraron a bordo de los vehículos en los que llegaron con dirección a Chilpancingo.
A su vez, Tlachinollan, en un boletín de prensa enviado por la noche denunció que aun año de las detenciones del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz y 16 de sus compañeros, las autoridades del estado “se empecinan a mantenerlos privados de su libertad”.
El 7 de enero de 2018 en la comunidad de la Concepción, municipio de Acapulco, fue escenario de un episodio donde murieron seis personas del grupo del comisario municipal y tres elementos de la policía comunitaria, en el marco de la celebración de la fiesta patronal.
Ante estos hechos de violencia, el gobierno del estado implementó un operativo de 200 policías estatales y ministeriales, quienes llegaron a la población para someter a los miembros de la policía comunitaria.
Para Tlachinollan, esta acción fue “desproporcionada y letal, porque además de desarmar a los policías a tres de ellos les dieron el tiro de gracia”.
En ese operativo fue detenido y torturado Marco Antonio Suástegui.
El organismo dijo que “de manera arbitraria, fue esposado y trasladado al puerto de Acapulco”.
Añadió que los policías realizaron cateos ilegales y que a varios de los 37 simpatizantes del CEecop que fueron detenidos los sacaron de sus domicilios y llevados en camionetas a la Fiscalía del puerto de Acapulco.
“Fueron acusadas por narcomenudeo sin que se lograra probar de manera fehaciente su responsabilidad, en este proceso no se les garantizó una defensa adecuada y se trató de una argucia jurídica para ganar tiempo y mantenerlos detenidos, mientras se habría otra carpeta de investigación sobre el delito de homicidio”, denunció.
Dijo que actualmente la Fiscalía ha basado sus señalamientos en testimonios fabricados y en pruebas periciales sin sustento científico señalando como principal responsable de los hechos a Marco Antonio Suástegui.
Agregó que a pesar haber demostrado que varias de las personas detenidas no se encontraban en el lugar de los hechos y que varios de ellos fueron torturados, la autoridad judicial se ha negado a valorar en su justa dimensión las pruebas, y testimonios de los acusados, así como investigar los hechos de tortura y graves violaciones a derechos humanos cometidas.
Denunció que los hechos forman parte de una disputa intracomunitaria “que fue atizada por el gobierno federal y estatal al querer imponer la empresa hidroeléctrica la Parota, este megaproyecto que fue truncado por la oposición tenaz del Cecop ha dejado una estela de agravios contra las familias pobres que siguen siendo excluidas del presupuesto público”.
Tlachinollan añadió que como organizaciones sociales y civiles “exigimos que las autoridades garanticen un debido proceso legal y que dejen de criminalizar al movimiento del Cecop”.
Añadió que es necesario que los juzgadores actúen con imparcialidad y objetividad a la hora emitir una resolución sobre los hechos y que se garantice una investigación exhaustiva sobre los actos de tortura señalados por más de 8 personas y las tres ejecuciones extrajudiciales, retomando los protocolos e instrumentos internacionales en la materia.
Asimismo, emplazó al Estado y a la federación “para que el discurso en contra de las personas defensoras cambie”, que cese la persecución contra las personas defensoras del territorio y ponga en libertad a los 16 presos del Cecop.
Texto: Zacarías Cervantes y Alejandro Guerrero / Foto: El Sur
