En San Diego se dio a conocer que el gobierno ha entregado a más de mil 800 niños que fueron separados en la frontera con México, pero mantiene en la incertidumbre a otros cientos cuyo futuro no queda resuelto en el plazo dado por un juez. Human Rights Watch (HRW) documenta el calvario y la desesperación de las familias centroamericanas.
Texto y foto: EFE
Washington, 27 de julio de 2018. Las familias de inmigrantes indocumentados que han sido separadas en la frontera entre México y Estados Unidos por la política de “tolerancia cero” del gobierno estadunidense están viviendo semanas de “agonía y desesperación”, denunció la noche de este jueves la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe.
Para su análisis, HRW entrevistó a más de diez padres y niños en la frontera y en Honduras, que han descrito semanas “de agonía y desesperación”, mientras están separados de sus seres queridos.
Los padres lamentaron que no pueden hablar con sus hijos a menos que puedan costearse las llamadas telefónicas para charlar brevemente con ellos, un hecho que ya denunciaron este lunes 145 legisladores demócratas.
Los congresistas exigieron al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que deje de cobrar a los padres inmigrantes retenidos en centros de detención hasta 8 dólares por llamada telefónica para hablar con sus hijos.
De acuerdo a los hallazgos de HRW, en algunos casos, los padres pasaron varias semanas sin saber dónde estaban sus hijos, mientras que en otros casos los progenitores fueron deportados solos sin información sobre los menores, que permanecieron en Estados Unidos.
Algunos explicaron, además, que los funcionarios de inmigración los indujeron a renunciar a sus derechos, incluso a buscar asilo, diciéndoles que era “la única forma o la más rápida” de reunirse con sus hijos.
“Pablo Z.”, que solicitó ser identificado con este seudónimo y que fue deportado solo a Honduras sin su hijo de 4 años, relató a HRW que no pudo comunicarse con el niño durante dos semanas después de que fueran separados.
Una semana después de su deportación, finalmente “Pablo Z.” pudo contactar con su hijo, que le dijo que no quería hablar con él porque piensa que su padre lo dejó ahí.
“Cuando dijo esto, me hizo llorar. No puedo hablar, solo quiero verlo y abrazarlo”, añadió.
Otra de las personas que entrevistó HRW, en este caso un niño de 11 años, se quejó de que puede hablar con su padre por un tiempo “muy breve, hasta que la llamada se corta porque se queda sin dinero”.
“Tengo tanto miedo de que lo deporten y me quede aquí solo”, indicó el niño.
Respecto a la fecha límite para reunir a los menores de edad entre 5 y 17 años con sus padres, HRW consideró que la administración de Trump “probablemente no cumplirá” con la orden.
Demócratas denuncian que la separación
familiar continúa en los centros de detención
En Washington, un grupo de congresistas demócratas denunció que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa separando familias dentro de los centros de detención de inmigrantes y alertó de los “procesamientos judiciales masivos” a los que se enfrentan sin garantías al debido proceso.
Liderados por las congresistas demócratas Pramila Jayapal y Lucille Roybal-Allard, los legisladores viajaron la semana pasada a las localidades texanas de Brownsville y McAllen, para ver de primera mano las condiciones en las que se encuentran los pequeños y sus familias.
La noche de este jueves, coincidiendo con el límite establecido por una corte federal para que el Gobierno reúna a los más de 2 mil 500 menores separados de sus padres por las autoridades, los demócratas aseguraron que la Administración continúa separando a los niños de sus progenitores dentro de las propias instalaciones de reclusión.
“Lo que vimos fue absolutamente espeluznante”, dijo en una rueda de prensa en Washington Jayapal, quien relató que tuvieron la oportunidad de hablar con madres “encerradas en celdas” que solo pueden ver a sus hijos durante una hora al día.
“Las familias están todavía siendo separadas, los niños menores de 10 años están separados totalmente de sus padres en otra área”, afirmó Jayapal.
Por otra parte, se quejó también de que los procesos judiciales a los que son sometidos los indocumentados se producen de forma masiva, y destacó que llegaron a presenciar una audiencia con hasta 70 inmigrantes procesados a la vez.
“Eso no encaja en nuestra democracia”, reiteró la congresista, en alusión a las escasas garantías procesales que tienen estos inmigrantes al no poder contar con audiencias individuales y preparación legal para solicitar el estatus de asilo.
Roybal-Allard insistió por su parte en que esta situación se trata de cómo definir a Estados Unidos como país, y consideró que es difícil de asumir que una política así esté teniendo lugar en suelo estadounidense.
La legisladora por California opinó que “la política de tolerancia cero” sobre inmigración que ha impulsado Trump ha sido ejecutada de una forma “totalmente incompetente” como demuestra, a su juicio, el hecho de que no se lleve a cabo ningún tipo de seguimiento sobre adónde habían sido enviados los inmigrantes, separados en la frontera.
“Para cualquiera que haya viajado a cualquiera de estos centros de detención, es difícil de creer que estén en Estados Unidos. (…) La Administración Trump no solo ha separado a estas familias, sino que las separaciones se han hecho de forma tan incompetente que no han hecho seguimiento de adónde enviaban a los padres y sus hijos”, lamentó.
“No tienen absolutamente ningún plan sobre cómo reunir a estas familias”, puntualizó.
La congresista se preguntó sobre cuánto tiempo tendrán que esperar esas familias para volver a ser reunidas, ya que nadie, ni siquiera las autoridades, sabe cuándo y cómo podrán concretarse.
“Hemos visto de primera mano el dolor y la pena de estos niños y sus padres. (…) En un centro escuchamos a mujeres que fueron separadas de sus hijos sin ningún aviso, y fueron amenazadas con no verlos de nuevo si hacían algo al respecto”, narró Roybal-Allard.
El gobierno inició el pasado mes de abril las polémicas medidas de “tolerancia cero” contra la inmigración, que han apartado a cerca de 3 mil menores de edad de sus padres, aunque esta política fue finalmente suspendida a mediados de junio por las enormes críticas recibidas.
El juez Dana Sabraw, con jurisdicción en San Diego, ordenó posteriormente la reunificación de la totalidad de esos menores que fueron alejados de sus familias tras cruzar la frontera con México.
El magistrado dio de plazo hasta hoy para que el Gobierno entregue a sus padres indocumentados a más de 2 mil 500 menores de entre 5 y 18 años, aunque los abogados de la Administración Trump han dicho que sólo mil 634 son elegibles para ello.
El Ejecutivo ya incumplió el plazo que el juez Sabraw dictaminó para los menores de 5 años, ya que de los 103 separados en el linde fronterizo, solo 58 han sido reunificados con su familia.
El gobierno de Trump vuelve a fallar en el
plazo para reunificar a las familias migrantes
En San Diego, California, se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos ha entregado con padres, familiares o allegados a más de mil 800 niños que fueron separados en la frontera con México, pero mantiene en la incertidumbre a otros cientos cuyo futuro no queda resuelto en el plazo dado por un juez.
A través de un documento remitido el jueves a una corte federal de San Diego, California, los abogados del Departamento de Justicia informaron que mil 442 menores indocumentados entre 5 y 18 años han sido devueltos con sus padres, los cuales se hallan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Otros 378 han sido liberados en “circunstancias apropiadas”, según consta en el documento judicial, y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia de ICE o a algún otro familiar, lo que eleva la cifra a mil 820 menores reunidos.
Ese total, no obstante, es inferior a los 2 mil 551 menores mayores de 5 años que según una orden del juez Dana Sabraw tenían que haber sido devueltos con sus padres antes de que finalice este jueves, tras ser separados de sus familias a consecuencia de la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal.
El gobierno había señalado con anterioridad que solo mil 634 menores eran “elegibles” para la reagrupación ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades migratorias por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“El plan de reunificación presentado a la corte está avanzando, y se espera que resulte en la reunificación de todos los miembros de la demanda colectiva que son elegibles para reunificación”, se lee en el escrito de hoy.
Los abogados de ACLU, sin embargo, han criticado el tono triunfalista que se desprende del informe del Gobierno.
“Claramente no se conseguirá una reunificación total, solo pedimos que sea lo más rápido posible y de forma transparente. Nuestro objetivo es que todos los niños vuelvan con sus familias”, señaló el subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gerlent, en una rueda de prensa previa a la entrega del escrito.
La organización insistió que las autoridades federales entreguen el listado de las familias reunificadas para garantizar la asesoría en el proceso migratorio.
“Las familias no han tenido la oportunidad de decidir qué hacer con su futuro, si continúan con el largo proceso de petición de asilo, que harán con los niños en caso de que no puedan seguir juntos, es algo muy difícil de decidir cuando llevan separados varios meses”, comentó el abogado.
En el documento, el Gobierno cifró en 711 el número de menores que no son elegibles de reunificación, entre los cuales figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado a ese beneficio.
“La administración de Trump está tratando de barrerlos bajo la alfombra al elegir unilateralmente quien es elegible para reunificación. Continuaremos responsabilizando al Gobierno y reuniremos a estas familias”, declaró Gelernt.
La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), señaló hoy en un comunicado que han presentado declaraciones juradas a la corte en las que indican que “se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión”.
AILA pide que se libere a “las víctimas de esta estrategia de separación familiar” a fin de darles la oportunidad de asistencia legal, además de que sean regresados a EU los padres deportados para reunirse con sus hijos y sus casos “sean revisados por un juez justo e imparcial”.
Organizaciones como la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, o la bipartidista FWD.us, sumaron hoy sus críticas por el “fracaso” del Gobierno en cumplir con el plazo dado por la corte y demandaron que todas las familias separadas sean reunidas.
ACLU ha pedido a su vez otra lista de los 431 padres que no están en el país, ya sea porque fueron deportados o salieron voluntariamente sin sus hijos, para estudiar la opción más viable de reunificación, si bien la labor no será sencilla como adelantó Gelernt.
Sabraw, que esta semana calificó de “logro notable” el proceso de reunificación emprendido por la Administración, ha citado el viernes al Gobierno y a los demandantes.
Entre los temas sobre los que el magistrado deberá decidir está el pedido de ACLU de otorgar un plazo de siete días a los padres después de la reunificación, para que decidan si inician un largo y complicado proceso migratorio para quedarse en el país o regresan a sus países de origen.
El gobierno por lo pronto se ha negado a esta petición bajo el argumento de se generarían problemas de espacio en sus centros de detención y crearía “ineficiencias” en el sistema.
Sabraw tendría que fijar además las bases para la reunificación de familias que hasta ahora no son consideradas elegibles.
