Presenta su tercer anexo sobre la guerra sucia. Aún no se sabe dónde están los desaparecidos, pero sí sabemos quiénes fueron los perpetradores, afirma Nicomedes Fuentes. Pilar Noriega plantea que la más completa verdad histórica pasa por conocer a las personas que intervinieron
Acapulco, Guerrero, 8 de septiembre de 2023. Ex integrantes de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) presentaron el tercer anexo de su informe final, que esboza el perfil de más de 300 participantes en desapariciones forzadas de la guerra suciaArturo Acosta Chaparro, como el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa y el jefe de la Policía Judicial del estado en su gobierno, Arturo Acosta Chaparro.
Aún no se sabe dónde están los desaparecidos, pero sí sabemos quiénes fueron los perpetradores, destacó el ex comisionado Nicomedes Fuentes, y su colega Pilar Noriega planteó que la más completa verdad histórica posible pasa por conocer quiénes fueron las personas que participaron en las desapariciones forzadas.
Unos 30 familiares de desaparecidos, de distintas comunidades de Atoyac, asistieron este jueves a la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Nicomedes Fuentes recordó que los planes del Ejército, en la guerra sucia, fueron de “tierra arrasada, de llegar a los pueblos, de llevarse a las familias, a los hombres, a las mujeres, no necesariamente que estaban participando en la guerrilla, eran personas que estaban ubicadas ahí: eran trabajadores, ciudadanos de bien, pacíficos y muchos de ellos están desaparecidos todavía y todavía no sabemos dónde están, pero sí sabemos quiénes fueron” los perpetradores.
Pidió al gobierno federal “que no se tarde mucho y que de preferencia, de una vez por todas resuelva las demandas que tienen las víctimas de la llamada guerra sucia. Son: verdad, justicia, reparación integral del daño, medidas de no repetición y rescate de la memoria histórica”.
La ex comisionada Pilar Noriega informó que “de la Femospp (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) a la Comverdad ya había restricción, pero además, sobre todo, (documentos) que, o desaparecieron o no dieron acceso”.
Indicó que “la verdad exige la determinación de la más completa verdad histórica posible y la más completa verdad histórica posible pasa por conocer quiénes fueron las personas que participaron en las desapariciones forzadas, nuevamente, por eso la importancia de este archivo”.
Vía Zoom, el comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de la Coveh, Abel Barrera, criticó que el lunes pasado se inscribieron en letras doradas en el Congreso local: “2023, año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Qué triste que se hagan estos eventos fastuosos y se ignore a las víctimas”.
“¿Por qué no pensar en que se ponga en letras doradas los nombres de los caídos de la guerra sucia?”, preguntó y aseguró que las autoridades actuales “se vanaglorian con los perpetradores”, lo cual es una “mala señal en nuestro estado”.
Propuso que el Congreso local “invite a los compañeros y compañeras de la Comverdad para decir, ‘vengan y expongan este informe, de cómo se vivió esta situación y cómo diputadas y diputados asumimos este informe, lo abrazamos, es parte de nuestra agenda legislativa’”.
El comisionado del MEH reiteró la denuncia de que no les han entregado la información completa en la Comisión Nacional de Inteligencia (CNI) y aseguró que “se está encubriendo al Ejército y es algo que sí nos preocupa mucho, porque entonces no podemos avanzar con las fuentes que hay históricas sobre lo que sucedió en aquellos años”.
La coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de Artículo 19, Jessica Alcázar, explicó que el anexo 3 es un compilado de más de 300 personas, desde presidentes, agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y funcionarios de bajo nivel.
La integrante de Artículo 19 dijo que “es muy triste que en Guerrero vas caminando y encuentras nombres de personas perpetradoras o personas presuntamente responsables de estas desapariciones. No deberíamos de tener ninguna calle que se llame Rubén Figueroa Figueroa, ninguna escuela, y algunos otros nombres que siguen estando en nuestra vida común”.
“O si los vamos a tener, los vamos a tener como lo que fueron, personas responsables de estas desapariciones forzadas”, propuso y agregó que las calles deberían llamarse de las “personas que fueron violentadas por construir un país distinto que todavía, desgraciadamente, no podemos acceder, pero que es antecedente de esa lucha de resistencia”.
De los asistentes, participó la profesora de la UAG, Anita Estrada, hermana de los desaparecidos Teresa Estrada y Domingo Estrada, quien reconoció el trabajo de la Comverdad, pero dijo que “mis expectativas se vieron frustradas, porque en este gobierno no hay nada, nada de información”.
Opinó que la reparación de daños “sería por lo menos la información, en qué estado, dónde están sus familiares desaparecidos. ¿Qué otra reparación del daño? Yo siempre he pensado, el daño está hecho y no hay nada material que pueda reparar”. Su hijo y fotoperiodista, Raúl Sendic García Estrada, también habló de la violencia de Estado que ha sufrido su familia y él mismo cuando fue niño.
Rodrigo Ramírez Wences, hijo del estudiante desaparecido de la Preparatoria 7, Rodrigo Ramírez García, dijo: “Tenemos claro, desde el primer día en que desapareció nuestro familiar, que no buscamos la compensación ni la reparación del daño, porque no hay ninguna cantidad de dinero que pueda reparar la pérdida de una vida”.
También participaron familiares de desaparecidos de Atoyac, como el pariente de Fermín Barrientos Reyes, quien planteó que esta víctima no está registrada como tal en instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al igual que otros desaparecidos. También asistieron el cronista Víctor Cardona y otros activistas.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Carlos Carbajal
