Es un compromiso, señala la nueva secretaria de Gobernación, esclarecer lo que pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014, que dio origen a la desaparición de 43 estudiantes. No habrá trampas ni obstáculos, señala el Presidente.
Ciudad de México, 3 de diciembre de 2018. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la mañana de este lunes –al filo de las 10:30 horas– el decreto para crear la Comisión de la Verdad del caso Iguala, cuyo fin hacer justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinpa.
El Mandatario firmó el Decreto para el Acceso a la verdad en el Caso Ayotzinapa acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, y ante padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace más de cuatro años.
También atestiguaron, los secretarios de Defensa Nacional, Luis Sandoval González, y Marina, Rafael Ojeda Durán, así como Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El decreto establece que todos los órganos del gobierno deberán colaborar para que se llegue al esclarecimiento del caso, más allá de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía). La comisión de la verdad será una institución de carácter político más que penal.
Antes de firmar el decreto, López Obrador advirtió que el caso Ayotzina es un caso de Estado en el que no habrá impunidad, como no la habrá en ningún otro en su administración —que empezó el pasado sábado 1 de diciembre.
“Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo López Obrador. “Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplirles nuestra palabra”.
“Nos hemos propuesto —advirtió— acabar con la corrupción y la impunidad. (…) No le debo nada a ningún grupo de interés”.
Y señaló en ese contexto que la comisión —que encabezará Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación— tendrá amplias facultades y garantizará protección a testigos para que den a conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos y hacer justicia.
Llegar a la verdad y hacer justicia, indicó, no debilita a las instituciones. Por el contrario, las fortalece. La verdad es revolucionaria y cristiana. La mentira, reaccionaria y demonio. La verdad estará por encima de todo.
El decreto, el primero que firma como presidente constitucional López Obrador, compromete la palabra del nuevo gobierno —según los señalamientos de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero— para encontrar la verdad y castigar a los culpables, que éstos respondan a la justicia.
Es un compromiso, dijo, es esclarecer lo que pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014 y que dio origen a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Mientras el Mandatario signaba el documento, los padres de los estudiantes, como es su costumbre, contaron hasta el número 43 y al finalizar gritaron “¡Justicia!”.
En su mensaje, la secretaria Sánchez Cordero sostuvo que con la firma de este su primer decreto como Presidente de la República, López Obrador cumple su palabra de llegar a la verdad de lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 y hacer justicia.
Encinas, quien estará a cargo de la conformación de la comisión, aseguró que el grupo autónomo e interdisciplinario trabajará sobre lo ya investigado.
La firma de este decreto, aseguró, es una señal muy clara al país, a los familiares de la víctimas, de que se va a trabajar por hacer justicia y conocer la verdad.
Es el inicio, dijo, de una política de Estado que coloca en el centro a las víctimas y fortalecerá a las instituciones en lugar de debilitarlas.
En su primera conferencia como Presidente de la República, a las 07:00 horas, López Obrador había señalado que él no será cómplice del caso, que no habrá encubrimiento para nadie y que habrá la garantía y las condiciones para investigar todo el caso.
No se ocultará, señaló, información del caso —la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de iguala y a los que el gobierno del ahora expresidente Enrique Peña Nieto dio por muerto, incinerados en un basurero de Cocula.
Pese a las investigaciones que se llevaron a cabo, nunca se dio con el paradero de los jóvenes -salvo el hallazgo de un hueso calcinado de uno de ellos- ni se esclarecieron los motivos por los que fueron atacados.
Los padres siempre acusaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de obstaculizar el acceso a la verdad. Unas 120 personas fueron detenidas, entre ellas el ex alcalde de Iguala, pero no hay ningún sentenciado.
“Vamos a conocer la verdad de lo que sucedió en Iguala hace cuatro años para así hacer Justicia”, dijo Sánchez Cordero, en la ceremonia. Y afirmó que la comisión tendrá todos los recursos técnicos y presupuestales necesarios a su alcance.
En la comisión participarán los familiares de los jóvenes o sus representantes, tres representantes del gobierno (las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Hacienda) y los especialistas que se requieran para lograr el cometido de llegar a la verdad y garantizar Justicia.
“Con este decreto el presidente de la República honra su compromiso con los padres de los estudiantes normalistas y con la sociedad en general”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Esta es una señal muy clara a todo el país”, señaló. “Para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir”. En México hay más de 35 mil personas desaparecidas.
Texto: Redacción / DPA / Agencia Reforma / Foto: Fotograma
