Tras diálogo con representantes y comisarios, se compromete el gobierno estatal a castigar a los asesinos de los 10 músicos y a investigar otros cometidos el año pasado. Habrá guardias nacionales y policías estatales en dos cruceros, y no el grupo civil armado Paz y Justicia. Se revisarán expedientes de las 66 órdenes de aprehensión contra miembros de esa organización y la situación del policía comunitario preso. Llama el gobernador a que valoren el caso de los niños armados, recuerda que están becados y le exponen por qué no van a clases. No somos delincuentes y no armamos a los niños para cometer crímenes, le dice un asistente a la reunión.
Alcozacán, Chilapa, Guerrero, 25 de enero de 2020. Después de ocho días de bloqueo a la carretera Chilapa-Hueycante-nango, a raíz del asesinato de 10 músicos de Alcozacán en Mexcalcingo, el gobernador Héctor Astudillo fue ayer y dio respuesta a las 29 demandas de los 16 pueblos que integran el sistema comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
El resultado de la reunión que duró casi dos horas –de la 1 a las 3 de la tarde–, fue la firma de una minuta de acuerdos entre el gobernador, el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García y los comisarios y representantes de la CRAC-PF. A cambio, los pobladores levantaron a las 4 de la tarde el bloqueo que mantenían en este poblado desde el viernes 17 de enero.
Al final del encuentro, Astudillo Flores expresó el pésame a los familiares de las diez víctimas y calificó el múltiple homicidio como “cobarde y cruel”, y en entrevista declaró que “es necesario”, una investigación del caso y el castigo a los responsables.
La visita del gobernador a Alcozacán fue sorpresiva. Los comisarios y representantes de la CRAC-PF se enteraron apenas una hora antes, cuando vieron llegar a personal de la avanzada y les avisaron que el gobernador iba en camino.
Acompañaron al gobernador el fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila; el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete; y el alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, así como el inspector general de la Guardia Nacional, Gilberto Crisóstomo Alvarado.
Entre las principales respuestas al pliego petitorio de los comisarios e integrantes de la CRAC-PF, fue el compromiso del gobierno del estado de realizar una investigación para esclarecer el múltiple asesinado de los diez músicos y esclarecimiento y castigo a los responsables.
Para ello, los miembros de la CRAC- PF y familiares de las víctimas se reunirán con el fiscal De los Santos Barrila para tratar exclusivamente el asunto y aportar información y elementos para integrar las carpetas de investigación tanto de las diez víctimas de este viernes 17 de enero, como de las del año pasado.
Las autoridades estatales se comprometieron a replegar a los integrantes del grupo civil armado Paz y Justicia (que la CRAC-PF vincula con la organización delictiva de Los Ardillos), que se encuentran en el crucero del Jagüey. Asimismo un campamento de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en el crucero de Tula, además de patrullajes permanentes de este crucero al del Jagüey y otro que recorrerá hasta Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, quienes realizarán “revisiones aleatorias”, ofreció el secretario de Seguridad Pública Portillo Menchaca.
Con ello, los habitantes de los 16 pueblos estarían en posibilidades de volver a viajar a Chilapa para realizar sus compras y gestiones, que habían suspendido desde mayo del año pasado por los constantes ataques, asesinatos y levantones de parte del grupo adversario de la CRAC-PF.
El gobernador informó, asimismo que a partir de la próxima semana se instalará la Mesa Regional para la Construcción de la Paz en Chilapa, “para tener más conocimiento y control de lo que sucede”, les dijo.
Con respecto a la demanda de liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes, preso en el penal de Chilapa, el gobernador y el fiscal informaron a los miembros de la CRAC-PF que el caso ya se encuentra en la etapa de sentencia pero se comprometieron a intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para analizar el caso y darles una opinión posterior.
El mismo procedimiento prometió Astudillo Flores con los expedientes de las 66 órdenes de aprehensión que hay en contra de miembros de la agrupación.
Con respecto a los apoyos que demandan para las viudas, madres y huérfanos de las víctimas de los diez músicos y de los casos ocurridos el año pasado, que suman 24 viudas y madres, así como un total de 66 huérfanos, el acuerdo fue que ya se realizó el levantamiento de los datos y necesidades de las primeras diez relacionadas con los diez músicos asesinados y la próxima semana comenzarán el levantamiento de la información de las otras 14 que corresponden a víctimas del año pasado.
Por lo pronto, el gobernador dijo que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, cubrirán una canasta alimenticia de 2 mil pesos mensuales en efectivo, y los huérfanos serán incluidos al programa de becas.
Otro de los puntos que se trató fue el de los cinco cuerpos que faltan por entregarse a sus familiares. El fiscal de los Santos Barrila les informó que uno de ellos ya fue identificado por sus familiares y que si aceptaban ayer mismo sería entregado. Explicó que los otros cuatro, debido a que se encuentran calcinados, se recaban las pruebas genéticas y les dijo que este es un proceso que tarde de 12 a 15 días, “para poderles asegurar a los familiares que es su difunto el que les vamos a entregar”.
Familiares y la CRAC-PF decidieron esperar y recibir los cinco cuerpos juntos. También hubo el acuerdo que a través del Ayuntamiento la CRAC-PF recibirá mil litros de gasolina semanal y pagará a un oficial del registro civil que se instalará en Alcozacán.
En tanto que el gobernador prometió la instalación de cajeros automáticos en Alcozacán y en Ayahualtempa para que los indígenas cobren los programas sociales, las becas de sus hijos y las remesas que reciben de sus familiares radicados en Estados Unidos.
El gobernador ofreció, también, intervenir como gestor ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para condonar el servicio de energía eléctrica, sin embargo dijo que no se comprometía a nada porque se trata de una paraestatal federal.
Con respecto a la demanda de creación de un nuevo municipio integrado por las comunidades nahuas aglutinadas en la CRAC-PF, les pidió que comiencen a reunir los requisitos, pero les advirtió que este es un proceso largo.
Aunque no estaba en el pliego de demandas, en la reunión se trató el caso de la mujer que perdió las dos camionetas siniestradas el día que fueron asesinados los músicos. Astudillo Flores pidió que se entregaran las facturas y que se detallaran las características de los instrumentos que se dañaron para ver la posibilidad de cubrir el daño.
En ese momento preguntó que si las víctimas realmente eran músicos, porque dijo que había leído en algunas notas periodísticas que no lo eran. Le confirmaron que sí.
En otro asunto, el gobernador pidió a los miembros de la CRAC-PF que “valoren” el caso de los niños, en referencia a los menores que fueron presentados uniformados y portando armas el miércoles pasado. “Yo soy muy respetuoso de lo que ustedes decidan, pero es interés del gobierno del estado y yo creo que del gobierno federal y de todos, que cuidemos a los niños”.
Expresó: “como gobernador y como su amigo les pido que lo valoren, porque los niños tienen becas y hay que hacer que vayan a la escuela”. Les dijo que él va a garantizarles que habrá clases, luego de que en algunas comunidades se suspendieron por la violencia.
Un maestro le informó que en la zona 2 ninguna escuela tiene clases y que no sólo es por el bloqueo, sino por el miedo a las amenazas que reciben del grupo delictivo.
Un padre de familia le dijo que los estudiantes de secundaria de Ayahualtempa ya no van a recibir sus clases a Huecantenango porque allá está el grupo delictivo y los levanta, “tienen miedo, ya no van”, le reprochó.
En seguida, Astudillo expresó el pésame a los familiares de los diez músicos asesinados, y a todos los que han perdido familiares”.
Aseguró que en las mesas de coordinación para la paz, las autoridades han estado tratando “este lamentable tema del homicidio cobarde y cruel que se cometió a vecinos de esta población”.
Informó que el jueves por la tarde se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, con quien platicó “ampliamente sobre este acontecimiento”.
Agregó que si algo desea el gobierno de Guerrero es que se pueda pacificar esta región, y todo el estado”, pero que no es un asunto sencillo, “pero hay que intentarlo” y les pidió a los reunidos que pongan su parte en la búsqueda de rutas para que la violencia disminuya en esa región.
El encuentro concluyó con un “trato hecho, yo me comprometo a que la gente libere el paso”, del coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna.
Reclamos del hijo de una mujer asesinada; no somos delincuentes
Sin embargo, un grupo de familiares del preso Godofredo Cortés y de víctimas, se rebelaron y advirtieron a Sánchez Luna que no retirarían el bloqueo porque no habían logrado el compromiso de liberar al preso, y otros gritaron que ya no creían en la palabra del gobernador.
“Ahorita vino porque bloqueamos la carretera. A ver, cuando fuimos atacados en Rincón de Chautla, dónde estaba, ¿vino?, no verdad, entonces no nos venga a cuentear”, le reclamó el hijo de una mujer asesinada el año pasado.
También le reprochó que el secretario de Seguridad Pública, Portillo Menchaca, haya dicho que los de la CRAC-PF son delincuentes y que están entrenando a niños para la delincuencia organizada.
Entonces se generó una breve confrontación verbal entre el gobernador y el ciudadano.
–Ya hablamos aquí en la mesa de la mejor manera –atajó Astudillo Flores.
–No nos vengan a contar cosas… –insistió el familiar de la víctima.
–Quien tiene la representación en esta mesa –cuestionó el gobernador a quien lo interpelaba.
–Es que tiene que escucharnos a todos. Ahorita se las está dando que ya vino, sí pues, pero no vino por su gusto, sino porque lo estamos presionando. Si no bloqueamos la carretera usted nunca va a dar la cara.
–A mí nadie me presionó, yo vine porque quise.
–Lo que queremos, exigimos es que detengan a los que nos tienen secuestrados porque no podemos salir desde hace un año, cuando estuvo el ataque en Rincón de Chautla.
–Eso es lo que acabamos de tratar en esta mesa –se defendió Astudillo Flores.
–Lo que le exigimos es que se haga justicia.
–Eso es lo que acabamos de tratar en la mesa.
Finalmente el gobernador firmó la minuta de acuerdos. “Ya la firmé, yo ya cumplí, ustedes decidan si quitan o no el bloqueo”, expresó.
El coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, admitió que vieron que el gobernador puso su parte, “y nosotros también vamos a desbloquear la carretera”.
Informó que hablaría con los comisarios y les explicaría que la principal demanda que es la de seguridad ya se había resuelto con la instalación del campamento de la Guardia Nacional en el crucero de Tula. Además resaltó que el gobernador se comprometió a replegar al grupo delictivo que está en el Crucero del Jaguey y en el panteón de Tula.
El bloqueo fue levantado a las 4 de la tarde. Sin embargo, Sánchez, aclaró que el bloqueo se levantó de manera temporal porque si no se cumplen sus demandas lo trasladarán a la carretera Chilpancingo-Tlapa.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Lenin Ocampo Torres
