En abril pasado reapareció Genaro García Luna, el polémico superpolicía del sexenio de Felipe Calderón convertido ahora en hombre de negocios y consultor internacional. Socio de la empresa GLAC, en la que participan jefes policiacos en retiro de Estados Unidos, Colombia y España, el ex funcionario calderonista descalifica las políticas en la materia adoptadas por la administración de Enrique Peña Nieto –son involutivas, dice, y “dieron al traste con lo avanzado en décadas”–, e insiste en reivindicar su vieja y fallida propuesta.
Jorge Carrasco Araizaga / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. El gobierno de Enrique Peña Nieto logró lo que parecía impensable: aumentar la letalidad de civiles en la guerra a las drogas iniciada por su antecesor, Felipe Calderón. Al final de la administración priista, la realidad expresada en reportes nacionales e internacionales sobre seguridad y justicia coinciden:
México es ahora más violento que hace seis años, sin que se vea una pronta disminución. Para Calderón y quien fuera su hombre fuerte, Genaro García Luna, la culpa no es de su estrategia, sino de quienes los sucedieron, porque la echaron a perder.
“Los últimos seis años han sido más letales para los civiles mexicanos. A lo largo de 2016 y 2017, los homicidios no sólo superaron las cifras históricas de 2011, sino que se extendieron por más áreas del país”, dice el reporte Corrupción que mata, dado a conocer el jueves 3 en la Ciudad de México y elaborado por organizaciones de derechos humanos mexicanas y con el patrocinio de Open Society Justice Iniciative, de Nueva York.
Ante la incidencia delictiva, pero sobre todo ante la colusión de autoridades con el crimen organizado en la comisión de delitos de lesa humanidad, las organizaciones proponen la creación de un mecanismo internacional para investigar y sancionar esos casos, marcados también por la corrupción.
Apenas un día antes, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos había dado a conocer que entre el inicio de la declaración de la guerra al narcotráfico por Calderón en 2006 y 2017 tiene documentados los casos de 329 mil 917 personas que se han visto obligadas a salir de sus lugares de origen. Tan sólo el año pasado, registró 25 casos de desplazamiento interno forzado que afectaron a 20 mil 390 personas. Y esos son apenas los casos documentados.
Las cifras saltan por todos lados. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que dirige José Antonio Ortega, informó el 23 de abril que el primer trimestre del año ha sido el más violento en la historia reciente de México.
Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 7 mil 667 víctimas por homicidio doloso. Un promedio de 85 asesinatos al día, un aumento de 16% respecto al mismo trimestre del año anterior. Siete de cada 10 víctimas fueron atacadas con armas de fuego. De acuerdo con la citada organización, Acapulco es ahora la tercera ciudad más violenta del mundo, en lo que es sólo una cara de los conflictos armados que se están dando en el país.
Defensa mediática
La explicación de Felipe Calderón es que todo eso se debe a que Peña Nieto no siguió su estrategia, a pesar de que en los hechos el actual gobierno mantuvo la militarización y la represión violenta contra los grupos de delincuencia organizada.
Según el ex presidente, no hubo continuidad en su estrategia de combate y se “encerró” a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en una dependencia política como la Secretaría de Gobernación. En una entrevista con Radio Fórmula el pasado 30 de abril, dijo que el gobierno de Peña Nieto abandonó la estrategia de “no evadir a los criminales y no hacerse compinche de ellos”. Incluso, lo acusó de haber arrumbado la Plataforma México y sus 500 millones de datos del entorno delictivo.
En plena campaña electoral, en la que su esposa Margarita Zavala es candidata presidencial sin partido, Calderón continuó lo que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, inició unos días antes: la defensa mediática de su “estrategia” contra la delincuencia.
Parapetado en una de sus empresas, García Luna apareció incluso para ofrecer soluciones a la crisis de inseguridad en el país. Pese a su polémica gestión, su premisa es que lo hecho durante el gobierno de Calderón fue lo más adecuado para el país. Después de salir del gobierno, en su entender, vino el diluvio.
En la administración de Peña Nieto hubo una involución y se dio al traste con lo avanzado en décadas. La solución es retomar lo que se hizo en el sexenio pasado, dice quien fuera uno de los principales funcionarios de Calderón.
De plano, acusó al gobierno de Peña Nieto de haber demeritado lo hecho el sexenio pasado al crear la opinión de que fueron ellos quienes generaron la violencia en el país cuando el ex presidente y ex panista le declaró la guerra al narcotráfico en cuanto comenzó su gobierno.
García Luna decidió estar presente en la campaña presidencial al amparo de GLAC, una firma de consultoría establecida en México y Miami que alude a sus apellidos y a sus asociados para vender servicios de seguridad. Sus socios son jefes policiales en retiro de Estados Unidos, Colombia y España.
GLAC es sólo una de las empresas que tiene el superpolicía de Calderón, como se le conoció entonces por su influencia en el gabinete de seguridad, por encima incluso de la cúpula militar. La firma es parte de un entramado de empresas registradas en Estados Unidos pero que también operan en México con permisos federales y del gobierno de la Ciudad de México. García Luna salió del gobierno, pero no de los negocios en México.
Al tiempo de mantener su presencia en el país a través de empresas de seguridad, como la propia GLAC Consulting, García Luna se volvió maestro en administración y negocios, grado que le dio la Universidad de Miami. De acuerdo con el propio exfuncionario, hizo el posgrado entre 2013 y 2015.
García Luna se presentó el 19 de abril en el canal de televisión de El Financiero / Bloomberg, arropado, entre otros, por su ex compañero de gabinete, Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el sexenio pasado y ahora director corporativo de Grupo Lauman, propietario del periódico El Financiero.
Un retorno estruendoso
Como si se tratara sólo de un experto que presenta su trabajo académico, García Luna apareció en vísperas de que los candidatos presidenciales hicieran sus propuestas en materia de seguridad en lo que fue el primer debate presidencial, el 22 de abril. Ahí presentó Seguridad con Bienestar. Un nuevo modelo integral de seguridad, en el que incluye el “Índice GLAC” sobre medición de los factores de la violencia y la inseguridad que ya había presentado en México desde 2017, incluso al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Publicado por Booktique Art Books and Publishing, SA de CV –una editorial que está en el anonimato, según su propia página digital, y que trabaja para empresas e instituciones–, la publicación empezó a circular en versión electrónica, aunque carece de ISBN, las siglas que refieren al Número Internacional Normalizado del Libro; es decir, el identificador internacional que se designa a una publicación de forma exclusiva.
Además de reivindicar lo hecho por su gestión y de criticar las políticas de seguridad de Peña Nieto, habla ahora de “un nuevo modelo” de seguridad, fiel al estado de derecho.
Su propuesta de respeto a la legalidad, sin embargo, contrasta con su gestión, que estuvo marcada por montajes televisivos, el conflicto diplomático con Francia por la detención de la ciudadana de ese país Florence Cassez, sus peleas con periodistas y la mentira que según el gobierno de Peña Nieto difundió sobre el asesinato del líder de Los Caballeros Templarios, Nazario Moreno, El Chayo.
Bajo su mando, la Policía Federal vivió sucesivas crisis, como las numerosas bajas, secuestros y desapariciones de sus elementos en Michoacán, el ataque a agentes de la CIA por parte de policías federales o la balacera entre agentes de la corporación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una disputa por narcotráfico.
