Si el presidente se niega a negociar un nuevo pacto fiscal, las entidades pueden cobrar sus impuestos, dicen los mandatarios de Jalisco y Chihuahua
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2020. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a negociar un nuevo Pacto Fiscal, los estados pueden abandonar el acuerdo y cobrar sus impuestos, advirtieron gobernadores.
Los mandatarios de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Chihuahua, Javier Corral, coincidieron en que, independientemente de las acciones de la Alianza Federalista, los aspirantes a la Cámara de Diputados y Gubernaturas deben tomar este tema como prioridad en sus campañas.
Durante una plática con integrantes de la organización Podemos México, los gobernadores nuevamente acusaron al presidente de autoritario al pretender “híperconcentrar” el poder y los recursos que le corresponden a las entidades.
Llamaron a López Obrador a reunirse para terminar con la disputa por los recursos, y elaborar un convenio que convenga a todos, pues, recordaron, en las entidades se generan los recursos que le dan viabilidad al gobierno federal.
Acusaron al primer mandatario de “agandallarse” el dinero de los estados y los municipios, y su trampa es escudarse en que no se pueden hacer cambios porque afectaría a los estados más pobres.
“No podemos seguir siendo actores que pidan migajas o dádivas a la autoridad federal, sino que tenemos que poner sobre la mesa un revisión a fondo de este acuerdo fiscal, y si no hay condiciones para arreglarlo, también los estados tenemos condiciones para abandonar el sistema de coordinación fiscal”, aseveró Alfaro.
“No en un ánimo rupturista de la Nación, pero sí de hacer valer las responsabilidades que tenemos mandatadas por la Constitución, el convenio de coordinación es un acto de voluntad de las partes, y puede también modificarse por las partes o abandonarse si no estamos conformes”.
Aclaró que si bien en el acuerdo de coordinación fiscal existente se permitió al Gobierno federal cobrar impuestos como IVA, ISR, IEPS, los estados, “cuando quieran”, pueden cobrarlos, pero antes de esa decisión quieren un acuerdo nacional.
Alfaro y Corral insistieron en que están pidiendo una redistribución del 70-30, definir la repartición basándose en la aportación de cada entidad y clarificar qué impuestos cobraría el Gobierno federal y cuáles los estados.
En reciprocidad, dijo, ofrecen que los estados sanearán sus finanzas, transparentarán sus presupuestos, cumplirán con la autoridad, garantizarán mecanismos de combate a la corrupción e impunidad, incrementarán ingresos propios y no abandonarán la subsidiariedad a entidades pobres, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero.
“Varios gobernadores lo que hemos hecho es seguir su caminito, porque si alguien amago con abandonar el pacto fiscal, fue él, como jefe de Gobierno.
“Los estados tenemos que ser un contraste a lo que dice en las mañaneras, él dice ‘quieren dinero para seguir robándoselo, para gastarlo en lujos’, nosotros tenemos que transparentar, revisar las licitaciones”, apuntó Corral, quien insistió en que López Obrador ejerce poderes “metaconstitucionales”.
Javier Corral llama a diputados a no ser un refugio de impunidad
El gobernador Javier Corral pidió que la Cámara de Diputados no se convierta en un refugio de impunidad, luego que la Fiscalía estatal solicitó el desafuero del senador morenista Cruz Pérez Cuéllar.
“Ya han salido a decir algunos líderes de Morena así abiertamente que van a proteger al senador, bueno pues también hay una responsabilidad política en eso. ¿Cómo que nada más porque es senador de un partido político lo van a proteger?”, cuestionó el mandatario panista.
“Yo espero que la Cámara de Diputados no se convierta en una zona de impunidad o en un refugio de la impunidad”.
Pérez Cuéllar es investigado por presuntamente haber recibido al menos un millón 300 mil pesos del ex Gobernador priista César Duarte, a través de la llamada “nómina secreta”.
El gobernador de Aguascalientes presenta controversia por fideicomisos
El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, presentó ayer una controversia constitucional para evitar la desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos.
Con ese decreto federal, estimó el mandatario panista, la entidad dejaría de recibir 224 millones de pesos, destinados principalmente a investigaciones del Conacyt.
Por ello, pidió que se ordene la suspensión antes del 7 de diciembre, para evitar que los fondos se reintegren a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo con Orozco, al gobierno estatal no le es posible asumir el fortalecimiento de los municipios.
Con Aguascalientes, hasta ahora seis entidades han presentan recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra la desaparición de los fideicomisos.
La semana pasada lo hicieron Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, y se espera que se sumen las otras cuatro entidades que integran la Alianza Federalista.
Texto: Staff / Agencia Reforma
