A pesar de estar prohibidas por la ley, este tipo de uniones, enraizadas en los usos y costumbres, persisten, lo que ha activado diversas acciones para lograr el respeto de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes
Chilpancingo, Guerrero, 21 de septiembre de 2021. A los 17 años, la hija adolescente de una familia de jornaleros agrícolas de Metlatónoc, municipio de Guerrero, fue casada en la tradición del pueblo tu’un savi con un joven de 21, de Cochoapa El Grande.
Hubo cuatro visitas de embajadores de la comunidad del novio. La familia de la novia los recibió para establecer un acuerdo por la unión matrimonial. En este caso, la mamá de la niña no aceptó dinero, como es costumbre, sólo pidió el pago del festejo, que duró dos días a partir de la firma del acta de la comisaría de Yucunduta, el 17 de agosto de 2021.
Un mes después, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan intervino para evitar que la adolescente fuera detenida en el Ayuntamiento de Cochoapa, pues la familia del novio exigió la devolución de 160 mil pesos, tras la separación de la pareja.
En este Ayuntamiento son frecuentes las detenciones de mujeres que se separan de sus parejas mientras su familia reúne el dinero que va a devolver. En las comisarías municipales, incluso la policía del Sistema Regional de Seguridad y Justicia Comunitaria las arresta, asegura Neil Arias Vitinio, defensora de Tlachinollan, quien ha documentado éste y otros casos.
“Como es una costumbre, los hombres deben tener dinero para poder ir a pedir a otra mujer”, expresa Arias en entrevista sobre la devolución del monto monetario que piden al separarse.
Defensores de los derechos de las mujeres tratan de evitar que haya devoluciones de dinero para reducir estas prácticas. Pero el temor a la brujería lleva a las familias a devolver todo o parte de la suma acordada, que normalmente se usa en el pago de grupos de música, en la bebida y la comida de la boda.
“Hasta nos da miedo cuando nos dicen ‘te van a hacer brujería a ti porque andas queriendo ayudar’”, admite Neil Arias sobre los usos y costumbres en Guerrero.
Activistas contra la violencia de género lamentan que en las regiones de la Montaña y la Costa Chica, el nacimiento de una niña es sinónimo de que su familia puede acordar un matrimonio forzado. La cuantía de la remuneración es mayor mientras más pequeña sea ella, y suele haber matrimonios incluso a partir de los 12 años.
“Imagínate que no decides porque no estás en edad y, entonces, toman esa decisión por ti y te casas con la persona que tu papá dice”, relata Valeriana Nicolás Benito, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena Manos Unidas (Cami) con sede en el municipio de Ometepec, y añade que las madres normalmente no tienen el poder de intervenir en esta determinación.
Precisa que, por seguridad, la Cami no interviene en conflictos de restitución del dinero de matrimonios forzados. Su labor es la sensibilización y la toma de conciencia mediante los talleres que realiza para comisarías, algunos en coordinación con las instituciones del estado.
“Cuando vas a las comunidades te das cuenta de muchas cosas. En este siglo las mujeres todavía no deciden por sí mismas, son los padres los que casan a niñas con personas mayores de edad, como algo común sin que nadie diga nada. El derecho a decidir (de las mujeres) no es un tema que les compete, es cuestión del hombre que tenga nueve u ocho hijos. Para ellos el rol de su mujer es casarse, procrear, cuidar su casa y estar al pendiente de su marido”, explica.
Los límites de las autoridades
Valeriana Nicolás Benito reconoce que los esfuerzos para cambiar esta mentalidad desde la sociedad civil y, particularmente, de las instituciones, han quedado cortos. México prohíbe el matrimonio infantil: con la aprobación de dos reformas por parte de Baja California –la única entidad que faltaba– en julio de 2020, los 32 estados de la República establecen como la edad mínima para casarse los 18 años. Sin embargo, en Guerrero las uniones forzadas no pasan por el Registro Civil, sino que se realizan en las comunidades.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, menciona que los matrimonios forzados e infantiles son un problema social sobre todo en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero.
“Atentan contra los derechos de las mujeres y las niñas, que de alguna manera son obligadas a casarse con niños de su misma edad o con personas mayores”, afirma.
La Codehum, como la legislación, también enfrenta complicaciones para intervenir en estas uniones forzadas. “Es un asunto entre particulares y la Comisión no tiene competencia para atenderlos. Eso no quiere decir que sea omisa ante los hechos que nos pongan en conocimiento. En específico, en temas de mujeres y niñas se da asesoría jurídica, acompañamiento, si corresponde a matrimonios infantiles, se basa en materia civil”, asegura.
Aunque no tienen una estadística, personal de la Codehum está visitando localidades para dar seguimiento a los matrimonios infantiles que le reportan. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) efectuada en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sostiene que en México 4.45 por ciento de las adolescentes entre los 12 y 17 años se ven afectadas por estas uniones forzadas.
“Estadística formal (de matrimonios forzados) no hay. Estamos acercándonos, visitando localidades. El fin de semana estuvimos en Cochoapa, primeramente para acercarnos a la autoridad, después con las mujeres que fueron casadas a temprana edad por los usos y costumbres. La reunión permitió manifestar nuestra preocupación, que la Comisión está cerca para dar capacitación, no sólo a temas de mujeres, también que los hombres sepan sus derechos y de alguna manera erradicar este tipo de prácticas”, dice.
El 29 de junio, la Codehum suscribió convenio de colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Guerrero, a fin de impulsar acciones conjuntas encaminadas a la erradicación del matrimonio infantil.
“Lo que se ha hecho con el DIF, se ha trabajado en la capacitación a ciertos sectores de los servidores públicos para entender la problemática –continúa Cecilia Narciso–. Debemos tener herramientas para hacer empatía particular con las mujeres, para que no se sientan solas, que sientan que estamos ahí para transitar al respeto de los derechos humanos elementales”.
En ese sentido, desde 2017 el Código Civil de Guerrero establece los 18 años como la edad a partir de la cual está permitido contraer matrimonio. Este marco jurídico local está respaldado a nivel nacional e internacional.
“El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de la niñez y son consideradas por el Sistema de Naciones Unidas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas en particular, impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas”, señalan en un comunicado las agencias de la ONU. Erradicar esta práctica también es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Usos y costumbres guerrerenses
Jerónimo Gálvez Vélez, antropólogo me’phaa originario del municipio de Tlacoapa, detalla que el matrimonio en la cultura indígena se concibe de tres tipos: civil, religioso y cultural.
El matrimonio arreglado se mantuvo entre los me’phaa de Tlacoapa en los años sesenta y los setenta. Eran los papás los que hacían el acuerdo y, por el respeto a las personas mayores, las hijas e hijos no podían desobedecer.
Se buscaba a un embajador con prestigio en la comunidad para tratar con la familia de la novia. En cada visita les llevaba alimentos y bebidas para hacer el acuerdo. El antropólogo ha detectado en los últimos años que predominan los matrimonios de personas entre 14, 15 y 17 años, y “no han tenido repercusiones con autoridades municipales”, a pesar de que quienes se casan todavía no tienen 18 años, la edad mínima permitida por ley para contraer nupcias.
Pero los usos y costumbres también son criticados por quienes forman parte de estos grupos indígenas. Un ejemplo es Hermelinda Tiburcio Cayetano, activista desde la década de los noventa.
“Yo soy na savi, conozco las costumbres, les digo a ellos que no está bien, pero si en ese rato comienzo a gritar, me sacan de la reunión. Nosotras como organizaciones, como mujeres, siempre vamos a defender. Hace como un mes (se dio un caso en que) el muchacho tenía veintitantos años, la niña 14 o 15 años, es una muchachita”, menciona como ejemplo de la disparidad de edades en el matrimonio infantil.
Para Hermelinda no sólo se trata de matrimonios forzados, también de la venta de mujeres, en su mayoría niñas, ya que hay dinero de por medio.
“Sostengo que es venta de niñas. Sí, es acuerdo y lo que sea, pero cuando agarras dinero ya es venta. Los matrimonios forzados o arreglados son un hecho en la actualidad que vivimos, las uniones. No hay necesidad de que se case por Registro Civil o por la Iglesia”, condena.
Texto: Lourdes Chávez
