Evalúan el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario y la Conavim las medidas de prevención: de 20, sólo se han cumplido tres. Preocupa que no se fortalezca la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso cometido en Agravio de Mujeres, y la falta de una estrategia para la identificación de espacios que representen riesgo para las mujeres
Chilpancingo, Guerrero, 28 de febrero de 2024. En la primera evaluación de esta administración estatal de la atención a la Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), determinó avances en tres medidas, y cero cumplimiento en 17.
Según el dictamen del informe de las acciones de enero a junio pasado, publicado recientemente por la Conavim, en línea, el resultado general es de 8 por ciento de avance de cumplimiento de la resolución que dictó en la administración estatal anterior (2016).
Aunque, en el dictamen se reconocen acciones con avances significativos, derivadas del tiempo del Programa de Acciones Estratégicas, subraya que “aún no se alcanzan a reflejar en el cálculo de los indicadores”.
El GIM puntualiza que no hay avances en ninguna de las cuatro medidas de Reparación del daño, ni en las cuatro del apartado de Justicia.
Entre otros aspectos, el grupo expresó preocupación porque no hay acciones significativas respecto al fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso cometido en Agravio de Mujeres y demás personas con orientación o preferencia sexual, por identidad o expresión de género.
En las cinco medidas de seguridad, aclaró que las acciones ordinarias de seguridad pública abonan al establecimiento de espacios seguros para las mujeres, pero falta una estrategia para la identificación de espacios que representen riesgo para las mujeres y realizar intervenciones con perspectiva de género y bajo los criterios de espacios seguros para las mujeres con participación de los gobiernos municipales.
Señaló que es prioritario un diagnóstico de los espacios seguros y contar con una guía de intervención.
Reconoció un esfuerzo de las autoridades municipales para otorgar servicios multidisciplinarios a mujeres en situación de violencia, a través de los módulos de atención inmediata, pero todavía deben trabajar en la institucionalización de dichos módulos, “garantizando la continuidad de los servicios, la profesionalización del personal y las acciones de mejora y coordinación interinstitucional”.
Como retos, destacó la importancia del seguimiento, la evaluación y el registro de las órdenes de protección, que tampoco está armonizado con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En cuanto a la Policía de Género a nivel estatal, señaló que no hay información específica de su funcionamiento. Recomendó basarse en un análisis de las necesidades no sólo de equipamiento sino de profesionalización del personal y la generación o actualización de los protocolos existentes, para generar una propuesta justificada y viable respecto al fortalecimiento.
De ocho medidas de Prevención, advirtió que todavía no han sido identificadas las problemáticas particulares de violencia contra las mujeres que se presenta en cada región del estado, a través de un diagnóstico estatal, para garantizar una política pública focalizada y diferenciada “con base en la identificación resultado de un análisis detallado de información sobre casos de violencia contra mujeres en el estado durante los últimos cinco años”.
Puntualizó que el análisis debe contar con información sobre los tipos y modalidades de violencia, tendencias en la comisión de delitos contra las mujeres, discriminación de dichas tendencias de acuerdo al tiempo y considerando las diferentes regiones, cruzando datos recopilados por instancias del sector justicia y salud, y considerando otros estudios realizados por el sector académico.
Precisó que es necesario fortalecer el Banco Nacional de datos de los tipos de Violencias en el Banavim-Guerrero, para identificar patrones de la violencia, monitorear y georreferenciar casos que permitan tener objetivos más claros en materia de la política estatal.
Aclaró que el GIM todavía espera conocer para su retroalimentación, la versión preliminar del Programa Único de Capacitación de Derechos Humanos de Mujeres, Niñas y Adolescentes.
Sobre el establecimiento e impulso de una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo, el GIM dijo que tampoco hay una estrategia clara para el cumplimiento de objetivos de esta medida, por lo que, “es importante reestructurar los componentes planeados de modo coherente y presentar la viabilidad de cada uno bajo un plan estratégico de implementación que permita dar seguimiento y evaluación a las acciones”.
Celebró los avances de la campaña Guerrero Actúa contra la Violencia hacia las Mujeres del estado, pero sugirió a las autoridades responsables la ampliación de los medios de comunicación para la difusión y el estudio de impacto para conocer si las acciones de difusión han sido efectivas.
Sobre la estrategia de prevención de la violencia a mujeres en el transporte público, donde se puso en marcha el programa Transporte Violeta, para ofrecer el servicio de manera exclusiva a las mujeres en los municipios de Acapulco de Juárez y Chilpancingo, pidió información precisa de la operación y cobertura.
“Dicho programa se reconoce por el GIM como una buena práctica a ofrecer un espacio seguro a las mujeres, sin embargo, es necesario realizar una intervención en las rutas mixtas desde la prevención y atención con el objetivo de ir cambiando los patrones de convivencia en la comunidad que pongan en peligro a las mujeres”.
También señaló un “importante rezago” en el Programa de atención a hombres generadores de violencia, y el diseño y puesta en marcha de una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres guerrerenses víctimas de violencia, por lo que se hace un atento llamado a las autoridades para las acciones comprometidas en el programa.
De manera general, recomendó actualizar el Programa Estatal de Acciones Estratégicas, en donde se incorporen los indicadores aprobados por el GIM y el presupuesto para cada una de las acciones; coordinar los esfuerzos a nivel estatal y municipal para conseguir mayores avances, que las autoridades responsables se apeguen a lo establecido en los indicadores tanto en la implementación como en el informe de cumplimiento, y que se realicen mesas de trabajo de las autoridades responsables con el GUM para una revisión puntual de las aciones y de los indicadores del programa de la Alerta en la actual administración.
Por separado, hizo recomendaciones a los municipios alertados Acapulco, Ayutla, Iguala, Zihuatanejo, y un llamado a Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Ometepec y Tlapa, para realizar acciones de cumplimiento de la declaratoria de manera prioritaria.
En general, las integrantes del GIM plantearon alinear los Programas Municipales de Acciones Estratégicas con el Programa Estatal; fortalezcan los diagnósticos en materia de recuperación de espacios públicos que no cumplen con los elementos que establece el indicador.
Para la creación y fortalecimiento de agrupaciones especializadas en seguridad pública, piden la constitución de unidades unidades municipales especializadas de la policía de género, además de elaborar el protocolo de actuación policial para la atención inmediata de los casos de violencia de género contra mujeres, el cual deberá estar homologado con el del estado.
Propuso las medidas a nivel municipal, “sin que se entiendan como la única forma de implementar y lo más importante cumplir con los objetivos de la medida. En este sentido se deberán aprobar los programas municipales con base en las características propias de los municipios”.
Firman el dictamen la representante de la Conavim, Martha Moramay Gómez Regalado; por el Instituto Nacional de las Mujeres, Elizabeth Pérez Gómez; por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fabiola Paulina Ramírez Ortiz, y de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero, Tamara Margarita Rojas Camero. Por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres AC, la peticionaria de la Alerta, Marina Reyna Aguilar; del Centro de Estudios Superiores de Guerrero, María Luisa Garfias Marín, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de Luz Estrada Mendoza.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo-Jesús Trigo
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