Ciudad de México, a 22 de julio de 2025.- En un contexto en que los estados del país, Guerrero principalmente, dependen casi en su totalidad de los recursos de la federación, aumentar o reintroducir impuestos como el predial y la tenencia a la población con mayores recursos permitiría una mayor independencia presupuestaria estatal para la creación de política pública. Pero para ello es inevitable una reforma fiscal, advierte Emilio Sánchez Salazar, investigador en finanzas públicas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), del cual es representante en la Alianza por la Justicia Fiscal, una red de siete organizaciones civiles.
Los números son contundentes, advierte el especialista en entrevista con El Sur. Los estados dependen de los ingresos provenientes de la federación en más de 80 por ciento. Este dato muestra la enorme dependencia de los estados respecto a la federación, pues, como en el caso de Guerrero, es muy baja la recaudación local de impuestos.
México “es una nación conformada por 32 entidades federativas que, en materia fiscal, al pertenecer a algo más grande, deciden ceder algunas potestades, sobre todo fiscales”, explica Sánchez Salazar.
Se refiere específicamente al Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto sobre el Valor Adquirido (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Todos se cobran por la federación.
La federación, expone, devuelve a los estados parte de estos tres impuestos a través de una bolsa que se llama “recaudación federal participable”, también compuesta por ingresos petroleros; es muy importante porque de ahí sale el “gasto federalizado”, que son los recursos económicos que el gobierno federal transfiere a los estados y municipios.
Estas transferencias conforman más del 80 por ciento de los ingresos de las entidades.
Los estados no deciden su política pública
El gasto federalizado, al provenir del gobierno federal, termina siendo inestable. Es decir, los ingresos, sobre todo los petroleros, dependen de factores que van más allá del desempeño del país en temas económicos.
Especializado en economía pública, desarrollo sostenible y ciencia de datos, Sánchez Salazar profundiza: “Por ejemplo, el precio del petróleo es muy volátil y depende de los mercados internacionales. El ISR y el IVA dependen de las exportaciones, de cómo está la balanza comercial del país.
“Van dos años seguidos que las participaciones, que son el componente más grande del gasto federalizado, no recauda lo que se aprueba. Se entregaron recursos menores a los estados porque existe un entorno inestable”.
“Se crea un efecto avalancha, le llamo así, que le pega a la recaudación federal participable, al gasto federalizado y a las participaciones. Al final, le pega a los estados y municipios porque son los recursos que se entregan”.
Esto hace que los estados y municipios, al recibir menos recursos, no atiendan las necesidades de la población. “Y el saber que por ley tienen que recibir estos recursos hace que desincentiven sus esfuerzos por recaudar de manera propia”, enfatiza.
“Es un círculo vicioso. Por este entorno de dependencia, los estados no tienen mucho control en cómo se elabora política pública en sus territorios. Eso hace que toda la política pública a nivel subnacional, estados y municipios, sea dictaminada en gran parte por el gobierno federal”.
Rezago predial de Juchitán a Acapulco
Guerrero es uno de los estados que menores ingresos propios tiene y el que más depende de los recursos que entrega la federación, señala Sánchez Salazar desde Guadalajara, en la conversación con El Sur vía Zoom.
Explica que en 2024 Guerrero dependía en 98.5 por ciento de los recursos del gasto federalizado y ese 1.5 por ciento restante representa el esfuerzo que hace el gobierno estatal para recaudar.
“Las cifras que nosotros utilizamos de recaudación en los estados son a nivel per cápita o por persona, eso sirve para que la comparación sea más justa entre estados”, detalla.
Este año, con la Ley de Ingresos aprobada para 2025, Guerrero estaría percibiendo alrededor de 700 pesos por persona.
Según las proyecciones, reitera el economista, Guerrero “es el estado que menos recursos propios recaudaría en 2025. Eso tiene implicaciones. Por un lado, por su cuenta no tiene los suficientes recursos para hacer política pública. Es un contexto de dependencia en Guerrero bastante alta”.
Pero no es la excepción. Sobre el predial, ejemplifica, hay municipios que por este impuesto apenas recaudan: Juchitán solamente recolecta 393 pesos al año. Acapulco recauda 389 millones de pesos.
“Existe esa heterogeneidad”, indica. “Juchitán es un municipio rural, con no mucha población. Acapulco, por su parte, es uno de los destinos turísticos más importantes del sur del país, con bastante infraestructura hotelera y bastantes propiedades en renta y demás”. Son datos duros que permiten ver una disparidad, dice. En el país, “en lo estatal, pero sobre todo en lo municipal, las secretarías de finanzas no cuentan con las capacidades administrativas para ejercer sus labores de recaudación de la manera más óptima porque, por ejemplo, hay una rotación de personal constante en los municipios o los periodos de las presidencias municipales son por tres años”.
“Hoy existe la tecnología para hacer un mapa muy específico de tu ciudad, de cuánto mide cada predio, pero aún hay un 17 por ciento de los municipios que todavía esos datos los hace a mano. Son situaciones que no permiten que la recaudación sea óptima”.
“Si queremos que tanto Juchitán como Acapulco, ambos con rezago predial, recauden lo que les correspondería, se deben mejorar las capacidades administrativas de cada municipio. Eso se puede hacer a través de propuestas en la Cámara de Diputados que homologuen los sistemas catastrales y se mejoren con tecnología de punta.
“Que exista la voluntad de municipios, estados y federación de entender que los municipios son el primer punto de contacto de la ciudadanía con el gobierno y eso hace que conozcan de mejor manera nuestras necesidades. Tendrían que ser un pilar muy importante para la elaboración de política pública, pero pasan a segundo plano”.
Hacer justicia fiscal: pagan más quienes tienen más
La propuesta del cobro de predial ayudaría a los municipios a recaudar más, insiste Emilio Sánchez: “Es importante enfocarse en el predial a nivel municipal porque es el impuesto más importante en cuanto a recaudación”.
En México, resalta, “no hay una regulación muy clara de cómo se están construyendo muchos edificios y viviendas. Además, los registros catastrales no permiten conocer esta información. Al final termina por afectar a las personas con menores ingresos, pues ya existe una crisis de vivienda: los precios han crecido bastante y no muchos pueden acceder a comprar”.
Por otro lado, gran parte de la población que tiene una vivienda pertenece a los grupos de más ingresos en el país.
“El predial es un impuesto progresivo: las propiedades con mayor valor tendrían que pagar más. Podría hacerse justicia fiscal. Todos estos ingresos que se recaudaran se podrían utilizar para hacer política de vivienda”.
Otra propuesta es el cobro de la tenencia, que en Guerrero no existe.
“El parque vehicular ha tenido un crecimiento muy importante en todo el país –comenta Sánchez Salazar–. Se subsidia el uso del automóvil particular cuando sólo 30 por ciento de las personas en el país lo utilizan”.
“Hoy únicamente ocho estados cobran tenencia. Reimplementarlo en todos sería bastante provechoso porque también aumentarían sus ingresos propios”.
“Reimplementar la tenencia significaría implementar un impuesto progresivo, porque se cobraría a las personas que tienen automóviles y entre más caros sean, más tendrían que pagar. Esos ingresos adicionales se podrían utilizar para invertir en transporte público o movilidad sostenible”.
“Respecto a la vivienda, en México se está convirtiendo en un método de invertir. En Ciudad de México muchas personas compran un departamento para rentarlo como Airbnb y pasa igual en ciudades turísticas como Acapulco, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Cancún, Tulum”.
“Este tipo de transacciones las hace un sector de la población que no es mayoría en el país. Cuando proponemos estos impuestos, o reintroducirlos, hablamos de que no los va a tener que pagar la mayoría de las personas. Y que los ingresos que se recauden se invertirían en cosas para beneficio de la mayoría de la población”.
“En Acapulco podríamos construir rutas, ciclovías, banquetas más amplias con árboles”.
Nadie quiere “la bolita” de la reforma fiscal
Existe un rezago muy grande de cobro de predial en México. En 2022 se recaudaron bajo este concepto 63 mil millones de pesos. “Suena que es mucho, pero no llega ni al 5 por ciento del PIB”, precisa el investigador del CIEP, autor del análisis Propuestas de reforma para fortalecer los gobiernos subnacionales publicado por la Alianza por la Justicia Fiscal, una red de siete organizaciones civiles cuyo objetivo es impulsar una reforma fiscal sostenible, progresiva y con perspectiva de género.
“Se estima que en la región de América Latina y el Caribe se podría recaudar hasta un billón de pesos. Imagínate qué podríamos hacer a nivel municipal: armar un programa de vivienda social y combatir la crisis que tenemos, sobre todo para poblaciones más vulnerables como son las jefas del hogar, las personas indígenas o jóvenes”.
“Un mejor sistema de alumbrado público, mejores drenajes, mejores calles, que son facultades de los municipios”.
–¿Qué hace falta para que ocurra una reforma fiscal?
–Si queremos una reforma fiscal, tendríamos que visibilizar que todas las necesidades públicas están vinculadas con el presupuesto. Si no hay presupuesto, que es el caso a nivel federación, estatal y municipal, no hay con qué atender nuestras necesidades.
La perspectiva que tiene México de aquí a los próximos 30 años en cuanto a población es preocupante, pues habrá “más personas de la tercera edad que en edad de trabajar. Si ya de por sí el gasto en pensiones tiene una presión muy importante en nuestras finanzas públicas, en un futuro será aún mayor. Eso significará que exista una inequidad intergeneracional, porque tendremos que asignar muchos más recursos para poder tener sistemas de cuidados, pensiones, salud”.
Podemos prepararnos, considera, si se hace una reforma fiscal progresiva enfocada en que las personas con mayores ingresos paguen lo que les corresponde. Y sostenible: tener fuentes de ingresos estables que permitan no tener las volatilidades del gasto federalizado.
“Y se necesita perspectiva de género –remarca–. Las mujeres no han sido incluidas en la elaboración de políticas públicas. Se ha hecho socialmente que se enfoquen en temas de cuidado y eso hace que se pierda un potencial muy importante en la participación laboral femenina, que ha crecido últimamente”.
“Esos datos existen. Muchas personas que trabajan en el gobierno los conocen, pero lo que falta principalmente es la voluntad de hacer la reforma fiscal. Es inevitable. A alguien le va a tener que tocar, pero nadie quiere tener la bolita porque aumentar impuestos, reintroducirlos, tiene un costo político muy importante y nadie quiere asumirlo.
Texto: Guillermo Rivera
