Anuncia el presidente López Obrador un plan para darles protección para que la delincuencia organizada y la de cuello blanco no los amenace, agreda e intimide o los obligue a declinar
Chilpancingo, Guerrero, 5 de marzo de 2021. Guerrero está entre los siete estados del país donde en este proceso electoral, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal ve mayores riesgos de seguridad y de que los candidatos sean cooptados por la delincuencia organizada, informó ayer la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.
Los estados son Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco, precisó la funcionaria federal en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Allí, el presidente anunció un plan para dar protección a los candidatos en estos estados, para que no los amenacen, agredan e intimiden, o los obliguen a declinar “por todo esto que se presenta en procesos electorales”.
Agregó que el gobierno federal enfrentará el problema para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, “no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco; que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, es decir, ‘este va a ser y hazte a un lado; si no, atente a las consecuencias’”.
López Obrador pidió a todos los candidatos a actuar con firmeza y “con aplomo” frente a las posibles amenazas del crimen organizado.
Sostuvo: “la libertad no se implora, se conquista. Y, de todas maneras, va a haber protección. Se está hablando con los gobernadores para que haya una acción conjunta de protección; sobre todo, a candidatos a presidentes municipales, que son muchos los que se van a elegir, muchísimos candidatos”.
López Obrador se pronunció a favor de que exista un acuerdo entre los tres niveles de gobierno para brindar la seguridad a los candidatos e, incluso, pidió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le dé seguimiento en la elección.
Rosa Icela Rodríguez informó que la SSPC “ha unido esfuerzos” con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias, en los estados donde habrá elecciones.
“Como ocurre con la incidencia delictiva en general, tanto la cooptación criminal como los asesinatos y demás actos de violencia se concentran en algunos estados. Más de la mitad de los eventos de violencia política, como asesinatos y heridos se han presentado, en este periodo, en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco, informó.
Y en seguida dijo que en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco “vemos más riesgos de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia”.
Agregó que en estos estados la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco “cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas”.
De septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales 64 personas fueron víctimas de homicidio, informó la funcionaria.
“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlado mediante campañas de miedo”.
Agregó que esto ha llevado al presidente de la República a decir que hay “un partido que intenta también competir, que es el partido del crimen”, estableciendo campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian”.
Dijo que en sus estrategias de violencia está el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión; “cooptan también acercándose a los precandidatos y se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos, en especie o les otorgan protección y personal, capital humano para sus campañas”.
Agregó que en algunas regiones, el crimen designa, o está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios, “tomando el control de las finanzas y extorsionan y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores”.
Agregó que por eso se hizo necesario prever los riesgos rumbo a la próxima elección, “en donde el objetivo es claro en este trabajo: detectar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesine, extorsiona, coopta, secuestra a aspirantes, candidatos y servidores públicos; sobre todo del ámbito municipal”.
“A más de tres meses de la jornada estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante intimidación y el aumento de su influencia política”, aseveró Rosa Icela Rodríguez.
Los puntos de plan
“Hoy presentamos este plan que, en primer lugar, es hacer un llamado a partidos y a autoridades electorales y otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley”, detalló Rodríguez.
“En segundo término, es importante establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, las fiscalías, autoridades locales, para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco”, añadió.
Se está consultando con los gobernadores la aplicación de esta estrategia en sus entidades con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas, dijo.
“También se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo con presencia de las fuerzas de seguridad.
“En quinto lugar, se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección.
“Y a raíz del diálogo entre instituciones, entre gobernadores, hemos coincidido en la necesidad de establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral”, expuso.
Finalmente, concluyó Rodríguez, es conveniente evaluar de manera semanal el avance de esta estrategia y presentar un informe en el gabinete, ir haciendo la evaluación de en dónde necesitan más apoyo.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Agencia Reforma
