Acapulco, Guerrero, 5 de diciembre de 2024.- Entre los años 2000 y 2023 en México se han registrado 210 agresiones a periodistas –29 de éstas en Guerrero, lo que lo sitúa en el segundo lugar nacional– y de las cuales una veintena han sido homicidios. Las agresiones vienen más de autoridades de gobierno que del crimen organizado y la justicia “queda en el aire” con mucha frecuencia, señalaron los investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Gabino Solano Ramírez y Margarita Jiménez Badillo.
En el Quinto Seminario Nacional RELADES 2024 El estudio de las violencias desde los márgenes, realizado este miércoles en un salón del hotel Ritz de la Costera, expusieron el análisis Diálogos: Violencia contra periodistas en México, 2000-2023 (Observatorio de violencia pi.evi-UAGro), que comenzó como un proyecto de Conacyt.
Con base en datos recopilados en notas periodísticas, organizaciones y testimonios, Jiménez Badillo dijo que la mayor incidencia de violencia hacia los periodistas fue en seis estados del país, que concentran el 63 por ciento: “la mayor gravedad la tenemos en el caso de Veracruz, el segundo lugar en Guerrero de violencia a los periodistas”, seguidos de Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca.
Detalló que las 29 agresiones en Guerrero consisten en una mujer y 19 hombres asesinados, tres desaparecidos y asesinados, dos desaparecidos, y una mujer y tres hombres desaparecidos y liberados.
Criticó que hay casos que tienen el nombre y apellido del agente de seguridad o el alcalde que agredió o amenazó al periodista, pero hay opacidad o negligencia y la justicia queda en el aire con mucha frecuencia porque, si en la Fiscalía abren el expediente, con diversos argumentos no se reconoce que ocurrió por su trabajo, que hay amenazas: “pasa una semana y ya no existe el periodista”, lo que es muy grave.
Dijo que las agresiones siempre tienen que ver con la cobertura informativa y lo que publican: que los periodistas están en doble vía de peligrosidad, por las autoridades o el crimen organizado, aunado a la revictimización por relacionarlos con problemas familiares o hasta sexuales, y solo en dos de los 210 casos se reconoce su profesión porque la justicia “se deslinda de los hechos”. Y en la mayoría de los casos no hay detenidos y si hay los liberan en unos meses.
“No sabemos si viene de las autoridades de gobierno, o viene de la policía, o viene de la Marina, de los militares o viene de el crimen organizado, porque además puede ser que el crimen organizado esté contratado para esos efectos por algún agente de gobierno, entonces, bueno, el asunto es en concreto que suceden los hechos y no se puede hacer señalamientos en particular de quién agredió”.
Jiménez Badillo expuso que del total nacional son 134 asesinados, 30 desaparecidos, 41 desaparecidos y asesinados, 5 desaparecidos y liberados, y que hay mayor incidencia en la tortura en los asesinatos y desapariciones, y el uso de arma de fuego. Mientras que, en tipo de cobertura, 94 de las víctimas seguían temas de seguridad y justicia, 90 de política y crimen organizado, y 26 de conflictos sociales y activistas.
Agregó que el 92 por ciento de los asesinados son hombres, y los picos de violencia ocurrieron en 2006, 2010, 2012, 2017 y 2022. En cuanto a los principales cargos que desempeñaban son 65 reporteros, 60 directores de medios, 23 corresponsales y 22 conductores de radio o televisión, y además es importante visibilizar las condiciones que enfrentan al tener que dedicarse a distintas actividades o medios de comunicación porque no tienen un salario base, el trabajo es mal pagado o son free lance.
Señaló que la mayor incidencia de la violencia ocurrió en la calle, con 69 agresiones que representan el 33 por ciento, en su vehículo 48 casos, y dentro o fuera de su casa 41.
También criticó que el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación es otra línea de acción porque no funciona, no tiene recursos o hay poco personal: hay 20 o 25 personas que estuvieron adscritas al programa y aún así fueron asesinadas o desaparecidas; sólo se hacen rondines en domicilios, se les da un teléfono o botón de alarma que no funciona, y si hay un agente no hace nada en el momento en el que le están disparando al periodista, y los periodistas usan mecanismos de autoprotección como cambiar sus nombres en las notas o mudarse.
A pregunta de reporteros de si hay más datos a detalle en Guerrero, Solano Ramírez dijo que la zona más fuerte es Acapulco y Chilpancingo, que cohabita con los grupos delincuenciales en competencia del territorio, y las autoridades niegan que la agresión fue producto del periodismo sino por problemas personales y ahí se cierra el ciclo de impunidad.
Invitó a hacer tesis, rastreo cualitativo, investigar los tipos de violencia que rodean el hecho, el poder fáctico, político y cómo se conectan. Añadió que hay dimensiones de las violencias, que este es un primer panorama, y después se buscará profundizar.
Los investigadores fueron reconocidos por algunos asistentes como “valientes” por estudiar este tema sensible. Uno de ellos mencionó que hay muchos tópicos que requieren mucha atención, no solo de represión sino quemar grandes cantidades de publicaciones como pasó con la revista Proceso en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, el espionaje con el software Pegasus en el de Enrique Peña Nieto, y que el periodista Taxco egresado de la UAG, Alejandro Almazán, denunció que “estaban torciéndole el brazo” con convenios de subsidio a los medios, por lo que también hay pequeñas mordazas que atentan contra la libertad de expresión.
Lamentó que los periodistas de Guerrero son los grandes héroes de la denuncia y la protesta, pero son agentes de la libertad de expresión por la mañana y taqueros por las noches, que en Tierra Caliente si entran sin autorización de ciertos grupos les quitan sus equipos. Periodistas que acudieron al acto también hablaron de incorporar mecanismos de autoprotección y atención a la salud mental.
Solano Ramírez expuso que el objetivo es buscar aliados, enriquecer el trabajo y pensar que el próximo año tendrán productos mucho más sólidos.
En el tema de salud mental la UAG creó un call center en la pandemia de Covid-19, aunque hay una idea de hacer una clínica con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en las Facultades de Derecho o Psicología y una maestría en intervención psicosocial.
Añadió que el problema es multicausal, por la impunidad, democratización, y que entre más impune se siente el político más tentado va a estar a atentar contra un periodista. Se requiere profesionalización del periodismo, protocolos de seguridad y atención porque viven y tienen condiciones de vulnerabilidad y eso tienta al poder.
Los investigadores destacaron que la pi.evi-UAGro es una de las pocas plataformas en el mundo que se pueden consultar y el esfuerzo más completo registrado, incluyendo a organizaciones como Artículo 19 y Periodistas de a Pie, con datos por casos por municipio, sistematizado, con gráficas interactivas.
Propusieron un análisis de violencia en cuanto a la cobertura de periodistas y sus actividades que son recriminadas por autoridades locales y el crimen organizado, así como la peligrosidad.
Texto: Yee Trujillo / Foto: Jesús Trigo
