Monitor de Guerrero
Marcos Méndez Lara
En Guerrero no hay ejercicios de gobierno abierto, aun cuando varios funcionarios y alcaldes, sin conocer realmente en qué consiste esta práctica, la adoptan en sus discursos sin ninguna responsabilidad. El portal electrónico del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por ejemplo, incluye este concepto en uno de sus slogans: Gobierno abierto y transparente. Otro ejemplo es el gobierno de Acapulco, que en febrero de 2016 publicó un boletín de prensa titulado “Reitera Evodio compromiso de encabezar un gobierno abierto y receptivo a la participación ciudadana”. Por su parte, en su primer informe de gobierno, el alcalde de Eduardo Neri aseguraba que las acciones realizadas por su gestión significaban “un avance sustancial para contar con un gobierno abierto, eficiente y transparente”.
Funcionarios del Ejecutivo del estado tampoco han escapado a esta tentación. Por ejemplo, el exsecretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, resaltó que desde el inicio del gobierno de Héctor Astudillo Flores se han realizado una serie de acciones para fortalecer el ejercicio de gobierno abierto y transparente, según un comunicado del 10 de julio de 2017. Y el propio Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 denominó a su eje V, Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente, pero no hay acciones para echar a funcionar este tipo de prácticas. Igualmente, el Ejecutivo del estado elaboró un Programa Especial Gobierno Abierto y Transparente para el mismo periodo, pero también carece de propuestas sobre gobierno abierto.
En suma, como la transparencia y la participación ciudadana en su tiempo, hoy el gobierno abierto se está convirtiendo en un concepto de moda, que hasta hoy sólo ha servido para adornar los pronunciamientos y documentos básicos de los gobiernos, pero nada más que eso.
Qué es el Gobierno Abierto
De acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), gobierno abierto es un modelo de gestión que se basa en los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para formular políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co creación entre autoridades y ciudadanos para la atención de los principales asuntos públicos.
Existen muchas definiciones sobre el concepto, y quizás los componentes clave son la construcción de espacios y mecanismos de diálogo y colaboración entre ciudadanía y gobierno para la resolución de problemas públicos; y especialmente la procuración de un ambiente propicio para generar la confianza y la legitimidad que requiere esa colaboración; cualquier rastro de duda o simulación puede acabar con todo esfuerzo de construir este tipo de prácticas, precisamente como ya sucedió en otros estados, en la experiencia federal y parcialmente en Guerrero.
El concepto de gobierno abierto obtuvo un nuevo y su mayor impulso en 2009, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un memorándum ejecutivo sobre Transparencia y Gobierno Abierto, cuyo sentido y alcances proponía una interacción entre gobierno y sociedad a través de la transparencia, la participación y la colaboración, utilizando como como instrumentos el internet y las tecnologías de la información y la comunicación.
En 2011, varios países constituyeron la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), con el objetivo de propiciar compromisos de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.
México fue uno de los países que se adhirió a la AGA, y en septiembre de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón presentó el plan de acción de México en el que se comprometió a aumentar la integridad pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la rendición de cuentas corporativas y mejorar los servicios públicos.
Cabe destacar que el AGA en México estaba coordinado por un secretariado técnico tripartita, integrado por la Secretaría de la Función Pública, el INAI y ocho organizaciones de la sociedad civil. Este esquema de gobierno abierto comenzó a promoverse en los estados y municipios a partir de 2015.
¿Gobierno Abierto en el estado?
En Guerrero se intentaron construir prácticas de gobierno abierto en 2016, pero el proceso quedó inconcluso. La iniciativa surgió de dos organizaciones, Guerrero Transparente y Ciudadanos por Municipios Transparentes, que establecieron contacto con funcionarios del gobierno del estado y del ayuntamiento de Acapulco, respectivamente, para que se sumaran a esta iniciativa que ya se había iniciado en otras entidades del país. El propósito era participar en la segunda convocatoria 2016, promovida por el INAI, para impulsar ejercicios de gobierno abierto en los estados.
El proyecto buscaba propiciar espacios de participación y diálogo (secretariados técnicos en los estados y municipios), por medio de los cuales autoridades, funcionarios y sociedad civil diseñaran e implementaran planes de acción local en los que plasmaran compromisos de gobierno abierto ambiciosos, realizables y relevantes para cada contexto local.
En su primera convocatoria de 2015, participaron 13 entidades federativas: Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí. En la edición de 2016 se incorporaron Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Campeche, Guerrero y Distrito Federal.
En el caso de Guerrero, el compromiso de adhesión se formalizó mediante la firma, el 21 de junio de 2016, de una Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, en la que participaron el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de la Contraloría; el ayuntamiento de Acapulco, por medio de su Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa; el Itaigro, INAI y dos organizaciones de la sociedad civil.
En los meses siguientes se organizaron dos actos abiertos para difundir la intención de poner en marcha prácticas de gobierno abierto en Guerrero, y la designación de un facilitador para moderar el proceso. Pero no se hizo más.
Hay diferentes factores que obstaculizaron la puesta en marcha del gobierno abierto en Guerrero. En el caso del ayuntamiento de Acapulco, el desinterés y la simulación que comenzaron a observar los funcionarios conforme avanzaba el proceso de co creación; y en el Ejecutivo del estado, la falta de fuerza en la toma de decisiones del anterior secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pues éste no pertenecía al grupo político del gobernador Héctor Astudillo, y prefirió administrar la secretaría con un perfil bajo.
En ambos casos también se observó una “burocratización de la agenda”, ya que los pasos sugeridos por el INAI para diseñar e implementar las experiencias de gobierno abierto se adoptaron en Guerrero de manera inflexible -en todos los estados hay circunstancias específicas que deben ser consideradas-, y siempre predominaron los tiempos y el ritmo del Itaigro y las instituciones gubernamentales que participaban en el proceso.
También hay que contar la “falta de sociedad civil” en el estado, la ausencia de organizaciones interesadas en este tipo de prácticas, y en general en la transparencia y la rendición de cuentas. Este déficit también puede explicarse porque no hay una disposición manifiesta para invertir tiempo y con frecuencia recursos financieros, sin que necesariamente se retribuyan. La falta de confianza en las instituciones gubernamentales es también un factor que desalienta la participación ciudadana, especialmente cuando aquellas se aprovechan de las iniciativas ciudadanas, o sus acciones son de simulación.
El caso Acapulco
La construcción de un ejercicio de gobierno abierto en el ayuntamiento de Acapulco se truncó precisamente por la simulación. En abril de 2016, Cimtra-Guerrero le propuso al ayuntamiento iniciar un diálogo para ubicar espacios de articulación entre ciudadanía y gobierno municipal y enmarcarlos como ejercicios de gobierno abierto. En ese marco, el ayuntamiento de Acapulco expuso su programa Lupa Ciudadana como un mecanismo para captar opiniones, comentarios, denuncias y quejas, a efecto de conocer cómo estaban funcionando los servicios proporcionados por el ayuntamiento, y propuso que Cimtra-Guerrero contribuyera a su promoción, difusión y seguimiento.
Por su parte, Cimtra expuso su interés por participar en la transparencia y seguimiento de la obra pública, y al respecto el ayuntamiento de Acapulco se comprometió a publicar una página electrónica especial sobre el tema con las versiones ciudadanas de los expedientes técnicos de las obras, el desglose del presupuesto anual del Fondo de Infraestructura Social Municipal, la propuesta de inversión, así como los avances físicos y financieros de las obras y acciones. Desde el principio, Cimtra dejó muy claro que su participación estaba condicionada a que hubiera compromisos y especialmente resultados concretos de las acciones que se acordaran.
Una vez que esta iniciativa fue aceptada como parte de la convocatoria de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016, como parte de la metodología del INAI se encargó la coordinación del ejercicio al Itaigro y se perdió la continuidad en el trabajo. A esto contribuyó también el cambio de funcionarios del ayuntamiento. Un año después de firmar la Declaración Conjunta, en junio de 2017, Cimtra-Guerrero se retiró del proyecto, ya que consideraron “que no se cumplieron los compromisos contraídos ni percibimos condiciones para que se concrete una colaboración de esta naturaleza”.
De manera particular se le hizo saber al ayuntamiento encabezado por Evodio Velázquez, que “Los compromisos hechos por el Ayuntamiento de Acapulco respecto de la obra pública municipal y del Programa Lupa Ciudadana, no se cumplieron”. Asimismo, se le expresó en ese entonces que “Al actual gobierno municipal de Acapulco le resta poco más de un año de gestión, tiempo que estimamos insuficiente para cumplir compromisos duraderos de Gobierno Abierto”.
El ayuntamiento redactó un escueto oficio en donde reiteraba “la voluntad y compromiso del Gobierno Municipal de Acapulco, en la búsqueda de la consolidación de un gobierno más abierto y transparente; estamos convencidos de que, con participación ciudadana, el camino a seguir para lograr los objetivos institucionales planteados al inicio de la administración municipal, será más asequible”.
Pero el ingrediente principal para la construcción de este tipo de ejercicios, la confianza, se había resuqebrajado.
También en la AGA
En el mismo mes en que Cimtra rompió con el ayuntamiento de Acapulco, en la AGA nacional también se presentaron acontecimientos que propiciaron la pérdida de confianza. Diez organizaciones integrantes del secretariado técnico tripartita de la AGA, abandonaron el proyecto porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no actuó de manera efectiva ante un caso de espionaje de diferentes oficinas del gobierno mexicano a investigadores y defensores de la salud en México, revelado en febrero de 2017.
“En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto”, acusaron las organizaciones en un comunicado.
Un informe publicado por el periódico The New York Times en febrero de 2017 descubrió la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres investigadores y defensores de la salud en México.
“Dos de estos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la Sociedad Civil y el gobierno en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en específico para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018”. Ante dicha situación, las organizaciones exigieron al poder Ejecutivo Federal y a los comisionados del INAI, contrapartes en el secretariado técnico tripartita, actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero todavía al día de hoy no ha habido una respuesta concreta.
El gobierno abierto es una tendencia de la gestión pública que parece irreversible. Aunque hoy se observan aún marcadas resistencias y obstáculos, las políticas públicas y los programas gubernamentales tendrán que nutrirse cada vez más con fórmulas donde la transparencia y la participación ciudadana tengan una intervención protagónica. Guerrero ya tuvo una primera oportunidad; es necesario esforzarse por otras más.
