En su primer informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dice que en sus investigaciones está la posible destrucción u ocultamiento de las grabaciones que habían hecho las cámaras de circuito cerrado de esas instalaciones en Iguala
Iguala, Guerrero, 11 de agosto de 2026. Antes de las modificaciones que se han realizado en el Palacio de Justicia de Iguala, derivado de las protestas de normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 jóvenes desaparecidos de manera forzada hace casi 12 años, El Sur documentó la existencia de al menos cinco cámaras de vigilancia en la parte externa del edificio que habrían captado momentos clave de los ataques a los estudiantes, así como la participación de corporaciones y el destino que habrían tomado con un grupo de jóvenes desaparecidos en esta zona de Iguala.
El 22 de septiembre de 2016 en la víspera del segundo aniversario de los hechos se dio la primera protesta en contra del Palacio de Justicia, ubicado a las afueras de Iguala junto a la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Chilpancingo y el entronque con la autopista a Cuernavaca.
Las protestas contra estas instalaciones iniciaron luego de que en su primer informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que encontró dentro de sus investigaciones la posible destrucción u ocultamiento de las grabaciones que habían hecho las cámaras de circuito cerrado de esas instalaciones.
Esas cámaras, de acuerdo con las investigaciones y testimonios de sobrevivientes, habrían captado desde su ubicación estratégica momentos clave de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, como la intercepción del autobús 1531, las corporaciones que intervinieron, cuántos estudiantes se habrían llevado de ahí y con qué dirección.
Por su ubicación, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia habrían captado sin problema los vehículos que entraron y salieron de Iguala aquella noche y el rumbo tomado, pues es la única vía de acceso y salida para Chilpancingo y los municipios de Huitzuco, Tepecoacuilco y la zona minera de Mezcala, así como la salida a Cuernavaca por la caseta de peaje, que es el rumbo que habría tomado el quinto autobús con una posible carga de dinero o droga, de acuerdo con una de las hipótesis.
El Sur documentó el 19 de agosto de 2015, en una inspección en la zona, la existencia de al menos cinco cámaras de videovigilancia en el edificio de cuatro niveles del Palacio de Justicia.
“En el exterior se observan cinco cámaras, dos en la parte superior, una al frente del edificio del lado de la carretera y la otra en el costado poniente, ambas con buena visibilidad hacia la zona en la que fue uno de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre, cerca del puente de la desviación que va hacia la caseta. Del puente hacia las cámaras de vigilancia hay una distancia no mayor a 150 metros”, se lee en la nota publicada el 19 de agosto de 2015.
Se indica que otras tres cámaras están instaladas en los accesos al edificio, dos en la puerta principal y una más en el portón principal de acceso al estacionamiento junto a la carretera federal.
Desde esa fecha, se informó que el GIEI denunció en un comunicado de prensa “la posible destrucción de una videograbación que da cuenta de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que grabaron las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala”.
De acuerdo con el grupo auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los videos que captaron las videocámaras existieron y fueron enviados a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de Lambertina Galeana Marín”, también detenida por estos hechos.
Los expertos señalaron desde entonces que “parece que tales registros videográficos fueron destruidos, si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”.
Derivado de esta destrucción de evidencia relacionada con los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el jueves fue detenido el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
Al día siguiente en la audiencia inicial, el juez del caso le dictó prisión preventiva, pero debido a que su defensa solicitó la duplicidad de término, la audiencia continuará este martes en la que se define si es vinculado a proceso o no.
Alejandro Guerrero/ Foto: Archivo
