Gaspard Estrada
El pasado lunes, miles de manifestantes inundaron las calles de Guatemala, respondiendo al llamado del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, para defender la integridad de las recientes elecciones del país. Unos días antes, Arévalo utilizó las redes sociales para convocar a sus partidarios, pidiéndoles que se unieran a él en Ciudad de Guatemala para presentar un recurso legal contra los que considera golpistas. Durante este mensaje, también se comprometió a llevar su denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Desde que surgió como uno de los dos finalistas en las elecciones presidenciales del 25 de junio, Arévalo –un candidato que hizo campaña para combatir la corrupción– ha visto cómo sus ambiciones presidenciales pasaron a ser acosadas por una parte significativa de la élite política y económica. Tras la segunda vuelta electoral, que ganó por amplio margen, se imaginó que las embestidas del gobierno actual terminarían. No fue el caso. La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, ha realizado una serie de acciones legales para desbaratar la victoria electoral de Arévalo y echar por tierra la voluntad de los votantes.
Estados Unidos ha sancionado anteriormente a Porras por su implicación en actos de “corrupción”. Después de que Arévalo se convirtiera en el favorito de la elección el 25 de junio, la oficina de Porras abrió una investigación sobre su partido político, el Movimiento Semilla, alegando que las firmas recogidas hace años para formar el partido eran fraudulentas. Su oficina también envió agentes de policía a allanar la sede del Movimiento Semilla, así como las oficinas del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Funcionarios del tribunal han criticado la redada por ilegal. Al parecer, los agentes de policía abrieron las cajas que contenían las papeletas de la contienda, una medida que, según los críticos, viola la intimidad de los votantes y compromete la integridad de las elecciones.
La fiscalía general ha defendido sus acciones como un control contra el fraude electoral, aunque los observadores electorales no partidistas han negado que haya pruebas de prevaricación generalizada. El lunes, el embajador estadunidense ante la OEA Francisco Mora denunció el comportamiento antidemocrático que observó en el Ministerio Público de Guatemala y otros organismos gubernamentales desde la victoria de Arévalo.
El mismo lunes, el Comité de Desarrollo Campesino –Codeca, una organización nacional que representa a las comunidades indígenas rurales– anunció que bloquearía carreteras para protestar por la supuesta interferencia electoral, a partir del día siguiente. También pidió la dimisión de los jueces y fiscales implicados. Mientras tanto, en Ciudad de Guatemala, líderes indígenas y otros manifestantes marcharon por las calles con pancartas que condenaban las recientes acciones como un “golpe de Estado”. El propio Arévalo apareció junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera, en la Plaza de los Derechos Humanos de Ciudad de Guatemala, mientras se preparaba para presentar su denuncia en persona ante la Corte Suprema.
Frente a esta situación, queda cada vez más claro que la transición del gobierno hasta la toma de posición de Arévalo, a finales de enero, será cada vez más tensa. En este sentido, cobra relevancia la decisión del presidente electo de no participar en el proceso de transición tal como estaba previsto por el gobierno, hasta que la campaña de hostigamiento en su contra termine.
Por su lado, la posición oficial del gobierno saliente es ambigua. En un comunicado, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, dijo que respetaba la decisión de Arévalo pero que no estaba de acuerdo con ella porque se había tomado como resultado de acciones ajenas al poder ejecutivo. Esta afirmación ha sido puesta en duda por numerosos actores políticos, que insisten en el vínculo intrínseco entre las acciones judiciales del Ministerio Público en contra de Arévalo y las posiciones del gobierno que está por terminar. En este sentido, parece indispensable mantener la presión sobre las autoridades guatemaltecas para evitar una crisis institucional.
* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada
