Chilpancingo, Guerrero, 12 de marzo de 2025. La defensora de derechos humanos, Nadia Maciel Paulino, advirtió que los datos que presentó la Secretaría de Salud estatal sobre la atención por violencia de género, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, generan muchas dudas sobre los servicios que reciben las usuarias.
En consulta telefónica aclaró que las organizaciones feministas saben, por su experiencia en los territorios, que hay mucha violencia sexual en las comunidades indígenas y afromexicanas, donde las mujeres no tienen acceso a servicios de salud.
Por lo tanto, consideró que la dependencia debe informar en qué ciudad o ciudades se realizaron las 13 interrupciones voluntarias del embarazo por violación, en los dos años que se reportan en el comunicado. Estimó que pueden ser casos sólo de Acapulco o de Chilpancingo, porque son muy pocas.
Si clasificaron 327 casos de violencia sexual, que representan violaciones, y sólo 13 tuvieron seguimiento de interrupción voluntaria, “¿qué pasó con las restantes 314 víctimas del delito?”.
Coincidió con otras activistas en que 13 abortos por violación en dos años son pocas respecto a las atenciones generales de aborto seguro, de 2 mil 844 egresos en 2023 y mil 730 egresos en 2024.
Recordó que en 2023, cuando se documentaron más atenciones, en Acapulco hubo un periodo largo de confinamiento por las afectaciones del huracán Otis, y pudo ser un factor del incremento de la violencia, porque niñas, adolescentes y mujeres se quedaron en casa, lo que pudo favorecer su vulnerabilidad y que haya habido más violencia sexual. En cambio, en 2024, con el huracán John, no se fue la luz y hubo mayor comunicación.
Consideró que la institución de Salud debe precisar cómo se catalogaron en las hojas de registro esos 4 mil 574 casos acumulados de aborto seguro, de 2023 y 2024; cuántos fueron por decisión y cuántos por violación, porque los dos son procedimientos voluntarios.
Reconoció los avances en las reformas para el acceso a la atención integral, sin embargo, dijo que “queda esta gran duda. Si las mujeres que acuden no sólo a los servicios de salud sino también a la Fiscalía del Estado por violación, ¿cuántas acceden a los servicios de manera segura, gratuita, sin poner en riesgo su vida? Y ¿cuántas más siguen haciéndolo en la clandestinidad? Porque seguramente hay organizaciones que siguen acom-pañando a mujeres, a niñas y adolescentes que siguen interrumpiendo embarazos de manera clan-destina, aunque segura”.
Aún con las modificaciones a las leyes y con los servicios abiertos, consideró que falta información en las regiones y comunidades, incluso en las lenguas indígenas.
Pugnó por la apuesta en la prevención, para que las víctimas no lleguen a los servicios de atención, si que haya hombres con nuevas mentalidades, que respeten los cuerpos de las mujeres. Subrayó que no hay campañas de prevención en las regiones.
Si no hay datos puntuales de las violencias en las zonas urbanas, conurbada o rural de los municipios con mayor población, “¿qué pasa en las comunidades indígenas o afro-mexicanas que están mucho más re-tiradas y no hay servicios de salud?”.
Añadió que en estas comunidades, donde hay mucha violencia sexual, “las mujeres, ¿cómo están accediendo al aborto o a través de quiénes? ¿Si lo están haciendo de manera segura? ¿Si hay quiénes han muerto en el intento?”.
Incluso aseguró que hay víctimas que llevan a término el embarazo y abandonan a sus hijos en algunos lugares. Por ello, insistió en la importancia que las instancias de gobierno destinen presupuesto para la prevención de la violencia sexual.
“Hay análisis de organizaciones, en el sentido de que muchos casos atendidos de aborto no son planeados, que son producto de la violencia sexual ya sea por sus parejas o por familiares cercanos, entonces es importante apostarle a la prevención y con esto disminuir no sólo la violencia sexual sino los índices de embarazos no deseados, los altos índices de embarazos adolescentes y muertes maternas por abortos clandestinos o porque son menores de edad y no puede llegar a término el embarazo”.
Indicó que la SSG tampoco observa las atenciones a las mujeres con transversalidad ni con perspectiva intercultural. “No es lo mismo que una mujer mestiza acceda a un aborto legal seguro a que una mujer indígena o afromexicana, porque se enfrentan a otras barreras culturales y lingüísticas”.
La especialista de género y salud reproductiva aclaró que el personal del sector Salud debe detectar violencias física, sicológica y sexual, que no se precisa en el boletín.
La SSG sólo menciona que se brindaron 40 mil 943 detecciones a mujeres mayores de 15 años unidas en pareja, de las cuales 6 mil 449, casi 16 por ciento, positivas en situación de violencia de género.
A estas 6 mil 449 víctimas de violencia, 327 son de violencia sexual. En conjunto, se les brindaron 18 mil 593 atenciones de primera vez y subsecuentes, es decir, que regresaron a solicitar servicios a las unidades salud.
Nadia Maciel explicó que pueden ser casos de atención psicológica que regresan a terapia o las víctimas de violencia física o sexual que llegan a emergencias y regresan por otros servicios. El promedio es de tres visitas de primera atención y subsecuentes, según los datos del boletín.
“Es otro dato alarmante porque indica que las mujeres están viviendo violencia feminicida de manera constante y que están regresando a los servicios de salud, ahí lo que se tendría que hacer es canalizarlas a otra instancia porque muchos de estos casos pueden terminar en feminicidio”, alertó.
Texto: Lourdes Chávez/ Foto: Tomada de Internet
