Hubo conflicto de intereses y opacidad, se violó el reglamento, la convocatoria, la carrera judicial, y hubo una flagrante contravención al principio de certeza jurídica, responde Perla Maldonado al magistrado presidente Alberto López Celis.
Chilpancingo, Guerrero, 9 de enero de 2020. En el proceso para designar a los 20 jueces del Poder Judicial, no sólo se incurrió en nepotismo, sino además hubo conflicto de interés, opacidad, se violó el reglamento, la convocatoria, la carrera judicial, “y hubo una flagrante contravención al principio de certeza jurídica”, insistió ayer la presidenta del Foro Guerrerense de Abogados y ex secretaria general adjunta del desaparecido Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial, Perla Maldonado Rodríguez.
En respuesta al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto López Celis, quien el martes rechazó que haya nepotismo en el proceso de selección de los jueces y aseguró que no fue el TSJ quien aplicó y calificó el examen, sino el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el TSJ de Durango, Maldonado Rodríguez dijo que el argumento “se los sacó de la manga” porque en la convocatoria no se estableció que serían estas instituciones las que calificarían, sino un comité colegiado.
La ex trabajadora del TSJ, quien fue despedida en el 2016 cuando junto con el resto de integrantes del sindicato denunciaron la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, dijo que de hecho, el presidente del TSJ no desmiente el fondo del asunto que es la presentación de amparos por las irregularidades del proceso y hasta admitió que ya se entregaron tres plazas a pesar de que no se han resuelto.
Agregó que el presidente del Tribunal debe aclarar dónde quedó establecido que el comité externo lo integrarían el Inacipe y el TSJ de Durango, “porque el reglamento habla de un comité evaluador y de un comité de carrera judicial y hasta el momento se desconoce quiénes integran esos comités”, aseguró.
Agregó que en cualquier concurso, se menciona en las bases cómo va a ser la mecánica, “no pudieron haber emitido una convocatoria ambigua como para que ahora estén argumentando que el comité lo integraron instituciones externas, quienes participan en un concurso tienen que saber desde el principio absolutamente todas las bases, por certeza jurídica tuvieron que saber (los participantes) a qué se atenían”.
Insistió que en la convocatoria no se estableció que el comité evaluador lo integraría Inacipe y el Tribunal de Durango.
Para la abogada, en el proceso hubo opacidad y no sólo se violó el reglamento y la convocatoria, sino que “hubo una evidente y flagrante contravención al principio de certeza jurídica porque esta se traduce en que se tiene que saber a qué se atienen los participantes del concurso”.
Sin embargo, añadió que en este proceso nadie supo quienes serían los integrantes del comité evaluador “y hasta ahora se vino a saber que se integró por el Inacipe de la PGR y por el Tribunal de Durango”.
Dijo que los magistrados pudieron haberse sacado de la manga el acuerdo “porque ellos pueden hacer lo que quieran, pudo haber sesionado el pleno del Consejo de la Judicatura que fue el que emitió la convocatoria”, expresó.
Maldonado Rodríguez insistió que en la selección no sólo hubo nepotismo “evidente”, sino también, conflicto de interés, cuando menos en el caso de Francisco Michelle Espinoza Larios, hijo del ex consejero Francisco Espinoza Grado.
“No puede ser que fue el Consejo el que emitió la convocatoria y participa el hijo de uno de sus integrantes, en este caso hay un conflicto de interés y no debió participar en el concurso, en todo caso debió haberse esperado que su padre saliera. Si lo querían ayudar cuando menos no hubieran actuado de manera tan evidente”, reprochó. Insistió que en este caso no pueden decir que no hubo nepotismo.
Añadió que igual hay pruebas en el caso de María Teresa Sánchez, sobrina del secretario general de acuerdos del TSJ Juan Sánchez Lucas. “Y de los otros también se presentaron documentos para argumentar los amparos y demostrar que existen lazos familiares entre los que fueron beneficiados con las plazas y los magistrados”.
Insistió que comprobaron con documentos que por nepotismo se favorecieron algunos de los que les aprobaron las plazas por el simple hecho de ser familiares de algún magistrado o funcionario.
Denunció que en el caso de la sobrina de Sánchez Lucas ni si quiera tenía tres años de experiencia jurisdiccional en el Tribunal.
Agregó que en este caso hubo una violación incluso a las bases de la convocatoria en la que se estableció como requisito tres años de experiencia, “y se entiende que la experiencia debe ser jurisdiccional al interior del Poder Judicial porque se está concursando para una plaza de juez y no puede ser experiencia vendiendo chicles”.
Añadió que aún cuando López Celis se deslinda y dice que los que concursaron no entraron a trabajar en su administración, es corresponsable de las irregularidades, “por la violación a la Ley Orgánica al permitírsele participar a gente que no proviene de carrera judicial, aunque ellos hayan hecho a modo el reglamento interior que regula la carrera judicial, el reglamento no puede estar por encima de la Ley Orgánica”, reprochó.
Texto: Zacarías Cervantes /
