Advierte el presidente que los que ordenaron el crimen y encubrieron a los responsables van a tratar de descarrilar la investigación y pide confianza a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos. Renuncia el fiscal especial del caso después de que la FGR declinó cumplir 21 órdenes de aprehensión. Queman dos camiones en el Palacio de Justicia de Iguala y lanzan piedras porque no hay justicia. Reclaman familiares a López Obrador que no ha cumplido su ofrecimiento de verdad y justicia
Ciudad de México e Iguala, Guerrero, 28 de septiembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno está recibiendo “muchas presiones, de todo tipo”, en la investigación del caso Ayotzinapa y pidió a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos confiar en que la indagatoria seguirá.
El mandatario habló de las presiones cuando en la conferencia de prensa matutina confirmó la renuncia del fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo.
López Obrador afirmó que el fiscal para el Caso Ayotzinapa renunció por diferencias en los procedimientos para aprobar órdenes de aprehensión.
“Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar a otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”, indicó el mandatario federal en la mañanera.
“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es resultado de la investigación”.
López Obrador dijo que su Administración está recibiendo muchas presiones, de todo tipo, en la investigación del caso y pidió a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos confiar en que la indagatoria seguirá.
“Que nos tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones, de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia, y que yo estoy acostumbrado a resistir, y como decía el general Torrijos: el que se aflige, se afloja”, indicó.
El jefe del Ejecutivo dijo que sus adversarios no deben estar pensando que van a poder descarrilar la investigación.
“Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante, sin limitaciones”, acusó.
“Son presiones, ya sabemos lo que viene después, vienen otras preguntas, van a querer enrarecer, y descalificar la investigación, no lo van a lograr y que sepan que así como nos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo, vamos a ser nosotros respetando la libertad de expresión, informando al pueblo de todo, y estoy atento a todo lo que está sucediendo”.
Renuncia el fiscal de Ayotzinapa después de que la FGR retiró órdenes de aprehensión
Omar Gómez Trejo presentó ayer su renuncia como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), después de tres años y tres meses en el cargo.
Su dimisión se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre, confirmaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).
La renuncia del fiscal especial del caso Iguala se da luego de que la FGR se desistió de cumplimentar 21 órdenes de aprehensión de las 83 que en total había girado un juez el pasado 19 de agosto.
En octubre de 2020, el fiscal general Alejandro Gertz Manero había empoderado a la unidad que dirigía Gómez Trejo con la facultad para conceder beneficios a testigos colaboradores, intervenir comunicaciones privadas, solicitar informes bancarios y ejecutar operaciones encubiertas.
La unidad podía solicitar el desistimiento de la acción penal en un proceso, la cancelación de una orden de aprehensión, la reclasificación del delito o pedir la prisión preventiva o el resguardo domiciliario para garantizar la comparecencia del imputado o la protección de las víctimas o testigos.
Gertz también autorizó al organismo investigador dictar el no ejercicio de la acción penal, antes de una audiencia inicial, y conceder los criterios de oportunidad, que significan la inmunidad penal para quien colabore con las investigaciones del caso Iguala.
En junio de 2019, la FGR nombró a Omar Gómez Trejo, ex consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala.
Gómez Trejo es abogado, maestro en derechos humanos y democracia y trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa Rica.
Después de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en los que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, fungió como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Centro Pro señala injerencia de mandos de la FGR en la renuncia
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que la renuncia de Gómez Tre-jo “evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR en la labor independiente que esta Unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”.
En un comunicado, la organización dijo que “ante la abundancia de información y posibilidad de que exista confusión, recalcamos la relevancia del balance que efectuará el GIEI próximamente, que como instancia internacional se encuentra en la posición más adecuada para fungir como fiel de la balanza”.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), también observó una intromisión en el trabajo de Gómez Trejo, quien renunció a la UEILCA después de tres años y tres meses en el cargo.
“Mi reconocimiento, respeto y respaldo a Omar Gómez Trejo, quien representó de los poquísimos espacios de investigación independiente a DH. Las injerencias a su trabajo violan el derecho de los 43 y sus familias, y a la sociedad, a la verdad y a la justicia”, tuiteó la comisionada.
El Centro Prodh sostuvo que la revelación de vínculos entre Guerreros Unidos y militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, es de primera relevancia y confirma la necesidad de que esa unidad militar rinda cuentas.
“También muestra los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres y las madres tenían absoluta razón al pedir que se investigara al Ejército”, expuso.
Un informe sin testar de la Comisión para la Verdad, cuya copia obtuvo Grupo Reforma, revela que, días después del asesinato de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014, criminales junto a funcionarios de los tres niveles de gobierno y del Ejército, operaron para desenterrar los cuerpos de los jóvenes en Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería.
Queman dos camiones en Palacio de Justicia de Iguala y lanzan piedras porque no hay justicia
Con una protesta en la sede del Palacio de Justicia en la que fueron quemados dos vehículos, una marcha y mítines en los que se reclamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplir su ofrecimiento de justicia y verdad del caso Ayotzinapa, la tarde de este martes concluyó en esta ciudad la jornada de lucha Por los Caminos de la Verdad para conmemorar el octavo aniversario de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En su retirada de esta ciudad poco después de las 6 de la tarde, más de 50 jóvenes encapuchados protestaron en la sede del Palacio de Justicia, quemaron dos vehículos, hicieron pintas y lanzaron piedras, botellas de vidrio y petardos a las puertas y ventanas.
A las 3:30 de la tarde, las madres y padres de los jóvenes desaparecidos hace 8 años, encabezaron una marcha en el Periférico Norte afuera de las instalaciones del Instituto Tecnológico, que llegó a Ciudad Industrial en la estela colocada en memoria de Julio César Mondragón Fontes, donde se colocó una ofrenda floral, se hizo oración e inició un mitin.
La señora María Concepción, madre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos, agradeció a las organizaciones, estudiantes y a los periodistas que los han acompañado durante estos ocho años, tiempo en el que dijo, no ha habido verdad ni justicia.
Reclamó que a ocho años no hay verdad ni justicia, pero advirtió al gobierno de la República, “no nos vamos a callar y vamos a seguir adelante hasta saber la verdad de lo que pasó con nuestros hijos, porque no es tan fácil llegar a ocho años sin saber nada de ellos”.
El primer mitin fue breve, y de allí el contingente en el que participaron viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco, miembros del Bloque Democrático de Iguala y profesores de la CETEG, regresó al Periférico y siguió hasta la esquina con la calle Juan Álvarez, lugar donde fueron asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo la noche del 26 de septiembre de 2014, donde fue el mitin principal con varias participaciones de los padres, madres, normalistas y organizaciones.
El abogado de las madres y padres de los 43 muchachos desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra a ocho años de los ataques contra los normalistas, advirtió que les preocupa la etapa en la que se encuentran, el momento procesal que se está viviendo con un gobierno que se comprometió aquí en la ciudad de Iguala frente a las madres y los padres a esclarecer los hechos, y que cuando era candidato (Andrés Manuel López Obrador) ofreció que iría hasta el fondo, que topara donde topara iría hasta las últimas consecuencias.
Señaló que los 24 que fueron absueltos en días pasados por un juez federal, en su mayoría son policías de Iguala, “esa es la respuesta y la justicia que hoy tenemos”.
Denunció que el gobierno federal culpa al Poder Judicial y éste a la Fiscalía General de la República (FGR), “esa es la tónica de este gobierno ahora, culparse entre ellos de sus fracasos, de las derrotas judiciales que están sufriendo y de las que nosotros no tenemos culpa, esa ineptitud del gobierno, la incapacidad de la Fiscalía y de los jueces para valorar una prueba de manera objetiva atendiendo el contexto de Ayotzinapa, pero al fin y al cabo el gobierno, al fin y al cabo el Estado mexicano contra nosotros, contra los padres y madres de familia”.
Dijo que “cuando se trata de una institución con poderes metaconstitucionales como es el Ejército, se arredra, va para atrás y retira las órdenes de aprehensión en detrimento de nosotros, cuando frente a las madres y padres de familia el fiscal general de la República (FGR) en Palacio Nacional informó frente al Presidente de la República la existencia de las órdenes de aprehensión, nos dio números, nos dio nombres, y ahora con qué cara o pretexto están retirando las órdenes de captura, eso es un claro retroceso”.
Recriminó que como en los gobiernos anteriores, este gobierno se empeña en atacar al “mensajero”, se empeña en atacar a quien lleva la voz y a quienes acompañamos a las madres y padres de familia.
Dijo que al igual que los gobiernos del PRI, de la derecha, también este gobierno acuña el mismo discurso, desprestigiando, descalificando y persiguiendo a quienes acompañamos de manera genuina y desinteresada a las madres y padres de familia, “primero el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora un gobierno que se dice progresista asume los mismos métodos de descalificación”.
El señor Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los tres normalistas que ha sido identificado en estos ocho años, advirtió que nadie los maneja como padres y madres, “no somos borreguillos”.
Pidió a los medios de comunicación decir la verdad y denunció que han estado atacando a sus abogados, “ya lo dije, a mí nadie me maneja y si voy a denunciar que debe estar en la cárcel Ángel Aguirre Rivero debe de estar porque el maldito es culpable igual que Tomás Zerón de Lucio”.
Denunció que le duele mucho que en estas calles haya caminado su hijo “cómo es posible que estos malditos militares no les hayan ayudado, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que estos asesinos estén en la cárcel”.
Por su parte la señora Cristina Bautista, llamó a que se castigue a todos los responsables de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, desde policías municipales, estatales y federales, de Protección Civil y el Ejército, “no nos cansamos de mencionar porque ellos participaron en la desaparición de nuestros hijos”.
Advirtió que cada día 27 estarán en Iguala mientras no haya justicia y castigo a los responsables, y pidió a los vecinos de esta ciudad su colaboración si es que tienen información de lo que ocurrió aquella noche o en los días posteriores, “necesitamos saber la verdad, dónde están nuestros hijos, no podemos retirarnos sin saber de ellos, tenemos más hijos pero nos hace falta el otro hijo”.
Palacio de Justicia
En su retirada de Iguala, poco después de las 6 de la tarde, unos 25 autobuses en los que viajaban las madres y padres de los 43 desaparecidos y alrededor de mil alumnos de normales del país, se detuvieron frente al Palacio de Justicia en la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Chilpancingo.
Unos cien jóvenes con el rostro cubierto hicieron pintas en las paredes del perímetro del edificio con consignas contra el gobierno y el Ejército, así como en memoria de sus 43 compañeros, mientras que con el uso de un camión de la empresa Pepsi que tomaron al término del segundo mitin, derribaron uno de los portones del estacionamiento, primero lo chocaron de frente pero al no poder abrir, el muchacho que lo manejaba lo lanzó de reversa y logró derribarlo.
Al ingresar por el estacionamiento, lanzaron piedras contra los cristales de las ventanas, botellas de vidrio y petardos en una acción de no más de 5 minutos, y en seguida incendiaron el camión arrojándole combustible y petardos.
En seguida otro grupo de jóvenes también derribó con otra camioneta de la empresa Bimbo la puerta principal del Palacio de Justicia, al cual le arrojaron varios petardos, algunos de ellos que metieron en el motor para lograr incendiarla mientras que en su cofre pintaron el número 43.
Al frente del edificio no lograron romper los cristales de las ventanas porque tienen protección con malla de acero, pero los de los laterales, que no tienen la protección, sí los destruyeron con piedras y petardos.
La protesta tardó poco más de 30 minutos, tiempo en el que estuvo cerrado el paso de automovilistas, y luego de lograr incendiar el segundo vehículo los manifestantes se retiraron; enseguida llegaron bomberos de Protección Civil estatal y municipal para apagar los dos vehículos con el uso de tres pipas.
Los dos carriles de ese tramo de la carretera fueron cerrados y la zona fue acordonada para las diligencias de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Texto: Agencia Reforma y Alejandro Guerrero / Foto: Alejandro Guerrero
