Demanda el ex coordinador de la CRAC la intervención del presidente López Obrador para que el fiscal especial para el caso Ayotzinapa acuda de inmediato al penal.
Chilpancingo, Guerrero, 24 de septiembre de 2019. El excoordinador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en prisión hace 4 años, Eliseo Villar Castillo dijo que internos del penal de Chilpancingo aseguran que conocen el sitio donde fueron enterrados los 43 cuerpos de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y que los testigos proporcionaron los datos de la ubicación al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, que ahora no atiende sus llamadas.
Reivindicado como preso político por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) que dirige el senador por Morena José Narro Céspedes, Villar Castillo demandó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar López Trejo, acuda de inmediato al penal de Chilpancingo para ir con los probables testigos al lugar de los hechos.
En una denuncia telefónica a la redacción indicó que, según esta nueva versión de internos que habrían participado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, dos integrantes de un grupo delictivo y un carpintero que observó en el lugar, los desaparecidos están en Guerrero.
Aseguró que hace tres meses establecieron comunicación con el subsecretario de Gobernación y sostuvieron tres mesas de trabajo en un almacén de archivos de una prisión femenil en Morelos, el 15 de junio, el 18 de julio y el 12 de septiembre, “siempre en el mismo lugar”.
Añadió que también proporcionaron la información a los representantes de los padres del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que dejaron el asunto en manos de la Comisión Presidencial, “es preocupante para nosotros porque estamos amenazados de muerte, por eso lo hacemos público”.
Aclaró que los detenidos en la prisión de Chilpancingo no son mencionados en las causas penales que abrió la extinta Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, sino que fueron aprehendidos por otros delitos en la entidad.
Pese a que han transcurrido 5 años de los crímenes de Iguala, afirmó que los cuerpos siguen en ese lugar, porque sus familiares avisaron a los detenidos que nadie ha ido a buscarlos.
También dijo que señalaron la ubicación de un autobús en el que fueron trasladados, pero no sabe si se trata de alguno de los vehículos señalados en la investigación.
Dijo que en la última reunión con el subsecretario Encinas, el funcionario que siempre iba acompañado tres personas, Neftalí, Eric y Aarón Mastache, les mostró imágenes satelitales en una computadora portátil de la ubicación del sitio señalado, y acordaron que los testigos iban a declarar ante el Ministerio Público federal, pero el agente les dijo que era mejor que esperaran al fiscal especial para abrir otra línea de investigación.
Sin embargo, transcurrieron los días y no saben nada de las autoridades federales, y dejaron de contestar los teléfonos a sus abogados.
Informó que los detenidos pidieron ser traslados a una casa de arraigo por su seguridad, pero saben que los representantes legales de los padres insisten en hablar con los implicados en la “verdad histórica”, cuando ya tienen información nueva en sus manos, “y nos arriesgan a todos, por eso me dirijo al presidente y que caminemos con esta investigación”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur
