Ediles del PRI, PAN, PRD, PVEM; policías; comandantes ministeriales y hasta un subprocurador han sido identificados por su presunta protección a grupos criminales de huachicoleros que operan en estos estados.
Puebla, Puebla, 18 de febrero de 2019. En la ruta del robo de combustibles existen autoridades locales emanadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y otros, que toleraron la presencia de bandas de huachicoleros en sus demarcaciones durante los últimos seis años.
Por ejemplo, varios alcaldes en Puebla han sido investigados y hasta detenidos por este ilícito.
Tanto así que los presidentes municipales que los sustituyeron han relevado los nexos de sus antecesores y de sus familias con el delito de la ordeña.
En julio de 2017, marinos detuvieron en Puebla a Pablo Morales Ugalde, edil de Palmar de Bravo (2014-2018) postulado por PSI-PAN-Panal-PRD, por tener supuestos nexos con grupos dedicados al robo de combustible y lavado de dinero.
El político, dueño de cuatro gasolineras, registró en 2015 movimientos financieros por 57 millones de pesos de origen presuntamente injustificado.
Las autoridades lo señalaron por adquirir 17 inmuebles, la mayoría en Puebla, con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, el 11 octubre de 2018 fue liberado y absuelto.
El priista Néstor Camarillo, ex alcalde de Quecholac, Municipio enclavado en el Triángulo Rojo del robo de gasolina, también fue investigado por la entonces PGR por sus posibles vínculos con la banda de Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, líder huachicolero en la zona.
José Alejandro Martínez Fuentes, edil de Quecholac desde 2018, es hermano de Antonio Martínez Fuentes, “El Toñín”, a quien se le atribuye el control de la ordeña de ductos de Pemex, en confabulación con miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además, en 2017 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo al Edil de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, por nexos con líderes huachicoleros.
Aunque pidió licencia para ausentarse del cargo mientras aclaraba su situación legal, en marzo de 2018 Velázquez Reyes solicitó permiso al Cabildo para dejar definitivamente su puesto.
Otro alcalde poblano indagado fue Rafael Núñez Ramírez, de San Martín Texmelucan, quien pidió licencia de 90 días para retirarse de su cargo para “no entorpecer las investigaciones” de la FGE en su contra por la supuesta protección a gasotraficantes en su demarcación.
En el municipio de Venustiano Carranza, el edil Rafael Valencia Ávila también fue ligado a la ordeña, tras la captura en agosto de 2018 de su esposa, Ilse Lucía Bernabé, junto con dos presuntos ladrones de huachicol en un cateo en viviendas del funcionario, donde fueron hallados 50 mil litros de combustible robado.
En ese mes, legisladores y dirigentes partidistas se pronunciaron a favor de que se investigaran los presuntos nexos entre el ex gobernador Rafael Moreno Valle y el clan de los hermanos Valencia Ávila, vinculados al robo de combustible en la entidad.
En 2017 también se reveló que los presidentes municipales Eduardo Barojas, de Esperanza; Juan Navarro, de Ciudad Serdán; Carlos Valdez, de Acatzingo; Filomeno Cruz, de Huixcolotla; Inés Saturnino, de Tecamachalco; José Luis Rechy, de Cuyoacao; Pablo Perez, de Tlacotepec; Leonardo Gómez, de Felipe Ángeles; Antonio Aguilar, de Acajete; David Huerta, de Tepeaca, y José Cruz, de Amozoc, estuvieron bajo la lupa de autoridades federales por presuntamente facilitar el robo de combustible, con la omisión de los gobiernos locales.
Tras la implementación de la estrategia antihuachicol del Gobierno federal las bandas de ordeña del Triángulo Rojo redujeron su actividad criminal en ese delito, pero la incrementaron en robo de gas LP y a transporte, plagios, cobro de piso, entre otros.
Señalan a Fiscalía de Hidalgo por solapar ordeña
La Policía Investigadora de la Procuraduría de Hidalgo está en la mira de las autoridades federales por su presunta protección a un grupo criminal de huachicoleros que opera en el estado, revelaron mandos del Ejército.
Comandantes ministeriales y hasta un subprocurador son los principales señalados en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que se nutren con información militar, de la Policía Federal y testimonios de detenidos.
Los huachicoleros tienen una red de piperos, bodegueros para acopiar combustible, franquiciantes y puntos de venta en todo el estado que, hasta enero, ocupaba el primer lugar en tomas clandestinas, incluyendo la que explotó en Tlahuelilpan y por la cual murieron 130 personas.
En esa red, sus principales compradores son grúas, camiones de las centrales de abasto, flotas de transporte público de carga y hasta de reparto de mercancías, de acuerdo con los mandos de la 18 Zona Militar, con sede en Pachuca.
Además, una parte de los recursos ilícitos obtenidos por el robo de combustible a Pemex se entrega a los comandantes de la Policía Investigadora como soborno por su omisión, según se indicó.
Los pagos llegan directo a un alto jefe de la Policía Investigadora, quien a su vez da parte del dinero a sus mandos e incluso a un subprocurador, según la indagatoria.
Actualmente, la Procuraduría está a cargo de Raúl Arroyo, quien tiene tres subprocuradores: Porfirio Gutiérrez, de Procedimientos Penales Región Oriente; Julio César Trujillo, de Procedimientos Penales Región Poniente, así como Mario Rico Moreno, de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
Conforme el directorio, Marco Antonio García Cornejo es director de la Policía Investigadora; Arturo Cruz Rosales, Primer Comandante de la Dirección General de la Policía de Investigación, y Julio César González Baños, Fiscal Anticorrupción.
La investigación detectó incluso que, una vez recibida la ganancia del combustible robado, los funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo y los huachicoleros la invierten en la compra de terrenos para construir casas y venderlas.
Asimismo, adquieren lotes de autos para ofrecerlos a precios módicos y lavar el dinero ilícito.
Diversos funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo poseen empresas ligadas a la construcción, principalmente operadas por familiares y testaferros, según esas pesquisas.
Fuentes federales indicaron que la dependencia hidalguense, con 400 ministeriales y 200 peritos, no ha registrado cambios en su estructura, lo que permite la continuidad del “modus operandi”.
En julio de 2018 asumió la titularidad de la dependencia Raúl Arroyo, pero el resto de sus integrantes fueron ratificados.
Además, al cierre de 2018 el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que la Procuraduría estatal tenía reprobado a uno de cada cuatro de sus policías ministeriales.
Texto: Benito Jiménez / Agencia Reforma / Foto: Europa Press
