Abelardo Martín M.
Una de las banderas de campaña del candidato (hoy presidente constitucional) Andrés Manuel López Obrador, era una impartición de justicia, oportuna, transparente y sin rasgos partidistas, de revancha o venganza de algún tipo. Inclusive los mexicanos han estado ávidos de un sistema judicial que corresponda a las ofertas electorales, que siempre se han visto enfrentadas a una realidad burocrática difícil de romper y no se diga superar. Las denuncias constantes y la opinión pública prevaleciente de un sistema de justicia distorsionado, en especial por intereses económicos, o sea por corrupción, prevalecen en la población.
Más declaraciones que acciones han puesto de manifiesto el propósito de la 4T de transformar, reformar, limpiar y construir un aparato de justicia que responda cabalmente a su denominación, y terminar con vicios ancestrales, intereses personales inconfesables, compadrazgos y parentescos que predominan en el aparato judicial mexicano. No ha sido sencillo ni fácil no sólo el diagnóstico, sino mucho más difíciles las soluciones que se requieren.
Uno de los temas más peliagudos tanto en investigación como en la determinación de responsabilidad ha sido sin duda el asesinato de 43 jóvenes en Ayotzinapa, problema que se identifica con la debilidad, complejidad y prevalencia de intereses alejados de la justicia que caracterizaron al gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto. La ineficacia en el manejo de este problema lo persiguió durante todo su sexenio y aunque se acuñó la “verdad histórica”, lo cierto es que la solución fue mediática, no de auténtica o genuina justicia.
Luego de que se diera a conocer el informe de la “Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”, cuya conclusión es que la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala hace casi ocho años fue un crimen de Estado perpetrado con la complicidad y la cobertura de funcionarios, policías y militares provenientes de los tres niveles de gobierno, la aprehensión del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, es la primera acción en la ruta de intentar un esclarecimiento definitivo de los hechos.
El ex procurador general de la república Murillo Karam, con una larga y destacada trayectoria en el servicio público tanto en Hidalgo como en la federación, se convirtió en víctima del enredo de las investigaciones y del mal manejo del asunto tanto en lo referente a la impartición de justicia, pero en especial al manejo mediático del mismo, caracterizado por la mentira, el montaje, o las “soluciones” mediáticas que se convirtieron en pesado lastre.
Si bien ya existía desde hace mucho una orden de aprehensión contra Tomás Zerón, en ese momento director de la Agencia de Investigación Criminal, que no ha podido cumplirse porque el acusado se refugió en Israel, ahora se señala como implicados a una veintena de mandos de diversas instituciones gubernamentales, supuestamente cómplices del cartel conocido como Guerreros Unidos.
Pero mientras fue notable la premura con la que se actuó en la aprehensión de Murillo Karam, no parece ser el caso con las demás personas señaladas, pese a que están perfectamente identificadas y en algunos casos incluso son todavía servidores públicos.
El gran reto de las actuales autoridades y del sistema judicial, será probar conforme a derecho las acusaciones vertidas y construir de manera verosímil una versión sustentada en pruebas que sustituya a la que se llamó la “verdad histórica”, y que no se perciba como una estrategia instrumentada con fines políticos.
De lograrlo, se sentaría un precedente para cimentar un verdadero estado de Derecho en México, una carencia advertida desde fines del siglo pasado, que ha impedido que la justicia impere y ha propiciado los niveles de impunidad con los que la delincuencia de todo tipo actúa.
Por lo pronto, el gobierno federal ha aprovechado la coyuntura para declarar lo que también era evidente, pero nadie se atrevía a manifestar: no existen indicios de que los normalistas estén vivos.
Los hechos de Iguala se convirtieron en un hito porque las víctimas fueron jóvenes estudiantes, y por la capacidad de respuesta de la escuela a la que asistían, así como por la organización que construyeron los padres de familia en los meses y años siguientes.
Antes y después, muchos otros crímenes han sido cometidos por las bandas organizadas de criminales, sin que las instituciones gubernamentales hayan sido capaces de responder, contener y erradicar los daños a habitantes y comunidades.
Por ello es que hoy tenemos un contexto en que la violencia y las muertes ligadas al narcotráfico y la actividad criminal son mayores y más escandalosas, en Guerrero y en toda nuestra geografía, particularmente en el centro y el norte del país.
Lo acabamos de ver en los aquelarres delincuenciales recientes que han tenido lugar al mediar el mes en ciudades fronterizas y del Bajío, y lo vivimos cotidianamente en suelo guerrerense, sobre todo en sus zonas calientes.
Grupos de madres y familiares de desaparecidos buscan cadáveres en las entidades del territorio nacional donde la delincuencia organizada ha sentado sus reales, cuyo poder es tal que los deudos hasta tienen que pedir permisos y treguas para llevar a cabo sus exploraciones.
Todos estos crímenes difícilmente habrían sucedido sin la connivencia de autoridades de todos los órdenes de gobierno. ¿Cuántas comisiones de la verdad y la justicia requeriremos para todo lo que ha ocurrido en México? Sin duda muchas y resultarían, a todas luces, insuficientes e ineficaces para garantizar la impartición de justicia que urge en el país. Ojalá Ayotzinapa, de caso emblemático de problema, se convirtiera en ejemplo de actuación por parte de la autoridad y de quienes son responsables de la impartición de justicia en México.
