Lenin Ocampo Torres

Totomixtlahuaca, Tlacoapa

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) cumplió 28 años de su creación con el objetivo principal de defender su territorio de la inseguridad. Se conmemoró con una asamblea en la comunidad indígena de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la que se acordó seguir defendiendo el territorio, pero ahora de las mineras.
La asamblea también acordó exigir la aprobación de la reforma indígena y afromexicana, la libre determinación de los pueblos, propuso que en el reglamento interno de la CRAC se establezca el feminicidio como delito grave y que no se castigue a las mujeres indígenas por interrumpir el embarazo.
El fin de semana se reunieron en la cancha del pueblo promotores, consejeros y policías comunitarios de las Casas de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla; Espino Blanco de Malinaltepec y la Casa de Enlace de San Juan Escalerilla de Zapotitlán Tablas, donde discutieron en cuatro mesas de trabajo: Reflexiones y propuestas del nuevo reglamento; Reconocimiento constitucional y legal de la CRAC-PC; Derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y los problemas, y Desafíos de la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario.
Ayer terminaron la celebración con una marcha en la que más de mil integrantes de la CRAC-PC armados caminaron desde la comunidad Las Palmas hasta Totomixtlahuaca; en medio de la música de viento corearon frases en defensa de su territorio y gritaron las consignas: ¡Zapata vive, la lucha sigue!, ¡El pueblo unido jamás será vencido!, ¡Viva la Policía Comunitaria de la CRAC!, ¡Rifle, cañón y escopeta, a la CRAC se le respeta!
La marcha comenzó a las 10 de la mañana, con los policías indígenas vestidos de verde olivo y escopetas en mano, caminaron ante la mirada de pobladores na savi (mixtecos), me’phaa (tlapanecos) y afromexicanos que viven en Totomixtlahuaca.
Ya en la cancha de la comunidad leyeron los resolutivos, en los que destacaron la defensa del territorio contra al menos 50 concesiones mineras que desde el 2011 el gobierno federal pretende entregar a empresas canadienses e inglesas principalmente.
En ese lugar tomó la voz el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tachinollan y asesor jurídico de la CRAC-PC, Vidulfo Rosales Sierra quien propuso que el gobierno federal otorgue el derecho ancestral de los pueblos para ser dueños de las tierras y que se apruebe ese derecho en la reforma indígena y afromexicana “para que las comunidades ya no vivan amenazadas por las empresas mineras que quieren apropiarse del territorio”.
Recordó que en 1995 se conformó el sistema de justicia comunitario y “con ello se abatió el problema de la inseguridad y la delincuencia que reinaba en nuestras regiones de la Costa Chica y Montaña del estado”.
“Sin embargo, se nos siguen negando los derechos; en el gobierno de Héctor Astudillo se aprobó la ley 701 que reconocía nuestros derechos, se hizo una reforma constitucional y desapareció la CRAC de ese texto constitucional y no sólo eso, se sigue negando a los pueblos indígenas su derecho de ser propietario ancestral de las tierras, de sus territorios, del agua, de los minerales, de todos los recursos naturales que tenemos, cuando los pueblos indígenas fuimos los primeros pobladores, somos dueños de estas tierras” exclamó ante la asamblea.
Vidulfo Rosales pidió “que los pueblos se sacudan el miedo para luchar y exigir que sean sujetos de derechos”, que los pobladores sean libres de elegir sus propios gobiernos “y no sean los políticos los que lleguen a decir lo que se debe de hacer”.
Finalmente urgió que se apruebe la reforma indígena y afromexicana a fin de que derechos de autogobierno, representación política, jurisdicción indígena y otros sean reconocidos en la Constitución.

Los resolutivos

El sábado se llevaron a cabo las mesas de trabajo: Reflexiones y propuestas del nuevo reglamento; reconocimiento constitucional y legal de la CRAC-PC; derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y los problemas, y desafíos de la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario.
Dentro de estas cuatro mesas destaca la última, donde las mujeres reclamaron que a pesar de tener un cargo no se toma en cuenta su opinión e insistieron que la violencia contra la mujer ha ido en aumento.
Propusieron que deben involucrarse más para resolver conflictos en cuanto a casos de mujeres y deben tratarse con perspectiva de género, “porque las mujeres conocen los contextos diferenciales de las mujeres en las comunidades, debe tomarse en cuenta que algunas mujeres están en situación de pobreza y de marginalidad”.
Otra de las inquietudes fue la legalización del aborto y propusieron que en el reglamento esté el derecho a decidir sobre sus cuerpos, como lo establece la ley antes de las 12 semanas de gestación y no sean castigadas por interrumpir su embarazo.
También exigieron que el feminicidio se establezca como delito grave y que sean las mismas mujeres que formen comisiones para tratar esos casos y en el reglamento se contemple la violencia familiar para prevenir esos crímenes.
En la mesa uno se acordó realizar movilizaciones ante el Congreso del Estado para exigir un reforma a la ley indígena y afromexicana.
En la segunda mesa se plateó defender el territorio y prohibir actividades mineras. Además de hacer campañas en las comunidades para la defensa de los recursos naturales y en las escuelas para que las nuevas generaciones aprendan a defender y luchar por el territorio.
Y la tercera mesa busca el reconocimiento del autogobierno en la Constitución federal, para que los pueblos tengan el poder y decidan como quieren ser gobernados y tengan su propios gobiernos.
Propusieron que como sistema comunitario tengan representación ante el congreso para ejercer sus derechos.
Todos los acuerdos de las mesas fueron leídos al finalizar la marcha de ayer en la cancha de Totomixtlahuaca, donde participaron representantes de 80 comunidades y en una asamblea donde estuvieron al menos mil 500 asistentes que aprobaron los resolutivos.
La CRAC-PC nació en octubre de 1995 por la inseguridad y la violencia que asolaba en la Costa Chica y Montaña en aquellos años, y ante la inacción de gobiernos municipales, estatales y federales.
Ahora está conformada por la casa matriz de San Luis Acatlán y las casas de Justicia de Espino Blanco, Zitlaltepec, Caxitepec y El Paraíso.