José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla, informó que analizarán los alcances de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Corte determinó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no tenía facultades para fiscalizar presupuesto federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en la Cuenta Pública 2023.
“Hay que decirlo muy claro, la Suprema Corte, como máximo tribunal en cuanto al tema legal, ha emitido un fallo, y esto deja muy claro las competencias de los estados en relación a las competencias de los fondos federales no son compatibles”, dijo Badillo Escamilla.
En entrevista en el Congreso después de la presentación de la Convocatoria del Parlamento Juvenil 2026, Badillo Escamilla reconoció que la resolución de la Corte abrirá un debate sobre el alcance de las facultades de la Auditoría Superior del Estado (ASE), sobre todo en una entidad como Guerrero, donde la mayor parte del presupuesto público son aportaciones federales.
“La postura del Congreso es muy clara, nosotros acatamos las determinaciones de la Suprema Corte”.
En el caso concreto de la ASE, instancia que inició todos los procedimientos que derivaron en la sentencia de la de la SCJN, Badillo Escamilla dijo que merecerá analizar su actuar posteriormente, Y estoy hay que dejarlo muy claro para no politizar más el tema”.
Ante dicha sentencia, que determinó que la ASE no puede fiscalizar presupuesto federal, Badillo Escamilla mencionó que también habrán de revisar el nuevo convenio firmado entre la auditoría estatal y la federal, para garantizar la “certeza jurídica a la fiscalización de recursos federales en Guerrero y evitar que se repita un caso similar”.
“Habría que ir analizando el momento y las circunstancias de cómo fue esto escalando hasta llegar a la Suprema Corte, esto incluyó amparos, notificaciones y expedientes en tribunales locales hasta que fue escalando hasta la Suprema Corte”.
Badillo Escamilla explicó que el caso se originó a partir de un convenio que en su momento, fue interpretado por la Auditoría estatal como sustento para revisar esos recursos; sin embargo, el Ayuntamiento de Acapulco impugnó esa facultad al considerar que dicho convenio no autorizaba la fiscalización del fondo federal.
“Bajo esa lógica y bajo esa interpretación de la ley que en ese momento se tenía, pues hoy ya quedó dirimida ante la máxima representación judicial por la Suprema Corte”.
El legislador morenista aclaró que, por ahora, el Congreso no emitirá una postura política sobre el actuar del auditor superior del estado y que primero se revisará la resolución, así como las implicaciones legales y administrativas del caso.
“Tenemos que ser muy responsables… somos garantes de la correcta interpretación de la ley”.
Sobre la posibilidad de llamar a comparecer al auditor superior del estado, Marco César Paris Peralta, o revisar su permanencia en el cargo, Badillo Escamilla evitó adelantar una postura y sostuvo que cualquier decisión deberá pasar primero por un análisis al interior de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.
“Yo no me adelantaría a hacer un juicio a posteriori, somos un órgano colegiado y las decisiones se toman en base a acuerdos”, respondió al preguntarle sobre una eventual remoción del titular de la ASE.
Badillo señaló que el fallo de la Corte se limita al tema de competencias y no resuelve el destino de los 898 millones de pesos observados al Ayuntamiento de Acapulco, por lo que recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí tiene facultades para revisar recursos federales y que espera que el caso sea incluido en el programa anual de auditorías, y en la auditoría forense que harán este 2026 al ayuntamiento de Acapulco.
“Estamos hablando de competencias”, insistió el diputado, al subrayar que la resolución de la SCJN no determina si hubo o no irregularidades en la aplicación del dinero, sino únicamente qué autoridad estaba facultada para auditar.