Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente de la Segunda Sala Penal con sede en Acapulco, Edmundo Román Pinzón, asesinado ayer al salir del Palacio de Justicia de Caleta, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) durante el periodo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011).
El 5 de abril de 2006 fue nombrado presidente del Poder Judicial en sustitución de Raúl Calvo Sánchez, un año después de su nombramiento como magistrado en el Congreso local.
Pero Román Pinzón fue nombrado dos veces magistrado por el Congreso local. En mayo de 2005, cuando obtuvo el ascenso de juez a magistrado, y ya presidente del Poder judicial, en 2006.
La controversia fue resultado de una sentencia del Poder Judicial que ordenaba al Congreso local la restitución del magistrado de Guerrero, José Luis Bello Muñoz, que anulaba el primer nombramiento de Román Pinzón como magistrado.
Para recomponer su posición, volvió a ser electo presidente TSJ por unanimidad de los magistrados del Poder Judicial, tras el segundo nombramiento de magistrado.
Ha sido una regla en Guerrero que los gobernadores se acompañen en sus mandatos con representantes del Poder Judicial de su confianza.
Así, Román Pinzón dejó el cargo con el siguiente gobierno inconcluso de Ángel Aguirre Rivero, que promovió la elección como presidente del magistrado Jesús Martínez Garnelo.
Como presidente del TSJ, Román Pinzón acudió a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a responder una demanda presentada por la la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Centro José María Morelos y Pavón, sobre la criminalización de la protesta social, en octubre de 2010.
También conoció del caso de Benigno Guzmán Martínez, preso político acusado de diversos delitos con motivo de las movilizaciones de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que denunció la masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. El luchador social fue liberado en diciembre del mismo año, 2010.  Como integrante de la Segunda Sala Penal del TSJ en 2015, presentó el proyecto del recurso de apelación del juicio del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades de la presa Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, acusado por robo calificado, privación despojo, que promovió un empresario gravillero Humberto Marín Molina.
Las organizaciones sociales denunciaron entonces la criminalización del defensor de derechos humanos que ha enfrentado y litigado muchos procesos en diferentes momentos para demostrar su inocencia. La sentencia del magistrado permitió revocar el auto de formal prisión y dictar el auto de libertad de Suástegui. Los argumentos de la resolución permitieron también la libertad de la integrante del Cecop, María de la Cruz.
A la fecha, Román Pinzón es reconocido por algunos activistas por la apertura al diálogo.
De acuerdo con sus datos curriculares, el magistrado hizo estudios de doctorado. Sus últimos tres cargos en el TSJ fueron magistrado, magistrado presidente del TSJ y magistrado de la Segunda Sala Penal. Recientemente había sido nombrado presidente del órgano colegiado.
La Sala Penal del Poder Judicial se encarga de resolver los recursos de apelación que se presentan en contra de las sentencias de los jueces de primera instancia, relacionadas principalmente con autos de vinculación a proceso, autos de libertad y sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por jueces de primera instancia.
Desde 2020, cuando se suprimieron las salas penales unitarias del Sistema Penal Acusatorio en las ciudades de Zihuatanejo, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Coyuca de Catalán, el personal de estas salas se asignó a las nuevas salas creadas en Acapulco, o se readscribieron a otros órganos jurisdiccionales lo que representó una mayor carga de trabajo. En general, los asuntos que atienden los juzgados no tienen mayor difusión pública que en lo formal.