La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó la muerte de 28 internos en el penal de Las Cruces en Acapulco, de los cuales cinco fueron decapitados, y advirtió que prevalece en México una situación de violencia carcelaria por los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada.
En un comunicado fechado ayer en Washington, la CIDH recordó que en dos ocasiones el año pasado expresó su preocupación por “la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectiva para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal” de los presos en las cárceles del país.
En los boletines publicados el 18 de febrero y el 23 de junio de 2016, la CIDH se refirió a los enfrentamientos en el penal de Topo Chico, Nuevo León, y condenó la muerte de 49 y de tres personas privadas de la libertad en dos eventos, como resultado de motines iniciados por el enfrentamiento entre grupos contrarios.
Asimismo, recordó que el informe La situación de derechos humanos en México, señaló la situación de inseguridad y las condiciones que permiten o propician hechos de violencia entre los internos, como patrones comunes y las causas estructurales de la problemática carcelaria.
Respecto a Acapulco, indicó que el organismo tuvo conocimiento de que a alrededor de las 4 de la madrugada del 6 de julio , en el Centro de Reinserción Social de Las Cruces, tuvo lugar un motín derivado de la pugna permanente de grupos contrarios, que habría iniciado en el módulo “de máxima seguridad”, donde se alojan los internos acusados de formar parte de la delincuencia organizada.
A partir de la información oficial, supo que 28 internos perdieron la vida, tres resultaran lesionados, y de acuerdo con imágenes difundidas en la prensa, “por lo menos cinco personas habrían sido decapitadas”.
En este tenor, saben que el gobernador Héctor Astudillo Flores, instruyó a la policía y a la Fiscalía General del Estado a realizar un operativo para recobrar el control del centro penitenciario, y horas después, la Fiscalía comenzó las investigaciones respectivas.
Por lo anterior, la CIDH subrayó “que los Estados como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, la integridad del personal y de los reclusos; entre ellas, asegurar la seguridad interna en los establecimientos penitenciarios, mediante la prevención efectiva del ingreso de armas, y el control de la actividad de las organizaciones criminales” en las cárceles.
De oficio, dijo que los Estados tienen la obligación de investigar todas las muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. “Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables. El Estado ha informado a la CIDH que existe una investigación en curso, y la Comisión dará seguimiento a la misma”.
Llamó al Estado a investigar el caso “con la debida diligencia, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes”.
En el informe La situación de derechos humanos en México fechado el 31 de diciembre de 2015, la CIDH indica que los patrones comunes y estructurales de los penales federales y estatales de México son: hacinamiento, corrupción y autogobierno descontrolado en aspectos de seguridad y acceso a servicios básicos. Asimismo, violencia entre internos, falta de atención médica, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, falta de atención diferenciada a grupos de especial preocupación, maltrato por parte del personal penitenciario y la falta de mecanismos efectivos para la presentación de quejas.
Señaló que la sobrepoblación trae como consecuencia el incremento descontrolado del autogobierno por falta de supervisión de la autoridad penitenciaria, y que el personal de custodia es insuficiente, labora en condiciones precarias y no cuenta con elementos para desempeñar su labor.