El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que el conflicto con la minera Media Luna, en Cocula, donde se denunció la muerte de dos trabajadores que participaban en el paro laboral, tiene “varios efectos”: que los trabajadores dejen de percibir sus salarios, porque no están trabajando, y que se ahuyente la inversión en Guerrero.
Sin embargo, afirmó que un conflicto sindical sale del ámbito del gobierno del estado, en declaraciones después del desfile conmemorativo de la Revolución mexicana.
Al mediodía, los huelguista denunciaron el asesinato de dos trabajadores paristas, cuando comenzaba la negociación para solucionar el conflicto entre el sindicato de mineros y la empresa canadiense Torex Gold Resources, matriz de la Media Luna. Los mineros responsabilizaron a la propia minera, a la CTM y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En entrevista colectiva Astudillo Flores señaló que el tema era “muy delicado”, comenzando con el daño a alrededor de 800 trabajadores de esa empresa, que no están trabajando, y por lo tanto, dijo que “será complicado que reciban sus ingresos normales como trabajadores de la mina”, además de 10 mil personas que tienen relación comercial con la minera, que también están sin poder trabajar.
Aunado a que ahuyenta la inversión, “estos hechos, que se han presentado alrededor de la mina Media Luna, pues indiscutiblemente espantan a cualquier inversionista que haya venido a Guerrero o que pueda venir a Guerrero, es muy delicado este asunto”.
Aseguró que está en permanente contacto con ellos (la empresa) pero, el asunto laboral escapa de la influencia estatal.
Insistió en que el conflicto “está haciendo demasiado daño”, incluso señaló que el efecto llegó a la bolsa de valores de Canadá, porque esta minera tiene un potencia económica muy fuerte, “sin duda este conflicto de carácter laborar, más sus consecuencias de violencia alrededor de los pueblos, sin duda está trayendo enormes prejuicios”.
Cuando se le mencionó que grupos policías comunitarios en la zona podrían estar implicados en los hechos de violencia contra los mineros, los mismo que recibieron el apoyo inicial de la minera y del gobierno del estado, opinó que el conflicto crece “hacia adentro y hacia afuera”.
En otro asunto, adelantó que sobre seguridad esta semana continuarán los diálogos con los actores políticos y sociales, para firmar un pacto social.
Reconoció que “faltan algunas otras”, pero sigue la misma dinámica y al final de cuentas habrá precisiones, “pero yo creo que una de las cosas que voy adelantar, sin duda, es el que se modifique el presupuesto de seguridad en el estado”.
Hasta la semana anterior, el gobernador se reunió con representantes del PRI y el Partido Verde, que en alianza lo postularon como candidato en 2015. Aún están pendiente los encuentros con los partidos de oposición.
Aclaró que también conversará con grupos de la sociedad civil, para cerrar los diálogos alrededor del 15 de diciembre.
En cuanto al problema financiero del ayuntamiento de Chilpancingo, que dejó de pagar los salarios de trabajadores en la primera quincena de noviembre, consideró que la propia administración debe hacer un análisis de la situación que enfrenta, porque ninguna otra instancia asumirá las responsabilidades que le tocan.
Confirmó que de manera reiterada el presidente municipal Jesús Tejeda Vargas le ha dicho de su preocupación, pero “no habrá institución que pueda suplantar o pueda sustituir a las responsabilidades del Ayuntamiento”.
Por lo tanto, propuso que sea el propio Ayuntamiento el que analice la situación por la que atraviesa, y tome las medidas pertinentes “porque si cada quincena va a haber un problema como el que se presentó recientemente, pues no va a haber quién lo pueda atender ni el propio gobierno (estatal), el gobierno no puede sustituir al Ayuntamiento en sus responsabilidades”.