Después dilaciones que el Poder Legislativo ha dado al juicio de procedencia contra el diputado Saúl Beltrán Orozco para desaforarlo, ahora la Comisión Instructora rectificó y dijo que no dio 10 días naturales sino hábiles a la Fiscalía para entregar la documentación solicitada por la defensa del acusado de homicidio calificado.
Contra el diputado priista hay una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, y además es señalado de tener vínculos criminales y compadrazgo con el jefe de una banda del crimen organizado, Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero.
Ayer debió concluir el plazo que el Congreso del Estado le dio a la Fiscalía para entregar copias certificadas de todo el expediente de la averiguación previa que solicitó la defensa del diputado priista, de acuerdo con la declaración del presidente de la Comisión Instructora, el panista Iván Pachuca Domínguez.
El 22 de febrero el presidente de la Comisión encargada de dictaminar el caso, Iván Pachuca, informó que los diputados acordaron dar “un plazo razonable de diez días naturales”, los que tendrían que concluir ayer sábado.
El diputado afirmó que en cuanto la Fiscalía entregara la información solicitada “de manera inmediata” terminarán el dictamen, pero ayer la diputada perredista Silvia Romero Suárez, también integrante de la Comisión Instructora confirmó que el acuerdo fue dar un plazo de 10 días hábiles y no naturales.
Por eso, el plazo se cumplirá hasta el próximo miércoles 8 de marzo y no fue ayer 4 de marzo.
Pero después de la reunión de la Comisión el 22 de febrero, no se ha reunido y el presidente ha cancelado ya dos veces las sesiones; la última fue el jueves cuando por la mañana informó a los integrantes que no se reunirían.
El primero de marzo se cumplió un mes desde que la Fiscalía solicitó por escrito al Congreso local iniciar un juicio de procedencia contra Saúl Beltrán, y el próximo jueves 9 de marzo se cumplen dos meses de que un juez libró una orden de aprehensión en su contra, que no puede ser ejecutada porque el político tiene fuero.
Al Congreso local llegó la solicitud de juicio de procedencia contra el también ex alcalde de San Miguel Totolapan el miércoles primero de febrero, pero el asunto no fue llevado al pleno hasta el otro miércoles 8, a pesar de que la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado dice que sólo hay un único plazo de 10 días hábiles para dictaminar el caso y el proceso no habla de un derecho de audiencia, se la otorgaron para no violar el derecho establecido por la Constitución.