Una propone distribuir sus facultades en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; otra, que su atribución respecto a solicitudes de información y de protección de datos personales se otorgue a distintas dependencias
Julio 03, 2026
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El Congreso local analiza tres propuestas de iniciativas de reformas a leyes secundarias para concluir la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro).
Después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda emitió la iniciativa para armonizar la legislación local en materia de simplificación orgánica, que extingue en Guerrero al Itaigro, al menos tres diputados ya presentaron sus respectivas propuestas para reformar las leyes secundarias y concluir el proceso de desaparición de dicho órgano autónomo.
Se trata de los diputados Carlos Eduardo Bello Solano, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Citlali Calixto Jiménez, quienes coinciden en que las funciones del Itaigro las asuma la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como los Órganos Internos de Control de los ayuntamientos y órganos autónomos correspondientes.
Una de las propuestas de la nueva Ley de Transparencia fue presentada por el morenista Bello Solano. Contiene ocho títulos, divididos en 23 capítulos integrados por 136 artículos en donde se detallan las bases, principios generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información.
Dicha reforma establece las atribuciones del Itaigro pasarán a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para todo lo relacionado con los ayuntamientos y el poder Ejecutivo; al poder Legislativo su respectivo Órgano Interno de Control; y al poder Judicial sus propios Órganos Internos de Control de los distintos.
Mientras que el Instituto Nacional Electoral, para el caso de los partidos políticos locales, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para el caso de los sindicatos.
La propuesta de Calixto Jiménez establece desaparecer al Itaigro de cualquier atribución correspondiente a solicitudes de información y de protección de datos personales, para otorgarlas a distintas dependencias gubernamentales.
Para el caso del poder Legislativo, su respectivo Órgano Interno de Control tendrá las facultades para “recibir, dar trámite y responder, en términos de la legislación correspondiente las solicitudes de información pública y de protección de datos personales”, así como de “conocer y resolver los recursos de revisión y las denuncias por el presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia”.
Mientras que para los 85 municipios, sus respectivos ayuntamientos o consejos comunitarios, conservan la obligatoriedad de contar con unidades y comités de transparencia, en tanto que la facultad para atender los recursos de revisión y demás impugnaciones, se atribuyen a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal.
También se propone reformar la Ley 454 del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley 794 de Archivos, para excluir de la estructura del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del Consejo Estatal de Archivos, la representación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado.
La última propuesta presentada fue por el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien la entregó a la Mesa Directiva el último día antes de solicitar licencia para participar en el proceso interno de Morena a la gubernatura.
Esta indica que los archivos institucionales que estén a cargo del Itaigro, para el ejercicio de sus facultades sustantivas, competencias o funciones, de conformidad con la Ley de Archivos del Estado y demás disposiciones jurídicas aplicables, serán transferidos a la
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
La extinción del Itaigro deriva de una reforma federal denominada de simplificación orgánica, con la que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció siete organismos autónomos federales.