El presidente de la Barra de Abogados del estado, Felix Tapia Espinoza consideró que se violan los derechos humanos de los trabajadores del gobierno del estado al reducirles sus salarios, como parte del plan de austeridad. Consultado al finalizar la sesión semanal de la Barra, manifestó que deberá transparentarse en qué se ocupará el dinero ahorrado.
El abogado consideró anticonstitucional la determinación del recorte salarial, porque el salario no está sujeto a convenio o transacción, “máxime que el gobierno del estado tampoco manifiesta la transparencia que se le va a dar a esa retención y que se le va a fijar a los empleados, o qué finalidad va a llevar”.
Expuso que, en el caso de los magistrados del Poder Judicial que se redujeron sus honorarios, lo compensan con bonos del fondo auxiliar para la administración, con lo que se resarce el descuento. Recordó que los trabajadores del Poder Judicial se opusieron, y el descuento no se aplicará.
Dijo que los trabajadores de confianza de las dependencias de la administración estatal, la reducción les afecta porque los tomó por sorpresa la decisión unilateral del gobierno.
Hace un mes, el gobernador Héctor Astudillo dio a conocer un plan de austeridad de 20 acciones entre las que está están la reducción del 20 por ciento a mandos superiores, y del 10 por ciento a los mandos medios del gobierno estatal, central y paraestatal.
El presidente de la Barra de Abogados en Acapulco, consideró que la acción de la administración estatal viola los derechos de los trabajadores “un derecho elemental de una vida digna, un derecho humano, el salario es un derecho humano”.
Indicó que es necesario que los trabajadores se acerquen a la Barra de Abogados, y que, por temor a ser despedidos, los burócratas no denuncian los actos de la autoridad.
Afirmó que la determinación del gobernador pretende aparentar un ahorro, porque no se transparenta, “y eso huele a corrupción”.
Tapia Espinoza manifestó que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) tampoco se ha manifestado con relación a la determinación estatal, “ni de oficio ha declarado”, dijo.