En los últimos tres sexenios han ocurrido de manera sistemática asesinatos, desapariciones forzadas, ataques y censura contra periodistas y medios de comunicación; todos estos casos siguen en la impunidad, coincidieron convocantes de Agenda de Periodistas, un encuentro en el que participarán 370 comunicadores para discutir sobre la violencia contra la prensa.
La agenda se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 próximos en un contexto en el que han sido asesinados desde 2000, 103 periodistas; 32 tan sólo en el gobierno de Enrique Peña. Luego del asesinato de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo pasado, al menos 60 organizaciones y medios, entre estos El Sur, coincidieron en generar una propuesta para frenar los ataques.
En conferencia de prensa en la Casa de Universitaria del Libro en la colonia Roma, Guillermo Osorno, director del portal Centro Horizontal, uno de los medios organizadores, consideró que después del homicidio de Valdez, siguieron otras agresiones: “El ataque a Carlos Barrios en Quintana Roo, la desaparición de Salvador Adame en Michoacán, el allanamiento de las oficinas de Proceso en la Ciudad de México, la intimidación de Proyecto Puente en Sonora, la detención de Víctor Badillo en Nuevo León y la agresión con arma de fuego a la locutora Marcela de Jesús Natalia, en Guerrero”.
Para Osorno, quien dio la conferencia junto a otros cinco periodistas, una organización y una institución, el asesinato de Valdés representó la gota que derramó el vaso, la que “provoca una necesidad inmediata de acción, porque esto no puede seguir así”. En lo que va de 2017 han sido asesinados siete periodistas, entre ellos Cecilio Pineda, en Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente de Guerrero.
En seis mesas de trabajo se discutirá el contexto actual para ejercer periodismo: Riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas; Alternativas para combatir la impunidad; Organizaciones sociales y vías para fortalecerlas; Solidaridad gremial y derechos laborales; Reacciones de seguridad pública y El significado social de las agresiones contra periodistas.
“Cómo fortalecer las organizaciones que ya existen, las condiciones laborales de los periodistas, el efecto de la publicidad gubernamental de los medios, la visión desde seguridad pública, pensar en el significado social de las agresiones a periodistas, porque también sentimos que la sociedad no ha terminado de entender qué matan cuando se mata a un periodista”, dijo.
Leopoldo Maldonado, del Programa de Protección y Defensa de la organización no gubernamental Artículo 19, quien también participa en la propuesta, explicó que uno de los principales problemas de México es la impunidad. Debe proponerse, dijo, un consejo para abatirla en general, “en términos de violencia contra la prensa es casi absoluta, pues 99.75% de los casos está sin resolver. El presidente se da cuenta, 53 meses después que están agrediendo a la prensa”. Opinó que la postura oficial ante los ataques a la prensa, más que una respuesta fue una apropiación del discurso que organizaciones y periodistas en lo individual han reclamado. “Necesitamos que estas leyes y mecanismos, que además nos salen muy caros, se coordinen… No se hace nada en términos de impunidad, que es la punta del riesgo, Cecilio Pineda y otras personas integradas al mecanismo han sido asesinadas; Pedro Tamayo en Veracruz, el año pasado”.
“Enfrentamos un conjunto de violencias, por un lado la física, que es la que más destaca, pero también la violencia simbólica, que es el desprestigio al trabajo periodístico que hacen las autoridades cuando un colega es agredido, asesinado; siempre se justifica, se criminaliza a las víctimas. Por otra parte, tenemos la violencia económica en dos vertientes: los derechos laborales y la asignación del pago de publicidad oficial”.
Luis Alberto Medina, cuyo programa Proyecto Puente salió del aire de varias estaciones de Sonora porque empresarios del PRI lo presionaron, aseguró que apoya las mesas “para que nos tomen en cuenta a los estados para debatir, para proponer, para señalar, para documentar, porque se tiene que cubrir la corrupción que hay en los medios de comunicación, se tienen que ver las condiciones que viven los medios de comunicación. Es un ejercicio al que debemos de sumarnos para que las reglas del juego cambien”.
Asistieron a la conferencia de prensa Marcela Turati, fundadora de Periodistas de a Pie; Arturo Rodríguez, del semanario Proceso; Laura Woldemberg, de Vice; Diego Enrique Osorno, periodista independiente; además Carlos Bravo Regidor, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Otras propuestas que mencionaron los convocantes van desde la de Osorno: “La discusión debe llevar a un documento movilizador, trabajar y construir algo que nos permita hacer frente”. Turati propuso: “Hay que discutir muchas cosas, iniciativas de ley, unidades o mecanismos y estamos pidiendo apoyo internacional, la entrada de los relatores de la libertad de expresión” de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las mesas de discusión contarán con el apoyo de la fundación chilena Ciudadano Inteligente, que ayudará a moderar las mesas. De los 370 periodistas sólo 30 vendrán a exponer sus problemáticas del algún estado del país, a quienes les pagarán los gastos.