José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El ex diputado federal de Morena, y actual secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Rubén Cayetano García, encabezó una protesta en contra de cómo fue aprobada la reforma al Poder Judicial local, y adelantó que denunciará ante el Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)   los cambios a la iniciativa aprobada en lo federal.
Afuera de Ciudad Judicial, Cayetano García, acompañado de unas 40 personas, leyó un posicionamiento donde dijo estar en contra de que la elección judicial se llevara hasta el 2027 y criticó que se mantuviera el haber de retiro y la forma de elección de la presidencia del pleno y del Tribunal de Disciplina Judicial.
“El espíritu de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia judicial y publicada aún por él, el 15 de septiembre de 2024, tiene el firme propósito, además de democratizar los órganos jurisdiccionales, limpiar la corrupción que los invadió durante el período neoliberal, cuando la justicia se puso de lado del poderoso, del influyente, del cacicazgo y del político ladrón; todo eso es inobservado en Guerrero”, dijo.
Calificó de “remedo” la reforma que aprobaron los diputados locales por considerar que no se armonizó la Constitución local con la federal, porque se mantuvieron los privilegios para los jueces y magistrados.
Señaló que no se respetó el espíritu de la reforma federal que también incluye garantizar los ciudadanos decidan a través del voto la organización del Poder Judicial.
Expuso que el artículo 103 de la reforma local establece que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia se decidirá con base a quien haya obtenido la mayoría de votos en la elección del 2027, pero que en el séptimo transitorio se indica que por única ocasión, esa presidencia y la del nuevo órgano que será el Tribunal de Disciplina Judicial, se decidirán en la primera sesión del Pleno de sus integrantes, después de las elecciones.
Eso implica que no se respetará el voto ciudadano porque “las decisiones serán tomadas por la cúpula y el poder político” y aseguró que fue falso que se hayan eliminado los privilegios y haberes de retiro.
Dijo también que “en un estado como Guerrero en el que fue el propio Poder Judicial el que ocultó pruebas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014, en Iguala” la elección se enviará al 2027, es urgente renovar ese poder.
También anunció que notificará al Senado de la República y a la Cámara de Diputados las modificaciones que se le hicieron al dictamen federal en el Congreso local para que pueden intervenir porque aquí los legisladores no integraron lo mandatado por los miembros del Congreso de la Unión.