José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó una reforma al artículo 205 del Código Penal del estado para permitir la inscripción de deudores alimentarios morosos a partir de los 30 días en el Registro Estatal correspondiente.
Se trata de una reforma al primer párrafo del artículo 205 del Código Penal, que establece que si el adeudo excede de 30 días, el juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.
Además establece la adición de un cuarto párrafo al artículo 205 del citado Código, el cual indica que una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el juez, a petición de parte, deberá ordenar al Registro Civil la cancelación de dicha inscripción.
De acuerdo con la diputada Luissana Ramos Pineda, provomente de la iniciativa, con dichas modificaciones se busca garantizar los derechos alimentarios de las infancias, “ya que el deudor alimentario deberá cumplir con sus obligaciones familiares y, de esta manera, evitar su inscripción en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, dado que al estar inscrito en él se limitan sus derechos civiles y políticos”.
La reforma fue aprobada por la unanimidad de los 40 diputados presentes en la sesión del día de ayer.
En la sesión, la diputada de Morena, Catalina Apolinar Santiago, propuso una reforma a la fracción VII del numeral 1 del Artículo 11 de la Constitución Política del estado para “reconocer, proteger y dignificar la partería tradicional” como una práctica ancestral y de salud comunitaria,
Dicha iniciativa busca garan-tizar su integración respetuosa e intercultural con el sistema estatal de salud y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
En la propuesta, a la que se adhirieron Morena y PRI, Apolinar Santiago expuso: “durante siglos la partería tradicional ha sido el primer y, muchas veces, el único sistema de salud de las comunidades más alejadas, por eso, esta iniciativa no es solo un ajuste de redacción; es un acto de justicia histórica, para que el poder público las vea, reconozca y respete”.
“Es expresar desde la Constitución que sus saberes no son supersticiones ni costumbres menores, sino conocimiento legítimo, patrimonio cultural inmaterial, medicina viva y ciencia encarnada en la experiencia de los pueblos ñuu savi, me’phaa, náhuatl, ñomndaa y de las comunidades afromexicanas”, agregó.
En tribuna explicó que refor-mar el artículo 11 de la Consti-tución no es un gesto simbólico, “sino que significa garantizar el respeto, la preservación, la protección y la transmisión de sus saberes en condiciones de dignidad y no discriminación, estableciendo una coordinación real, respetuosa e intercultural con el Sistema Estatal de Salud”.
El priista Jesús Parra García propuso una reforma a Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer y tipificar de manera expresa la violencia digital contra las mujeres.
La propuesta busca reconocer y tipificar de manera expresa la violencia digital contra las mujeres, incluyendo prácticas como el “sicariato digital” y el uso de tecnologías, como la Inteligencia Artificial para la generación de contenidos falsos.
En la sesión, la Mesa Directiva leyó un oficio suscrito por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, del PVEM, por el cual propuso una iniciativa para adicionar un numeral 10 al artículo 142 de la Constitución local para establecer que el fiscal general del estado comparezca ante el Congreso con el fin de rendir un informe semestral de su gestión.