José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Después de siete años en la con-geladora, el Congreso local aprobó la Ley Número 569 para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, que era una de las exigencias que tenían los colectivos de búsqueda desde 2018.
Para aprobar dicha ley, el Congreso sesionó tres veces el mismo día, en la primera se presentó la propuesta al pleno de la Comisión Permanente; en la segunda se le dio la primera lectura de ley; y en la tercera, que inició a las 6 de la tarde y culminó cerca de las 8 de la noche, se dio la votación y aprobación.
La reforma establece la creación de un Centro Estatal de Iden-tificación Humana, un Banco Estatal de Datos Forenses y fortalece el Sistema Estatal de Búsqueda para mejorar la localización e identifi-cación de personas desaparecidas.
También establece las bases de coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.
El dictamen aprobado fue presentado por la diputada de Morena, Araceli Ocampo Manzares, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, ya que fue al interior de dicho órgano que se realizaron las mesas de trabajo con los colectivos de búsqueda para la creación del documento.
Crea también los Centros Temporales de Resguardo Humano, incorpora un Banco Estatal de Datos Forenses, y crea registros estatales “interoperables” con plataformas nacionales para consolidar el Sistema Estatal de Búsqueda.
“La desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos huma-nos”, dijo Ocampo Manzanares y reconoció que la reforma “es resultado del trabajo conjunto con colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes participaron en la construcción de la iniciativa”.
La diputada afirmó que la nueva ley responde a una deuda pendiente con las víctimas y sus familias, al dotar al Estado de herramientas jurídicas e institucionales para fortalecer la búsqueda, investigación e identificación de desaparecidos.
Durante su intervención, dedicó la aprobación a diversas víctimas de desaparición en Guerrero, entre ellas Rosendo Radilla Pacheco, Vicente Suástegui Muñoz y los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Dicha ley estuvo en la congeladora desde 2018, cuando a nivel federal se creó la Ley General en Materia de Desaparición, y Guerrero era uno de los estados que nunca creó su propia ley.
La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los 43 diputados presentes en la sesión, y todos los grupos parlamentarios subieron a tribuna para razonar su voto a favor.
Durante la sesión extraordinaria los diputados también aprobaron la armonización a la Constitución local del Plan B electoral, es decir, aprobaron la no reelección, la prohibición del nepotismo electoral, paridad de género, representación proporcional, reducción de integración de ayuntamientos y austeridad.
Entre las adecuaciones de la armonización se incorpora a la Constitución local la prohibición de la reelección consecutiva para diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos; impide que cónyuges o familiares hasta cuarto grado contiendan de manera inmediata por el mismo cargo de elección popular, para hacerse efectiva en 2030; incorpora la paridad horizontal y vertical en las candidaturas de los 85 municipios; y limita en los cabildos a máxima una sindicatura y 15 regidurías, dependiendo del número de habitantes de cada municipio.