El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la comparecencia del fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, ante la Comisión de Justicia para que informe cuáles son las políticas públicas, acciones, estrategias que realiza y sus resultados.
Pero previo a la comparecencia, el fiscal debe enviar al Congreso un informe de diferentes temas, entre los que están lo referente a feminicidios en el estado y el caso del diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco.
Durante varios meses, en el Congreso local se han generado llamados e iniciativas para llamarlo a comparecer ante el pleno del Congreso local, pero ninguna fue dictaminada hasta que estuvo de acuerdo la fracción priista y finalmente este martes, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
El pleno aprobó la propuesta por la que se llama a comparecer al fiscal ante la Comisión de Justicia, que es presidida por el diputado Héctor Vicario Castrejón, Ricardo Moreno Arcos y Cuauhtémoc Salgado Romero, también son integrantes, los tres diputados priistas.
La secretaria de la Comisión es la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón y otra integrante es la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz, de Movimiento Ciudadano.
La comparecencia será el próximo lunes 26 de junio a las 10 de la mañana, en la sala José Francisco Ruiz Massieu en el Congreso local, la que según el dictamen será para que “informe cuáles son las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente del órgano que dirige, y los resultados de las mismas”.
Antes de la comparecencia, los grupos y representaciones parlamentarias registrarán a más tardar a las 3 de la tarde del próximo viernes a los diputados que participarán haciendo preguntas. El PRI podrá realizar cinco preguntas, cuatro el PRD, tres el PVEM, dos MC, mientras que el PT, PAN y Morena sólo una cada uno.
Antes de la sesión de comparecencia, el fiscal debe enviar a la presidencia de la Comisión de Justicia, a más tardar a las 3 de la tarde de mañana jueves en forma impresa y digital, un informe detallado que contenga el personal operativo, su cantidad, distribución, funciones y salario, también cuánto personal está certificado.
También debe informar la capacidad y operatividad de los servicios periciales, estadísticas mensuales, a partir de la fecha de su nombramiento, en el que contenga el delito y el estado de la carpeta de investigación o averiguación previa, órdenes de aprehensión solicitadas y concedidas a partir de la fecha en que asumió el cargo; así como, la correlación de órdenes de aprehensión ejecutadas con las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas.
El Congreso pidió también estadística mensual, a partir de la fecha de su nombramiento, “con el delito y el estado que guarda la investigación, relacionada con periodistas, diputados, ex diputados, presidentes municipales, ex presidentes municipales y líderes o dirigentes políticos”.
Los diputados también pidieron al fiscal un informe de “la situación que guarda el caso del diputado (con licencia) Saúl Beltrán Orozco”, quien tiene orden de aprehensión acusado de homicidio cometido contra un trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan cuando era alcalde el priista, a quien también se le vincula con el líder criminal de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte.
También las diligencias practicadas “a raíz de la implementación de la alerta de género, específicamente lo relativo al banco de datos”.
Además a la Comisión de Hacienda se turnó el oficio del presidente municipal de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, donde remite la iniciativa de reforma al artículo 275 de Ingresos para este municipio, para el ejercicio fiscal 2017.
En la primer Flor Añorve propuso adicionar la ley del Registro Civil del Estado para facultar a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil a expedir constancias de homonimia, fue turnada a la Comisión de Justicia.
Intervino el diputado Ricardo Mejía Berdeja en relación con las agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, y calificó como “inadmisible que se registre una serie de hostigamientos, amenazas y asesinatos que no han sido investigados, quedando en la impunidad.