El Congreso local aprobó un paquete de leyes y reformas a la legislación local en materia anticorrupción, para concluir la homologación a la federal, entre las que destacan la autonomía de la Fiscalía para que ya no sea representante jurídico del gobierno estatal en juicio, pero no se eliminó el fuero.
El Congreso ya había aprobado las reformas constitucionales en materia anticorrupción. Ayer se aprobó el paquete de leyes del sistema anticorrupción, para cumplir con lo que mandata la Constitución de la República a los estados, de hacer las adecuaciones correspondientes para el Sistema Estatal Anticorrupción.
En las reformas aprobadas se le quitan al fiscal general del estado facultades, como su carácter de representante de los guerrerenses en juicio y del gobierno del estado en juicio. Esa responsabilidad ahora la tiene el gobernador. La puede ejercer a través del consejero jurídico.
La argumentación para quitar estas facultades al fiscal, es porque su naturaleza es de un órgano autónomo y al tenerlas se convierte en representante del Estado. Ahora sólo se dedicará a su función de ser parte de la seguridad pública y la persecución de los delitos.
En el paquete de leyes, también se acotó la posibilidad de que los servidores públicos hagan contrataciones a empresas de familiares directos de hasta cuarta “línea”. Sin embargo no se prevé ningún candado para la practica de prestanombres de las empresas.
Otra modificación fue el nombre a la Auditoría General del Estado (AGE) por Auditoría Superior del Estado (ASE), para homologarla con el órgano fiscalizador federal.
De acuerdo a las leyes aprobadas ayer, la ASE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizaran fiscalizaciones conjuntas que antes estaban permitidas por la ley federal pero la local tenía limitantes, además de que el órgano local estará obligado a entregar informes más recurrentes al Congreso local.
Se establecieron también bases para la coordinación de las instituciones responsables de la transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la ineficiencia administrativa.
En la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado se establecen los principios, directrices y competencias que rigen la actuación de los servidores públicos; sus faltas administrativas graves y no graves; las sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades.
Se aprobó también como parte del paquete la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado en la que se apunta que está garantizado que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de datos personales en el estado.
También se aprobaron las Leyes Orgánicas del Tribunal de Justicia Administrativa, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, del Código Penal, de la Leyes Orgánica de la Fiscalía General del Estado y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero.
En este paquete de reformas, no se incluyó la eliminación del fuero, por lo que los diputados de Movimiento Ciudadano votaron en contra el primer dictamen de reforma constitucional al igual que la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez, aunque esta última votó en contra todas las leyes y reformas.
El coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja recordó que en 12 estados del país ha eliminado el fuero.

Otros temas

Ayer inició el trámite legislativo de la propuesta de organizaciones sociales encabezadas por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC),  de reforma constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos, presentada y respaldada por el PRD, MC, PT y Morena.
En su intervención, el coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja, festejó que por primera vez, los partidos de izquierda hayan propuesto de manera conjunta una iniciativa ciudadana a la que no se le realizaron modificaciones.
Mientras que la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez dijo que hasta ahora los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos solo son declarativos y que con la reforma que impulsan pretenden que sean ejercidos a través de su autodeterminación.
Dijo que “el origen genuino de la CRAC, la prevalencia en su función a pesar del desdén gubernativo, además de su identidad y la larga tradición de lucha por su verdadero reconocimiento, convierten a esta institución comunitaria en la idónea para elevarla a ese nivel, así como la nueva figura del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria”.
La propuesta es de la CRAC-PC, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan).
A la que la diputada de Morena calificó como una iniciativa “de vanguardia, una iniciativa de avanzada y progresista, que el poder Legislativo debe conceder para saldar la deuda histórica que se tiene con nuestros hermanos indígenas”.
El pleno también aprobó el exhorto de la diputada perredista Yuridia Melchor Sánchez, al presidente Enrique Peña Nieto, para que instruya al secretario de Salud a que se amplíen los recursos del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica del actual ejercicio fiscal 2017, al estado de Guerrero, por lo menos a la cantidad que destinó para 2016, para poder garantizar la prestación de los servicios de salud a las poblaciones “que se están viendo afectadas por la disminución presupuestaria, siendo las comunidades de Cruz Fandango, Cerro Azul, San Martincito, Almolonga y Buena Vista, pertenecientes al municipio de Alcozauca de Guerrero” en la región de la Montaña.
Los diputados exhortaron a los ayuntamientos para que atiendan las contingencias, incendios y desastres naturales que se presenten.
La diputada perredista Eloísa Hernández Valle planteó exhorto al presidente de la República para que requiera al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que se resuelva el conflicto laboral y falta de operación optima de la Ciudad de las Mujeres en el municipio de Tlapa.
Y en una tercera sesión, el pleno del Congreso local modificó la fecha de comparecencia, ante Comisiones, del director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), Javier Chona Gutiérrez, para el día miércoles 19 y no el viernes 14.