El Congreso aprobó el martes un exhorto al fiscal general del estado Javier Olea Peláez para que dé seguimiento a la investigación y “debido esclarecimiento” de los homicidios del alcalde de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, y de uno de los precandidatos del PRD a la alcaldía Zihuatanejo, Marino Catalán Ocampo, porque afirmaron que se trata de asesinatos cometidos por intereses de políticos vinculados con la delincuencia organizada.
Los diputados de MC y PRD aprovecharon ese punto para arremeter contra el fiscal y reiterar la protección política a los grupos criminales que operan en el estado.
El exhorto fue propuesto por la diputada Eloísa Hernández Valle, quien calificó el problema de inseguridad en el estado como “abrumadoramente grave”.
Llamó a que el Pacto por la Seguridad para Guerrero sea contundente y no quede en reuniones de gabinete.
María del Carmen Cabrera dijo que “estamos ante una agresión que tiene implicaciones políticas, que pretenden generar un clima de intimidación a favor de intereses obscuros que escapan a las consecuencias de la delincuencia común”.
Pidió que los espacios públicos sean ganados en las urnas, “pero que no sean las balas asesinas quienes estrujen la vida de un hombre honrado como Arturo Gómez”; aprovechó para responsabilizar al fiscal Javier Olea por “ineficiente, inepto que no hace nada por procurar justicia a miles de ciudadanos”.
También en el mismo punto, el diputado de MC, Silvano Blanco Deaquino, recordó que advirtió que el problema de la inseguridad se complicaría si no se atendía de fondo el problema de la violencia.
“El peso que tiene la delincuencia organizada en Guerrero ahí está, incide en poner presidentes municipales, financiar campañas a gobernadores, y actualmente hasta financiar campañas a la presidencia de la República”, dijo el diputado en tribuna.
La consecuencia de esos vínculos, dijo, es que las autoridades no actúan, “son espacios de poder que se les permite a la delincuencia organizada, se utilizan también por gente que hace vida política”.
Los asesinatos de políticos en el estado, en referencia a los aspirantes a cargos de elección popular, “tienen que ver con la intención de quitarse del camino a un posible contrincante político para la elección de 2018”.
El diputado de MC informó en tribuna que Arturo Gómez planeaba reelegirse “y estaba construyendo alianzas, en su momento –porque con un servidor platicó del tema– yo le hice referencia a que era muy riesgoso, porque en lo personal yo sabía que en la zona, al compañero, los grupos de poder le habían dicho que no impulsara la reelección en el municipio”.
Afirmó que en el PRI ni en el PRD hay alguien que pudiera ganarle a Arturo Gómez, “y lo más sencillo fue hacer acuerdos con gente que sin ningún miramiento sabe que mata y que no se investiga”.
Entonces arremetió contra el fiscal Javier Olea Peláez, “lo sabemos con mucha precisión, el fiscal actual no vino precisamente a tratar de abonar a que disminuyera la delincuencia en el estado de Guerreo, vino como una cuota de poder, y a fortalecer a estos grupos delincuenciales en el estado”, dijo Silvano Blanco.
Por eso consideró que el gobernador también tiene responsabilidad por la inseguridad, por “los vacíos de poder” con los que se le permite a grupos criminales que atenten contra actores políticos, “es algo que no se había dado de forma tan recurrente como se está dando en este gobierno”.
A pesar de que el diputado de MC en ocasiones anteriores ha sugerido vínculos entre políticos, gobernantes y la delincuencia organizada, en tribuna fue claro en el tema.
“Reitero con mucha precisión, todos estos grupos delincuenciales, tienen un padrino político que los cobija y que les permite estar haciendo este tipo de actividades en el estado de Guerreo”, y continúo: “Si se está pensando en ganar en 2018 con ayuda de la delincuencia organizada, están en un error. Que no haya ningún asesinato más de ningún compañero dedicado a la actividad política simple y sencillamente porque se le quiera quitar de encina en este proceso”.
También el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano planteó exhortar al fiscal para que inmediatamente realice las investigaciones y aprehenda a los responsables intelectuales y materiales de los homicidios en Chilpancingo de los jóvenes Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera.
En la sesión, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, condenó el homicidio de Marco Catalán y de Jorge Arturo Vázquez “desaparecidos y asesinados en Chilpancingo a manos, presuntamente, de policías municipales de la capital”.
Exigió a la fiscalía que se avoque a la localización con vida de los jóvenes Efraín Andoney Patrón Ramos, Abel Aguilar García, Jacobo Pérez López y Cristhian Isidro Ávila Martínez, a pesar de que reiteró en varios momentos de su participación, que se presume que en las desapariciones también participaron personal de la FGE.
“Después de los hechos de Iguala en 2104, luego de que quedó acreditada la participación de las policías municipales de Iguala y de Cocula, hoy volvemos a vivir la intervención de estas corporaciones, es de algún modo una repetición”; por otro lado, el Fiscal dice que hay un detenido de la policía municipal, “pedimos que no pase lo mismo que con la investigación de Demetrio Saldívar (Gómez, ex secretario general del PRD en Guerrero) que de un detenido no pasa”, dijo en tribuna.
De los hechos de violencia suscitados en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde murieron once personas, el diputado dijo que es una llamada de atención que el Congreso estatal debe atender y reiteró el llamado a la Comisión de Estudios Constitucionales, a dictaminar las iniciativas de ley que buscan regular a las policías comunitarias.
“La reflexión tiene que ver con que no podemos ver como algo normal el asesinato de once personas y que, hace algunos meses, se asesinó de igual forma a una familia”, e insistió en que la zona es un coctel muy explosivo “en los bienes comunales, que tiene que ver históricamente con el tema de la presa, pero ahora es la gravilla que ha polarizado a la comunidad y los diferentes grupos que ahí operan”.
En ese tema también intervino la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, quien dijo que hechos como el ocurrido en la comunidad La Concepción “revelan procedimientos cuyo objetivo no sólo era la detención del líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui; de su hermano Vicente y de más de 30 personas, sino de asestarle un golpe al Sistema Comunitario de Seguridad que representa la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) y de paso continuar el propósito de La Parota, que el régimen quiere imponer”.
Llamó a que se esclarezcan los homicidios “presuntamente perpetrados por elementos de la policía estatal a los comunitarios en La Concepción, ocurridos durante el supuesto enfrentamiento y la detención de los líderes e integrantes del Cecop”.
Dijo que todo lo ocurrido tiene que ver con las omisiones legislativas para armonizar la Ley 701 con el texto actual de la Constitución de Guerrero, “esas son las órdenes del gobernador y por eso este Congreso es cómplice de estas complacencias e irresponsabilidades”.
Continuó: “Los actos de La Concepción son sintomáticos y la prueba más fehaciente es la agresión al fotorreportero Bernardino Hernández, de la revista Proceso, a quién despojaron de las memorias de sus instrumentos de trabajo. Proceder oficial realizado para evitar que se conozca la verdad de lo ocurrido”.
Porque consideró que las evidencias obtenidas por Bernardino Hernández demostrarían lo que la CRAC y Tlachinollan reclaman, “que los policías comunitarios fueron ejecutados de forma extrajudicial, que estaban desarmados y boca abajo”.
Respaldó “la valiente intervención del periodista Zacarías Cervantes el día de hoy frente a Palacio de Gobierno, en la que con certeza señala que este es el gobierno que más reprime a periodistas y exigimos que regresen el material robado al fotógrafo de Proceso”.
“Repudiamos también que los periodistas sean impedidos para realizar su trabajo, se les agreda y amenace, se les arrebaten sus instrumentos de trabajo y se les ponga en riesgo por cumplir con una labor de informar a la sociedad, con objetividad, de lo que ocurre en actos que involucran a servidores públicos”.
Exigió la libertad inmediata de todos los comunitarios detenidos en La Concepción y castigo a quienes resulten responsables de los asesinatos, tortura y abusos policiacos cometidos en esa comunidad.

Fiscales especiales

Sobre la propuesta enviada al Congreso local del fiscal especializado en Delitos Electorales y la fiscal especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, el diputado Ricardo Mejía expuso que deben ser personas aptas, que cumplan con todos los requisitos de su función y sea garantizada la procuración de justicia.
Las propuestas del fiscal del estado Javier Olea Peláez, para ocupar las fiscalías especializadas en Delitos Electorales y en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas son Antonio Sebastián Ortuño y María Guadalupe Rendón Ramírez, pero en tribuna Mejía Berdeja afirmó que ninguno de ellos genera confianza.

Otros temas

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano planteó exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo y Tlapa, para que en el marco de la alerta de violencia de género contra las mujeres, destinen recursos presupuestales para prevenir y erradicarla, que estén orientados a reforzar patrullajes preventivos, instalación y mejoramiento de alumbrado público, mecanismos de vigilancia y seguridad pública e instalación de cámaras de video.
La fracción de MC solicitó a la Mesa Directiva realizar excitativas a las Comisiones de Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Estudios Constitucionales y Jurídicos, Justicia, Salud y Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para que presenten los dictámenes de las iniciativas que les turnaron.
En una segunda y tercera sesión, se aprobaron los dictámenes donde se llama a Jesús Gómez Pérez para que asuma el cargo y funciones de presidente municipal de Petatlán, y las licencias por tiempo indefinido a Alfreda Gasparillo Pineda y Mauricio González Razo, al cargo de síndica y regidor de los ayuntamientos de Quechultenango e Iguala, respectivamente.
Fueron llamados para que asistan a la sesión de mañana, para que tomen protesta en el pleno del Congreso local.

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