Sin el aval de la diputada de Morena, el Congreso local aprobó un exhorto que condena la emboscada a policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, y que llamar a una mejor coordinación entre instituciones de gobierno, así como investigar y castigar si hubo filtración de información en este suceso.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, leyó el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, que incluye un “atento y respetuoso” exhorto al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade; al fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, y al comisionado de Seguridad Pública, a tener mayor coordinación y subsanar cualquier cuestión en la que se haya fallado, además de investigar y castigar si hubo una infiltración de la operación policiaca.
En el ataque a policías federales que llegaron en una búsqueda para detener al jefe de la banda de Los Tequilero, Raybel Jacobo de Almonte, fueron muertos tres uniformados y un civil, y siete policías resultaron heridos.
La diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, aclaró que su partido no justifica el uso de la fuerza en Guerrero, porque se usa para justificar medidas represivas, y la militarización que durante muchos años no ha dado resultados.
Como referencia, dijo que Guerrero sigue entre los estados más violento del país, por el registro de homicidio dolosos, y confirma “la absoluta incompetencia del gobierno del estado para tutelar la vida de sus habitantes”.
Mejía Berdeja replicó que hay una industria criminal que combatir, “esa gente se ha hecho millonaria, ha sembrado el terror, no le interesa la pobreza ni la desigualdad, se convirtieron en autoridades por encima de los gobiernos”.
En tribuna, el diputado del PRD, Osiel Hugar García Trujillo, aclaró que la violencia no sólo está en Tierra Caliente, y denunció el aumento de ataques a los integrantes de su partido. Se refirió a los disparos de policías estatales contra el automóvil en que viajaba el ex diputado del PRD, Pablo Ávalos, el martes en Acapulco.
Aclaró que luego ofrecieron disculpas por el error, pero los ataques se acumulan y deben ser investigados. Como línea, mencionó las fricciones directas de Pablo Avalos con el presidente del comité municipal del PRI. Insistió en que se tiene que analizar, “no sólo perdón, borrón y cuenta nueva. Tal parece un ataque frontal y directo. Ojalá que el gobierno del estado otorgue medidas cautelares para que no tenga ningún temor su familia ni él”.
El diputado del PAN, Iván Pachuca Domínguez, propuso que sea obligatorio para funcionarios públicos y trabajadores afines la aplicación de exámenes toxicológicos, incluido el gobernador, “a fin de garantizar que sean ajenos al consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes que produzcan efectos similares”.
Argumentó que dada las condiciones que padece el estado, un examen toxicológico dará certeza de que los servidores públicos y tomadores de decisiones “desempeñen su labor sin la influencia de fármacos, drogas o sustancias prohibidas por la ley”.
Pachuca dijo que la crisis de inseguridad por la que atraviesa Guerrero “se agudizó en los últimos años y está marcada por la creciente y compleja actividad del narcotráfico, por ello la necesidad de cuidar a Guerrero de malos funcionarios que no tienen respeto por las instituciones, que carecen de vocación de servicio y tienen una conducta corrompida al consumir substancias”.
Se informó de diferentes iniciativas entregadas por el secretario general de Gobierno para reformar el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y la iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que se turnaron a comisiones para su análisis.
De las propuestas del ejecutivo, la presidenta del Congreso, Flor Añorve, declaró que le darán salida lo antes posible.
Entre otros puntos, el diputado de MC Silvano Blanco de Aquino planteó otro exhorto al Congreso federal, para que reforme la legislación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sancionar la firma de pagares en blanco. Explicó que principalmente en la región Montaña, hay muchos indígenas defraudados por casas de empeño o por oportunistas que se aprovechan porque no hablan español, y consideró que este es un problema que debe tener seguimiento.