La Comisión de Justicia del Congreso local aprobó ayer seis dictámenes correspondientes a cinco iniciativas de reformas y un exhorto que le fueron turnadas en sesiones pasadas.
El exhorto va dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que fortalezca el proceso de capacitación de los servidores públicos que intervienen en los juicios orales, a fin de aplicar correctamente el nuevo sistema penal acusatorio, luego de que en Acapulco un juez dejó en libertad a cinco presuntos extorsionadores sin aplicar ninguna medida cautelar en beneficio de los denunciantes.
A las 10 de la mañana en la Sala José Bajos Valverde del Congreso, el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Héctor Vicario Castrejón, y sus compañeros de bancada Cuauhtémoc Salgado Romero y Ricardo Moreno Arcos celebraron una reunión de trabajo para aprobar los dictámenes.
El primero que se aprobó corresponde a la iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal a fin de que se separe el delito de turismo sexual (corredores de personas, fundamentalmente niños) del de abuso sexual contra menores, que actualmente están considerados en un mismo artículo y en consecuencia tienen la misma penalidad.
El otro dictamen corresponde a la iniciativa por la que se reforma la Ley de Justicia para Adolescentes y que tiene el objetivo de corregir un artículo transitorio que es “ambiguo, vago y puede dar lugar a confusiones o interpretaciones que no corresponda” en el contexto del nuevo sistema penal acusatorio.
El tercer dictamen es de la iniciativa para reformar el Código Civil que pretende que “en caso de que los cónyuges sufran una separación y tengan hijos, el juez escuche a las personas involucradas en el entorno del niño, como a ellos mismos”, es decir se considere la opinión de los menores en un proceso de divorcio.
El cuarto dictamen es un decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado, que atiende exclusivamente al asunto de la armonización de la legislación local con la federal; lo mismo con el decreto para reformar la Ley de Defensa Pública del Estado.
El sexto dictamen corresponde a la propuesta de exhorto al fiscal general Xavier Olea, que promovió la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano para que fortalezca el proceso de capacitación de los servidores públicos que intervienen en los juicios orales, “con el fin de que cuenten con los elementos suficientes y necesarios en el nuevo proceso penal acusatorio”.
La propuesta se presentó luego de que el pasado 4 de junio en la primera audiencia del primer juicio oral que se realizó en Acapulco, el juez dejó libres a cuatro presuntos extorsionadores, entre ellos dos mujeres que operaban en colonias del puerto.
Los presuntos culpables, identificados solamente como Marco Antonio, Fredy, Jazmín y Yesenia, están acusados de extorsión en agravio de Farmacias Similares, a las que les cobraban supuestamente cinco mil pesos.
Los seis dictámenes fueron aprobados en esos términos.