José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Con el voto en contra del diputado morenista Aristóteles Tito Arroyo, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la armonización en la Constitución local de la reforma federal en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, la cual reconoce a los pueblos y comunidades originarias y afro como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En la segunda sesión de este miércoles, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la morenista Citlali Calixto Jiménez, presentó el dictamen con el que se homologa la Constitución estatal con la federal, luego de la reforma de septiembre de 2024.
En tribuna, Calixto Jiménez mencionó que la reforma permitirá “resarcir la gran deuda histórica e iniciar la restitución de la justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
“Esta Iniciativa no sólo es una reforma, es el reconocimiento de la grandeza de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, quienes han sido guardianes de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad como Estado y como nación”, agregó.
La reforma aprobada por mayoría considera el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, reconoce el rol y derechos de las mujeres, niñez y juventud de los pueblos originarios.
“Garantiza su autonomía y libre determinación dentro del marco establecido por la Constitución federal y la estatal, así como de las leyes que derivan de éstas, protegiendo sus territorios, recursos naturales, cultura, lenguas y tradiciones”, aseguró en su intervención Calixto Jiménez.
En la reforma reconoce sus sistemas normativos internos, así como el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, “para que ninguna decisión que afecte sus derechos tanto en lo individual como en lo colectivo se tome sin conocer su opinión”.
De acuerdo con el dictamen aprobado, dicha reforma fomenta el desarrollo, práctica, fortalecimiento y promoción de la medicina tradicional y la partería, asegura el acceso a la tierra, el territorio, los recursos naturales, respetando su cultura y cosmovisión. Además de asegurar a las personas indígenas y afromexicanas el derecho a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, peritos traductores, defensores y peritos especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, diversidad cultural y lingüística.
“La reforma a la Constitución local está alineada, armonizada de manera específica a la reforma constitucional, es decir, el Estado de Guerrero, está asumiendo en sus términos consagrados en la Constitución federal, para garantizar que en el territorio estatal las dependencias estatales cumplan con el respeto y garantías de sus derechos para las personas, mujeres y hombres indígenas y afromexicanos”, dijo Calixto Jiménez.
El 30 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que mandató a los congresos de los estados realizar la armonización a sus respectivas constituciones.

Para dicha armonización, el Congreso inició una mesa de diálogo con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), para escuchar sus comentarios y propuestas, la cual durante los trabajos se rompió porque consideraron que no los tomaron en cuenta.
El martes de la semana pasada, representantes de las cinco casas de justicia de la CRAC rompieron el diálogo que mantenían con los diputados para armonizar la reforma indígena federal. Los representantes de la organización comunitaria denunciaron que sus propuestas de reconocer el sistema de justicia y jurisdicción indígena, tenencia y defensa del territorio y representación política, no fueron tomadas en cuenta para las adecuaciones constitucionales.
Ya en la votación, de 41 diputados presentes en la sesión 40 votaron a favor, y uno fue en contra, por parte del morenista Tito Arroyo, quien dijo en la votación que fue “por la falta de consulta a los pueblo originarios y afromexicanos”.
De acuerdo con el proceso legislativo, la reforma aprobada se turnará a los Ayuntamientos para que los cabildos otorguen su aval. Al lograr la mitad más uno de los municipios será promulgada por la Gobernadora y publicada en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor.

Presentan iniciativa para armonizar reforma de simplificación orgánica

El diputado Eduardo Bello Solano, de Morena, presentó la iniciativa de armonización de la reforma federal en materia de simplificación orgánica, que plantea la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro) y que sus funciones las absorban los Órganos Internos de Control de cada dependencia.
Dicha reforma propone la modificación de 15 artículos de la Constitución Política local, con la que se dota atribuciones a las Contralorías del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos y autoridades municipales en la entidad, para garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, así como optimizar los recursos destinados a la transparencia y protección de datos personales.
“La reforma busca simplificar la administración pública, no podemos seguir consintiendo que el estado esté lleno de organismos que dupliquen funciones y que no son totalmente transparentes, y que al final terminan siendo un obstáculo para el funcionamiento del estado”, justificó Bello Solano. La reforma se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis.
En otros puntos abordados en la sesión, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, de Morena, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 85 municipios a que sus instalaciones eliminen “las barreras arquitectónicas y cuenten con elementos de accesibilidad universal para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la movilidad”.
Fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Atención a las Personas con Discapacidad.
El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, del PVEM, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, a que se instale una Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco) en el municipio de Chilpancingo, para atender a las y los ciudadanos de la región Centro y sean respetados sus derechos como consumidores. Fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.