El presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del estado de Guerrero (Coliposdeg), Hugo Hernández Martínez, consideró que las policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se han extralimitado de la Ley 701.
En declaraciones vía telefónica, manifestó que la permisividad del gobierno podría interpretarse como que es un grupo político promovido por el gobierno del estado, porque hay una omisión del gobierno para dejarlos crecer y no poder controlarlos.
Recordó que en 1995, cuando nacieron las policías comunitarias, éstas iniciaron por la inseguridad en las zonas donde vivían, como una autodefensa. A 22 años de eso, afirmó que la UPOEG ha desvirtuado a la Ley 701, “porque te marca claramente que van a ser las comunidades indígenas las policías comunitarias”.
El especialista consideró que podría repetirse el escenario de Michoacán, donde los grupos de autodefensa fueron infiltrados por la delincuencia organizada.
Indicó que la seguridad pública debe ser garantizada por el Estado, sea estatal o municipal, “son los principales obligados a brindarla, si ellos brindaran la seguridad correspondiente en sus territorios no habría motivo para crear policías comunitarias”.
Criticó que el gobierno estatal es permisivo con la UPOEG, para que siga extendiéndose, justificando con la seguridad de los pueblos “en algunos casos extralimitados, como lo marca la ley 701”.
Ante las declaraciones del gobernador, de estar a favor del desarme a la UPOEG después del multihomicidio en San Pedro Cacahuatepec, criticó que en contraste, el presidente del PRI estatal llamó organizar a las policías ciudadanas de la UPOEG y capacitarlas, donde exhibe que no hay control del gobierno del estado para garantizar la seguridad, “no puedes ver esos dos discursos totalmente contradictorios”.
Planteó que el desarme se debe atender desde varios ángulos, porque las comunidades donde hay inseguridad volverían a estar a merced de la delincuencia, “en este momento el desarme ayudaría a liberar el clamor de la sociedad, pero en las comunidades donde están establecidas sería entregarlos al crimen organizado”.
Afirmó que por el crecimiento de la UPOEG de zonas indígenas a franjas suburbanas, como Acapulco, se puede interpretar que “es un grupo a servicio del gobierno para calmar o medio controlar el asunto”.
Reiteró que es el Estado el que debe garantizar la seguridad, de lo contrario sería terreno fértil para las autodefensas y llegar a niveles como en Michoacán.
Llamó también al Congreso a legislar porque hay corresponsabilidad también en el Poder Legislativo.