Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández lamentó la postura de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien el miércoles aseveró en Acapulco que ahora hay desapariciones pero no desapariciones forzadas a cargo del Estado.
“Su postura es de una vocera del gobierno, no es en favor de las víctimas”, declaró Barrera Hernández por teléfono, y opinó que ahora el problema de las desapariciones se ha complicado porque “el crimen organizado está haciendo el trabajo sucio de las autoridades”.
El miércoles la presidenta de la CNDH, Piedra Ibarra declaró que en México hay desapariciones, pero no desapariciones forzadas y que en el caso Ayotzinapa no hay impunidad porque hay militares encarcelados.
Barrera Hernández atajó que quienes tienen mayor claridad en el caso son los colectivos de madres que buscan a sus familiares.
“Ellas han ido descubriendo las redes delincuenciales, que a diferencia de la década de los setentas hoy hay un entramado de actores estatales y no estatales vinculados con las desapariciones”, explicó.
Eso, de acuerdo con el director de Tlachinollan, ha complicado más el problema, debido a que “el crimen organizado está haciendo el trabajo sucio de las autoridades”.
Dijo que precisamente el ejemplo paradigmático es el caso Ayotzinapa, en el que hubo colusión de grupos del crimen organizado, autoridades municipales, estatales, federales y del Ejército.
“Hay un contexto de macrocri-minalidad que ha permeado a las instituciones del Estado, porque hay actores tanto de corporaciones policiacas como elementos del Ejército y la Marina que han sido cómplices u omisos”, mencionó.
Insistió en que ahora es más grave la situación porque el crimen ha infiltrado a las instituciones del Estado en sus tres niveles.
El activista mencionó como ejemplo de las desapariciones en el contexto de macrocriminalidad la del activista Arnulfo Cerón Soriano.
“Ahora sabemos que no solamente se le agredió y desapareció porque bloqueada carreteras y generaba molestias a la población, sino porque estaba trastocando a grupos económicos y políticos, ¿qué quiere decir?, que el grupo de la delincuencia que persiste en Tlapa y que lo desapareció defendía intereses de grupos políticos, por eso hubo actores intelectuales”.
Indicó que ahora las madres buscadoras han descubierto que existe este patrón de complicidades en las desapariciones, “porque existen intereses económicos e intereses de grupos políticos”.

“Las víctimas están más allá de una disputa política”

Para Barrera Hernández querer tapar con un manto de impunidad a las autoridades actuales no ayuda, “al contrario, abona para que los grupos de la delincuencia se sientan intocables”.
Añadió que por ello el patrón de violencia se multiplica, los grupos del crimen se expanden cada día más en las diferentes regiones, “y hay presencia de grupos del crimen organizado al interior de las instituciones del Estado”.
“Es decir, no se puede encubrir una realidad. No se puede soslayar un problema mayúsculo y grave como son las desapariciones forzadas”.
Recordó que no es gratuito que la ONU haya venido documentando no de ahora, sino de antaño, pues ya tiene cuatro informes en los que ha emitido reportes de que la práctica de las desapariciones forzadas no se ha revertido.
Indicó que tampoco se han atendido sus recomendaciones en las que ha planteado cómo se puede ir revirtiendo, junto con las víctimas, el flagelo de las desapariciones, “pero han hecho caso omiso”.
“Por eso el problema se ha agravado, y decir que es un asunto político o de golpeteo, yo creo que no, las víctimas están más allá de una disputa política, las personas desaparecidas son personas con derechos que obligan al Estado a investigar”.
El defensor de los derechos humanos consideró que “no pode-mos tomar juicios de valor, eso no es el papel de un ombudsperson que debe estar del lado de las víctimas, y estar del lado de las víctimas es asumir su causa, es comprender su lucha, su dolor, abanderar su pers-pectiva, en el sentido de investigar y se castigue a quienes están involucrados en las desapariciones incluidas las autoridades”.
Criticó que la peor señal, el peor indicador, es que hay más violencia, “hay más desapariciones y esto es responsabilidad del Estado, no de la sociedad, y decir que es por culpa del crimen organizado, sí, hay crimen organizado, pero porque se ha tolerado, se ha encubierto y no hay castigo”.
El director de Tlachinollan opinó que por esa impunidad ahora es muy común que cualquier persona, sobre todo si es del crimen organizado, desaparezca o prive de la vida a cualquier ciudadano, porque saben que no se investiga, “eso quiere decir que hay omisión, complicidad, hay intereses que se encubren y, por lo tanto, no podemos decir que no hay responsabilidad de las autoridades”.
Insistió en que por eso es importante que se atiendan las recomendaciones de la ONU, “pero qué lamentable la posición de la presidenta de la CNDH, sobre todo al fijar una postura política”.
Dijo: “su postura no es del pueblo, sino de vocera de un gobierno que, al final de cuentas, tiene que investigar y buscar a los desaparecidos; hay más de 125 mil desaparecidos en el país y decir que ninguno es desaparición de Estado, es como si ya se hubiera enjuiciado y se estuviera dando un veredicto en favor de quienes cometen estas atrocidades”.
Barrera Hernández declaró que no se puede estar del lado de quienes deben de ser investigados por estos crímenes, “y mucho menos se puede asumir una postura de jueces y decir: las autoridades no desaparecen a personas, son otros actores, pues entonces que den resultados, que digan quiénes son los perpetradores, dónde están los desaparecidos, qué castigos hay, qué investigaciones realizaron para demostrar ese juicio de que la autoridad no tiene que ver”.
Abel Barrera reiteró que a priori no se puede deslindar al Estado y decir que no tiene nada que ver en las desapariciones, puesto que sí tiene responsabilidad por omisión o por comisión.
Criticó que esto se ha perdido en la perspectiva política de algunos actores de la 4T, al salir en defensa a ultranza sin ver el contexto de las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido y no se ha revertido este patrón de impunidad, por el contrario, se ha profundizado porque ahora hay una captura del Estado por el crimen organizado en muchas regiones de Guerrero y del país”.