Ramón Gracida Gómez

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que se deben investigar las amenazas anteriores al atentado que llevó a la muerte al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En declaraciones después del entierro de ayer en la mañana en Cacahuatepec respecto a las medidas cautelares que tenía Suástegui Muñoz, Barrera explicó que estas medidas fueron dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), están centradas en la búsqueda de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
Para profundizar sobre el señalamiento que hizo la organización junto con otras casi 100 en un comunicado emitido un día después del atentado el 18 de abril, en el que señalan que las autoridades fueron omisas para implementar medidas de protección, Barrera puntualizó este domingo que las medidas dictan al Estado mexicano buscar a Vicente Suástegui e investigar su desaparición.
“Dentro de todo eso se ha dicho que esta búsqueda, esta investigación ha creado problemas de inseguridad a las familias, tanto a su esposa (Samantha Valeria Colón Morales) como a Marco Antonio por ser su hermano”.
Parte de las medidas para Marco Antonio Suástegui Muñoz incluía monitorear los riesgos a través de teléfonos celulares y tener un botón de emergencia; de las medidas para Samantha Colón están el acompañamiento policiaco, “pero no ha sido cumplido”, y que se siga buscando a Vicente Suástegui.
El problema es “que no hay avances, y sobre todo el hecho de que no se detenga a todos los que están señalados en la investigación, como el caso de El Pino (Pedro Santos Cruz, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero –UPOEG–), entonces eso incrementa los riesgos a las familias de que haya impunidad, de que no se dé con el paradero de Vicente y de que las investigaciones no lleguen a fondo”.
El director de Tlachinollan expuso que el gobierno podría argumentar que hay tres personas sentenciadas y un cuarto está en proceso por la desaparición de Vicente Suástegui, sin embargo, “aún como pasa con los 43 (estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos), se han hecho múltiples investigaciones, se han hecho múltiples búsquedas, pero como dicen los papás: ¿cuál es el paradero de nuestros hijos?”.
En el caso de Vicente Suástegui, dijo que “los riesgos seguirán porque no se está garantizando justicia porque hay personas acusadas en la desaparición que están libres y que son los que pueden atentar contra las familias, y aparte, hay un contexto de inseguridad, Acapulco está viviendo una crisis muy grande en cuanto a inseguridad”.
Reveló que en febrero pasado hubo una reunión para la evaluación de las medidas, donde Suástegui Muñoz reiteró su solicitud de un acompañamiento policial que le brindara seguridad en su trabajo en Acapulco y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
De esta solicitud apenas se haría una valoración y el vocero del Cecop tenía que expresar con varios días de antelación el momento en que fuera acompañado, “por eso es que decimos que no valoraron la inminencia de estos riesgos, entonces ahí están las consecuencias, o sea, no creyeron su denuncia, sus solicitudes”.
“Como que trivializaron, dijeron como que está exagerando, o sea, todavía llegaron a entender que Marco quería como ciertos privilegios en términos del acompañamiento policial, como que se quiere sentir funcionario público”.
No obstante, reiteró que las autoridades no tomaron en cuenta “el contexto, y nosotros decíamos que el contexto estaba ya muy difícil en términos de la seguridad, y Marco les dijo los incidentes que había padecido”.
Las autoridades argumentaban que no había denuncias “y para el gobierno, que no haya denuncias es como si no existiera el hecho, como decir: es que tiene que haber una denuncia para que nosotros procedamos”.
Por su parte, Suástegui Muñoz contrargumentaba señalando que no había “garantías” para poner la denuncia, y tampoco le brindaron para que presentara la denuncia en otros lugares.
Pese a la falta de denuncias penales, agregó Barrera, sí se presentaron denuncias ante la CIDH y se hicieron reportes ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El vocero del Cecop falleció el viernes pasado, pero las autoridades deben investigar “lo que ya decía Marco, que lo estaban siguiendo, de que tenía amenazas, de que había incidentes, o sea, todo lo que él dio como contexto y como incidentes no se tomaron como muy en serio”.
El director de Tlachinollan dijo que el Ministerio Público debe abrir la carpeta con varias líneas de investigación, “nosotros hemos insistido en que la investigación tiene que estar centrada en el trabajo de defensor de Marco Antonio porque el problema es eso, que luego se desvirtúa su trabajo”.
“Se va por otras vías, que líneas pasionales, líneas de rivalidades con personas; no, aquí Marco, toda su actividad tanto en su trabajo en playa Icacos como acá, fue como un defensor, y para nosotros esa línea no puede soslayarse”.
Informó que Suástegui Muñoz hizo “varias denuncias penales que no prosperaron y que además se demostró su inocencia”.
Indicó que se debe identificar a los responsables del asesinato y su modus operandi, además de conocer las grabaciones de las cámaras y los testimonios porque el crimen fue perpetrado a las 7:24 de la noche, “era una hora pico de turistas, era un día de mucha efervescencia de estar en las playas”.
Asimismo, insistió el defensor de derechos humanos, las autoridades deben buscar a Vicente Suástegui, cuya desaparición es el origen de las medidas cautelares, detener a los señalados, y proteger a las familias del asesinado vocero del Cecop y de su hermano “porque están vulnerables, puede haber una lección letal contra ellos”.